El Consejo de Gobierno de Aragón ha decidido no tramitar la declaración de Zonas de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT) en la comunidad, según anunció el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, en una rueda de prensa. Esta decisión se basa en el ejercicio de competencias exclusivas de la comunidad, avaladas por el Tribunal Constitucional, y en informes que subrayan los efectos negativos que ha tenido esta medida en otras comunidades, como Cataluña.
Razones del rechazo
López explicó que el Gobierno de Aragón considera que la limitación de precios en el alquiler privado podría ser un sistema expropiatorio parcial que traslada una carga a los propietarios, una responsabilidad que debería corresponder a las administraciones públicas. La decisión se fundamenta en la Sentencia 79/2024 del Tribunal Constitucional, que establece que las comunidades autónomas tienen la potestad de decidir sobre la aplicación de las ZMRT, y aquellas que opten por no implementarlas no estarían incumpliendo la ley.
El consejero también mencionó que el Gobierno se ha basado en un informe elaborado por expertos que detalla los efectos adversos del control de rentas en Cataluña, donde se ha observado una reducción en la oferta de alquileres, un aumento en los precios y una fuga de la oferta hacia modalidades no reguladas, como el alquiler turístico.
Alternativas propuestas por el Gobierno
El Ejecutivo autonómico ha reafirmado su compromiso con el aumento de la oferta de vivienda pública como la solución más efectiva al problema habitacional. López destacó el Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030, que incluye programas específicos para abordar la diversidad territorial de la comunidad. Entre las iniciativas se encuentra el programa ‘Más Vivienda, Mejor Turismo’, que destina casi 500 viviendas a trabajadores en municipios con alta actividad turística, con una inversión que supera los 80 millones de euros.
Además, la Directriz Especial de Viviendas Dotacionales Públicas ha permitido la construcción de cerca de 3.000 viviendas públicas en dos años, mediante colaboraciones público-privadas. López concluyó que hasta que no se disponga de información que contradiga los efectos negativos de las ZMRT, el Gobierno de Aragón no tramitará su declaración, apostando en cambio por el incremento de la oferta de vivienda pública para moderar los precios y garantizar el derecho a una vivienda digna.
Esta decisión del Gobierno de Aragón es relevante para los ciudadanos, ya que refleja un enfoque diferente al de otras comunidades y plantea un modelo de vivienda que busca evitar las distorsiones en el mercado, priorizando la creación de nuevas viviendas sobre la regulación de precios.
Esta información se ha elaborado a partir de una comunicación remitida a Diario Aragonés y ha sido editada y revisada por la redacción. Fuente: Gobierno de Aragón.
