El concejal del PSOE, Guillermo Ortiz, ha expresado su preocupación por la gestión del proyecto de las piscinas de La Almozara, denunciando errores en la tramitación que evidencian una falta de planificación adecuada por parte del Gobierno de Natalia Chueca. Según Ortiz, el Área de Urbanismo tuvo que corregir, el 27 de mayo, fallos en la licitación que comprometen la posibilidad de mantener control público sobre las instalaciones.
**Críticas a la eliminación de la reversión de la privatización**
El concejal ha señalado que la privatización de las piscinas representa una limitación al control público y prioriza los intereses de empresas privadas por encima de las necesidades de los vecinos. El modelo propuesto implica la cesión temporal del suelo a una compañía a cambio de una compensación económica, lo que, según Ortiz, deja al Ayuntamiento y a los ciudadanos en una posición vulnerable frente a la empresa concesionaria.
El Registro de la Propiedad número 11 advirtió que la posibilidad de resolver el derecho de superficie por razones de interés general no podía inscribirse como se había planteado, ya que el término «interés general» era considerado indeterminado. En lugar de corregir esto, el Gobierno del PP ha optado por eliminar la opción de revertir la privatización, lo que, según Ortiz, representa una renuncia a proteger el interés público ante futuros cambios que pudieran afectar a la comunidad.
**Movilización vecinal y demandas ignoradas**
El concejal socialista también recordó la movilización vecinal del 22 de marzo, donde más de 2.000 residentes de La Almozara exigieron mejoras en el barrio, incluyendo la construcción de piscinas públicas. Ortiz ha criticado a la alcaldesa por no atender estas demandas y por seguir adelante con un proyecto que favorece intereses privados en lugar de las necesidades colectivas.
El Grupo Municipal Socialista ha expresado su rechazo a la privatización de las piscinas y ha instado al Ayuntamiento a garantizar mecanismos que aseguren el control público del equipamiento en caso de que surjan razones de interés general que lo justifiquen.
