La Consejería de Bienestar Social y Familia ha solicitado en el Consejo de Gobierno la declaración administrativa de emergencia para poder atender con mayores recursos a las decenas de migrantes trasladados desde Canarias a la Comunidad, que se encuentran en una grave situación de vulnerabilidad, especialmente en el caso de los menores no acompañados.
Así lo ha anunciado este miércoles la vicepresidenta segunda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, que ha justificado esa decisión para poder dar cobertura inmediata a esta situación excepcional a través de mecanismos de contratación de emergencia. En total, desde el 7 de noviembre y hasta la fecha actual, 72 migrantes se han declarado menores no acompañados, lo que supone un coste total de 490.680 euros, de acuerdo con el precio por plaza y día acordado por las comunidades autónomas.
Con esa decisión permitirá reforzar la atención de estos migrantes porque esta realidad implica un “tratamiento diferente” al de los menores en situación de desprotección que ya estaban siendo atendidos por los servicios sociales aragoneses. En concreto, el servicio de Infancia y Adolescencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales ha tenido que acometer de forma urgente una reestructuración de los recursos y equipos que operan dentro del sistema de protección a los menores para atender de manera integral a estos recién llegados.
