El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy una Orden del Ministerio de Hacienda que permite que los contribuyentes afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) puedan fraccionar el pago de la deuda tributaria derivada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Esta orden, que entra en vigor hoy mismo, permitirá el fraccionamiento en
seis meses del pago de la deuda tributaria derivada de la presentación de
la Declaración de la Renta correspondiente al pasado ejercicio, en el caso
de que ésta resulte a ingresar, tanto en los casos de tributación individual
como conjunta.
Este fraccionamiento, que tiene un carácter voluntario, pretende minorar el
impacto de la pandemia de la COVID-19 en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de los ciudadanos.
De manera habitual, todos los contribuyentes a los que su declaración les
sale a pagar tienen dos plazos para hacerlo: el primero, al finalizar la
campaña de Renta, y el segundo, en noviembre. Con esta medida se introduce una mayor flexibilidad para poder hacer frente a sus obligaciones
con la Agencia Tributaria.
De esta forma, el pago del fraccionamiento solicitado se efectuará en seis
fracciones, con vencimiento los días 20 de cada mes, siendo el primero el
día 20 de julio de 2021. No se devengarán intereses de demora durante
dicho fraccionamiento ni será necesaria la aportación de garantía.
La Orden ministerial se publica el mismo día en el que arranca la Campaña
de Renta 2020, que comienza este 7 de abril y se prolonga hasta el 30 de
junio de 2021.
Medidas tributarias para atenuar el impacto de la pandemia
El Gobierno adopta esta medida extraordinaria ante la situación también
excepcional generada por la pandemia. En cualquier caso, hay que
recordar que el hecho de tener dos o más pagadores puede afectar al
resultado de la declaración anual del impuesto en función de las
retenciones practicadas, pero en ningún caso implica que se tribute más
por IRPF.
La posibilidad de fraccionar el pago del IRPF se une a otras iniciativas
similares adoptadas a lo largo del último año para atenuar en el ámbito
tributario el impacto de la pandemia. Estas medidas benefician
especialmente a los grupos más vulnerables de la economía, como pymes
y autónomos, y también a sectores particularmente castigados por la
COVID-19, como el sector turístico, la hostelería y el comercio.
