En diciembre, los precios experimentaron una ligera disminución en comparación con noviembre en varios grupos, incluyendo alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,5%), bebidas alcohólicas y tabaco (-0,4%), vestido y calzado (-1,7%), medicina (-0,2%), transporte (-1,2%) y comunicaciones (-0,1%). A pesar de esta caída mensual, los precios continúan siendo más altos que en diciembre del año anterior, con la vivienda como la única categoría con una variación negativa del -6,1%.
Los alimentos de primera necesidad mantienen el valor más elevado con un aumento del 6,1% en comparación con diciembre del año pasado. Le siguen en inflación los hoteles, cafés y restaurantes con una tasa de variación interanual del 4,8%, transporte con un 3,5%, bebidas no alcohólicas con un 3,3% y comunicaciones con un 3,2%.
Ante estos datos, el sindicato CCOO enfatiza que los trabajadores no pueden perder poder adquisitivo frente a precios aún elevados. Abogan por un control de precios y mejoras salariales a través de la negociación colectiva, destacando el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) como hoja de ruta. CCOO valora positivamente el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta el 5%, alcanzando una cuantía mensual de 1.134 euros con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024. Esta medida busca ayudar a las categorías profesionales con salarios más bajos a hacer frente a la inflación.
El quinto AENC establece una subida general mínima del 10,33% (acumulativo en tres años) que podría llegar hasta el 13,57%. La firma de este acuerdo como base para la negociación colectiva ha permitido a muchos convenios firmados en 2023 hacer frente a las presiones inflacionistas.
En cuanto a la situación hipotecaria, el Euribor se sitúa en el 3,6% el 12 de enero, lo que encarece notablemente las hipotecas de los ciudadanos en Aragón. CCOO insta a la implementación de medidas que ayuden a la población a hacer frente a las subidas de tipos de interés y que faciliten el acceso a la vivienda. La preocupación sindical se centra en garantizar que las alzas de precios no afecten negativamente a la calidad de vida de los trabajadores y abogan por soluciones que mitiguen los efectos adversos en el ámbito económico y social.
