La tertulia política, emitida en Antena Aragón y Ebro FM, centró su debate en el solar de Alumalsa en San José, con posiciones enfrentadas sobre el destino de los terrenos, la vivienda pública, el aparcamiento y la zona verde prevista en el entorno.
El solar de Alumalsa en San José, en el centro del debate
Ross Ciubelo, identificado en el espacio como representante del PSOE, sostuvo que un acuerdo entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza reservaba las parcelas para vivienda pública asequible, pero afirmó que posteriormente se optó por venderlas para vivienda libre. También señaló que los vecinos reclaman aparcamiento y una zona verde conectada con los jardines del Canal Imperial y el Centro Deportivo Pepe Garcés.
Según expuso Ciubelo, la promotora habría planteado dificultades para dotar de plazas de aparcamiento a las futuras viviendas. El interviniente atribuyó al Ayuntamiento una modificación del planeamiento para permitir estacionamientos y trasteros bajo la zona verde. A su juicio, esa solución reduciría la profundidad de tierra prevista y daría lugar a una plaza dura, con jardineras, en lugar de un parque con árboles de raíces profundas.
El PP defiende que el suelo ya era residencial
Félix Brocate, identificado en el debate como representante del PP, respondió que los terrenos ya estaban calificados como suelo residencial cuando su formación llegó al Gobierno municipal en 2019 y que esa calificación no se había cambiado. Su argumento fue que la venta permitiría obtener patrimonio para promover vivienda pública en otros espacios.
Durante el intercambio de La tertulia política de Antena Aragón y Ebro FM, Brocate sostuvo que en el solar habrá zona verde y aparcamiento. Ciubelo cuestionó, en cambio, que las jardineras puedan equivaler al parque inicialmente previsto. El programa no aportó una verificación externa de las cifras ni de las condiciones finales del proyecto.
Vivienda pública y protegida, otro frente
La discusión se extendió al volumen de vivienda pública y protegida. Brocate preguntó por la vivienda pública promovida durante los gobiernos anteriores, mientras que Ciubelo distinguió entre vivienda protegida privada y vivienda pública y atribuyó al Ayuntamiento una cifra de 136 viviendas públicas en siete años.
Ciubelo sostuvo también que una vivienda protegida puede superar los 250.000 euros al sumar garaje, trastero, impuestos y otros gastos, y consideró insuficiente presentar ambas categorías conjuntamente. Brocate replicó con referencias a la política estatal de vivienda y al legado de anteriores gobiernos, sin cerrar el desacuerdo sobre Alumalsa.