El concejal socialista Horacio Royo ha denunciado que el Ayuntamiento de Zaragoza, bajo la dirección de Natalia Chueca, actúa “como si fuese un cortijo particular” tras la reciente designación de Pablo Millán como director de Programas, Eventos y Proyectos Deportivos de Zaragoza Deporte. Esta decisión ha generado preocupación entre los ciudadanos sobre la transparencia en los procesos de selección de personal.
Qué se ha anunciado
La resolución, que fue aprobada el pasado viernes en el Consejo de Administración de Zaragoza Deporte, contó únicamente con los votos de los consejeros del Partido Popular y Vox. Royo ha subrayado que Millán, quien fue asesor del Gobierno del PP y elaboró un informe económico-financiero para justificar la inversión en el nuevo estadio de La Romareda, no debería haber sido elegido para este cargo, ya que su nombramiento genera dudas sobre la limpieza del proceso.
El concejal ha recordado que el puesto de director fue modificado por el Gobierno de Chueca, pasando de un enfoque en la promoción de la actividad física a la organización de eventos, lo que, según Royo, refleja una “desorientación” en la política deportiva del consistorio.
Impacto en la confianza ciudadana
Royo ha enfatizado que la elección de Millán puede afectar la confianza de los zaragozanos en la administración pública. “Cada año, miles de zaragozanos se dejan la vida estudiando oposiciones, y lo último que se debe transmitir es la sensación de que si uno es amigo de alguien, tiene más facilidades”, ha afirmado. Aunque el PSOE no ha afirmado que el proceso haya sido ilegal, ha advertido que, si encuentran indicios de irregularidades, actuarán en consecuencia.
Además, el concejal ha anunciado que en la próxima Comisión de Presidencia plantearán iniciativas para investigar cómo se llevó a cabo el proceso de selección y asegurar que la ciudadanía tenga acceso a esta información. La controversia también ha suscitado críticas sobre la falta de atención a las infraestructuras deportivas, que, según Royo, están deterioradas mientras el Gobierno se enfoca en eventos de dudosa rentabilidad.
La situación pone de relieve la creciente preocupación en Zaragoza sobre la gestión de los recursos públicos y la necesidad de garantizar la transparencia en las decisiones administrativas.