Aragón participará en este proceso que generará oportunidades empresariales y sociales en las zonas afectadas por el cierre de la térmica y de las minas. Además, en esta medida se han tenido en cuenta las consideraciones que reclamaba Aragón al incluir los 34 municipios para que los proyectos medioambientales, sociales y empresariales se extiendan por el territorio, a lo que se añade que se reservan 100 megavatios para pequeños proyectos y los 1200 restantes para que puedan optar grandes iniciativas empresariales.
Tal y como recoge hoy el Boletín Oficial del Estado, el objetivo de los concursos de accesos es conseguir los mayores beneficios para las zonas de transición justa directamente afectadas por el cierre de las centrales térmicas, los trabajadores, los municipios y la población en general.
El vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, se ha mostrado satisfecho con la publicación de este concurso porque supone que el Gobierno de España mantiene su compromiso con la zona afectada por el cierre de la minería en Aragón, siendo este el primer proyecto que se desarrolla, y porque demuestra que “la descarbonización genera nuevas oportunidades de desarrollo económico, social e industrial que revitalizará la economía. Hay que tener en cuenta que este proyecto priorizará la creación de empleo, el desarrollo empresarial y la lucha contra la despoblación”. En definitiva, subraya Aliaga, “esta medida viene acompañada por el mantenimiento del empleo y la creación de actividad en el territorio y cumple a la vez con los objetivos de generar energía renovable y reducir emisiones”.
El Gobierno central ha sacado a concurso la capacidad de acceso a los 1,3 MW del Nudo de Andorra y cumple así su compromiso de que el Convenio de Transición Justa con la comarca turolense de Andorra-Comarcas Mineras sea el primero en contar con este instrumento legal que permitirá la concesión de una capacidad de acceso a la red eléctrica otorgable de hasta 1.300 megavatios, una cifra superior a la potencia instalada que tenía la central de esta localidad turolense, que eran 1.050. Aragón participa en el proceso de evaluación de los proyectos que se presenten en los 34 municipios incluidos para los que ahora se abre el periodo de presentación de los proyectos.
Los criterios de adjudicación buscan optimizar las inversiones en generación renovable en el territorio del Convenio, focalizándolos en el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia de Transición Justa y los objetivos de Reto Demográfico para que puedan ser valorados de forma objetiva y transparente.
El objetivo del otorgamiento de la capacidad de acceso; es decir, de evacuación a la red, es facilitar y fomentar la instalación de nueva generación de energía eléctrica renovable que impulse la recuperación económica y social de las zonas de transición justa afectadas por los cierres de centrales. En el proceso de selección, se tendrá en cuenta especialmente la creación de empleo, el desarrollo empresarial y la lucha contra la despoblación.
La Orden está incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del apartado “Transición energética justa e inclusiva”. La capacidad de la zona Andorra-Comarcas Mineras, de hasta 1,3GW, ejercerá un efecto tractor sobre otras iniciativas propuestas por los agentes económicos y sociales de la zona y que han sido canalizadas a través del proceso de participación pública realizado en junio del pasado año.
La Estrategia de Transición Justa tiene el objetivo de potenciar los impactos positivos de la transición ecológica en la actividad y el empleo, así como minimizar sus impactos negativos, sobre todo en los municipios, como es el caso de las zonas mineras de Aragón, en los que se concentran a corto plazo. El Plan de Acción Urgente está pensado para comarcas de carbón y busca dar respuesta al cierre de explotaciones mineras, así como de centrales térmicas de carbón y centrales nucleares para el mantenimiento del empleo y la creación de actividad en esos territorios a través del acompañamiento a sectores y colectivos en riesgo, la fijación de la población al territorio y la promoción de una diversificación y especialización coherente con el contexto socioeconómico.
El objetivo es aflorar nueva potencia renovable y optimizar su potencial con la generación de beneficios socioeconómicos para las zonas afectadas por los cierres mediante concurso para su concesión. Se trata de un marco de concurrencia competitiva, que no tendría impacto presupuestario o en factura eléctrica.
Se tendrán en cuenta los objetivos del proyecto y su contribución a la Estrategia de Transición Justa, analizando aspectos como la generación de empleo para trabajadores excedentes, mujeres y jóvenes, o la puesta en marcha de planes de formación profesional para que la población local pueda participar.
También se analizará el efecto indirecto en proyectos empresariales o industriales locales y se valorará la existencia de planes socioeconómicos asociados, acuerdos con otros productores o asociaciones locales, de promoción del autoconsumo energético para ciudadanos y empresas de la zona o la promoción de comunidades energéticas. Se tendrán en cuenta los ingresos que se generarán tanto en el municipio afectado por el cierre como en los municipios de su zona de influencia. El proyecto deberá minimizar su impacto medioambiental bajo el principio de «no causar un perjuicio significativo», recogido en el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Se comprobará su madurez y, de forma específica, las inversiones previstas y su planificación, viabilidad técnica, económica y jurídica, así como su innovación.
