Izquierda Unida Aragón y Zaragoza en Común han expresado su respaldo a las reivindicaciones de la Asociación ‘Estrellas De Vecinas y Vecinos de Valdefierro’, que busca garantizar las necesidades de vivienda pública y un desarrollo urbanístico que mejore la calidad de vida y la convivencia en el barrio. El foco de la discordia se centra en la modificación urbanística propuesta por la empresa Arquitectura Ingeniería y Construcción Lobe (AIC LOBE) para terrenos cercanos a la residencia El Buen Pastor.
En 2022, Suelo y Vivienda de Aragón licitó estos terrenos para la posible construcción de hasta 323 viviendas públicas de alquiler (VPA). La propuesta de AIC LOBE, adjudicataria de la licitación, plantea un pago en especie mediante la permuta de inmuebles una vez construidos, incluyendo 56 viviendas VPA, garajes no vinculados y un local comercial. Sin embargo, la modificación del Plan Especial F-57.10, aprobada inicialmente en diciembre de 2023, ha generado controversia al cambiar el uso de la parcela destinada a 56 viviendas por un equipamiento privado.
Las formaciones políticas respaldan las demandas de los vecinos, quienes argumentan que esta modificación va en contra de las peticiones del barrio, recogidas en el Plan Integral de Valdefierro (PIVAL), que limita la altura de las construcciones a un máximo de cuatro pisos. Además, critican la transformación de la zona en una urbanización privada, generando beneficios para las constructoras pero afectando negativamente a la calidad de vida y la interacción vecinal.
Ambas formaciones sostienen que, dada la necesidad de viviendas de alquiler en el barrio, debería destinarse al menos un 30% de las viviendas a alquiler social a precio asequible. Exigen respuestas del Gobierno de Aragón sobre la conformidad de la modificación urbanística con la propuesta inicial y medidas para garantizar la finalidad de la enajenación de los terrenos.
El portavoz de IU en las Cortes de Aragón ha solicitado al consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística, Octavio López, información sobre la conformidad de la modificación y las medidas para garantizar la dotación mínima de vivienda para alquiler asequible en los terrenos en cuestión.
El concejal de Zaragoza en Común, Suso Domínguez, ha expresado su preocupación por la pérdida de la oportunidad de construir 323 viviendas públicas, especialmente considerando la disponibilidad de Fondos Europeos. Advierte que la aprobación de la modificación empeoraría la calidad de vida en el barrio en favor de intereses privados y destaca la falta de claridad sobre la ubicación de las 56 viviendas públicas. En este contexto, confía en que las alegaciones presentadas sean admitidas.