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El PP denuncia que más de 10.400 aragoneses están en lista de espera para valorar su discapacidad

“El Gobierno de Aragón tiene a más de 10.400 personas en listas de espera para poder ser valorado su grado de discapacidad. Estamos hablando de 10.400 familias que esperan más de 9 meses en el caso de Zaragoza, y les estoy hablando de la media, que el Gobierno de Aragón valore el grado de discapacidad”. La frase, expresada esta mañana en rueda de prensa por Marian Orós, portavoz de Ciudadanía del Partido Popular en las Cortes de Aragón no es una valoración sino un hecho del que dio constancia el gobierno que preside Javier Lambán en una respuesta escrita de finales de 2019 a una pregunta parlamentaria formulada por la diputada popular.

El dato aislado es abultado en exceso, tal y como afirmó, pero resulta mucho más contundente al situarlo en el contexto de los 110.000 aragoneses con algún tipo de discapacidad según datos de 2018, lo que significa que la población en lista de espera es de un diez por ciento con respecto al conjunto de personas con capacidades diferentes. Las consecuencias negativas de estas demoras las explicó Orós cuando señaló que “sin ese certificado del grado de discapacidad no pueden acceder a ningún servicio ni social, ni laboral, ni fiscal”, y describió como consecuencia directas del retraso en las valoraciones la imposibilidad de beneficiarse de las ayudas institucionales a la educación, transporte, vivienda o empleo como limitaciones de mayor impacto.

Unas cifras ante las que deberá explicarse en las Cortes de Aragón la consejera del Departamento de Ciudadanía, a petición del Partido Popular, y no sólo para informar de cómo se ha llegado a esos números sino para anunciar qué hará para reducirlos drásticamente, y señaló que también presentará una propuesta legislativa para impulsar la acción social del Gobierno.

Tras exponer los hechos la portavoz popular sí formuló su valoración política que inició afirmando que “ser social y ser progresista no se basa en decir todos los días que uno es social y que uno es progresista, y que al final de la legislatura pasada se apruebe una ley de los derechos y garantías de las personas con discapacidad que, aparte de lo habitual, no se ha impulsado en absoluto. Ser social y progresista significa tomar medidas concretas, con presupuesto, que mejoren la calidad de vida de esas personas y que les de igualdad de oportunidades”, y por ello insistió al Ejecutivo autonómico en la puesta en marcha urgente de un procedimiento que permita agilizar los numerosos procesos de valoración pendientes.

Hay otro hecho que cuestiona ese aspecto social y progresista del que se jacta el Gobierno de Aragón y que recordó Marian Orós, cuando recientemente en el Parlamento autonómico los partidos que integran el Ejecutivo regional, PSOE, Podemos, CHA y el PAR se negaron a apoyar una propuesta del Partido Popular que reclamaba desarrollar la ley autonómica de 2018 sobre la discapacidad para garantizar el pago de las ortoprótesis, la ampliación de la gratuidad de la atención bucodental a las personas discapacitadas mayores de 18 años, la incorporación de la figura del ‘profesional único de referencia’ en el sistema sanitario aragonés, iniciar el desarrollo de la prestación del Asistente personal o crear la Junta Arbitral de igualdad de oportunidades.  

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