El Gobierno de Aragón quiere acabar este año con las demandas de cláusulas suelo pendientes de resolver

A 13.106 asciende el número de las demandas presentadas sobre cláusulas suelo en la Comunidad Autónoma de Aragón desde mediados de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019, según los datos que maneja la Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón. De este volumen, 11.269 fueron presentadas en Zaragoza.
En este periodo de tiempo, se presentaron 5.050 demandas en 2017, sobre las cuales se produjeron 526 resoluciones. De esta forma, quedaron pendientes 4.524 causas.
El incremento de la presentación de este tipo de demandas fue notable a lo largo del año 2018, ya que en todos los trimestres se superaron de largo las 1.000 demandas. En el conjunto de la Comunidad Autónoma de Aragón se presentaron  5.905 demandas en este ejercicio. Sobre este volumen, además de las pendientes de 2017, se produjeron 3.236 resoluciones. De esta forma, a 31 de diciembre de 2018, quedaban pendientes de solución jurídica 7.193 demandas, de las cuales 6.708 correspondían a Zaragoza.
El último ejercicio completo, el de 2019, culminó con la presentación de 2.151 demandas, con un volumen decreciente según avanzaba el ejercicio. A 1 de Enero de 2020 quedan por resolver 4.641 asuntos, de los que 4.300 corresponden a Zaragoza y se habían dictado por los jueces competentes un total de 6.769 sentencias, en el conjunto de la Comunidad Autónoma.
En el mes de Enero de 2020 continúa la bajada en la entrada de procedimientos, iniciada en el segundo trimestre del 2019.  En esta línea de disminución se presentaron 71 demandas en Zaragoza, 16 en Huesca y 7 en Teruel, una notable diferencia con respecto al mismo mes del año 2019 que entraron 270 en Zaragoza, 46 en Huesca y 26 en Teruel.
La directora general de Justicia, Mª Angeles Júlvez, indicó que “a lo largo de  2019, con la actual dotación de cuatro magistrados en Zaragoza, se ha alcanzado un importante nivel resolutivo con un número de asuntos finalizados, que ha superado el doble al número de nuevas demandas que, en 2019, ascendió a 2.151. Vamos por tanto por el buen camino con la idea de poder terminar a la mayor brevedad con la bolsa de asuntos pendientes derivados de  hipotecas firmadas por miles de aragoneses”.
El plan de especialización de Juzgados en acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (cláusulas suelo) se puso en marcha el 1 de junio de 2017.
“El apoyo expreso a la continuación del plan durante este año, el mantenimiento del número de jueces dedicados a estos procedimientos y del personal administrativo tuvo como objetivo la finalización de todos los presentados, nacidos por esta causa, en un tiempo razonable. Por tanto hay que valorar positivamente la adopción de esta medida extraordinaria que ha conseguido unificar criterios y dar seguridad jurídica a los ciudadanos aragoneses”, añadió Mª Angeles Júlvez.
En el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón, en Zaragoza,  se creó un juzgado de refuerzo, el 12 bis, y posteriormente se procedió a la especialización de uno de Primera Instancia, el Número 12 de Zaragoza, que conoce desde primeros de 2018 y de manera exclusiva, de los litigios relacionados con las cláusulas suelo y las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, además de otros relacionados con vencimientos anticipados, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa que se registren en la provincia de Zaragoza.
En Huesca ha sido el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº. 5 quien ha soportado de forma exclusiva este tipo de demandas y en Teruel el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3.
El Gobierno de Aragón se hizo cargo de los gastos que supuso la habilitación del Juzgado, con su equipamiento informático, ubicado en la Ciudad de la Justicia, y del abono de las nóminas de los gestores, tramitadores y auxilios judiciales, mientras que el Ministerio de Justicia ha hecho frente en este periodo a los nombramientos de los jueces y letrados de la Administración de Justicia y al abono de sus salarios.
El coste aproximado, atendido por el Gobierno de Aragón, viene a ser de unos 550.000 euros por anualidad.
La Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón continuará financiando este plan de actuación durante el año 2020, a fin de terminar con la pendencia de estos procedimientos y que los ciudadanos afectados consigan su resolución.