La Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón ha puesto en marcha varios equipos psicosociales especializados para agilizar la tramitación de los procedimientos de familia y de violencia sobre la mujer en cada una de las tres provincias aragonesas, en función de las necesidades de cada territorio, refuerzo que va en la línea de procurar los mínimos retrasos en los procesos relacionados en estos procesos, como manifestó la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, el pasado viernes en las Cortes de Aragón.
En la provincia de Zaragoza trabaja ya un equipo especializado en asuntos de familia compuesto por dos trabajadoras sociales y cinco psicólogas, que se completan con los dos equipos adscritos al Instituto de Medicina Legal de Aragón ( IMLA), integrados, a su vez, por una psicóloga y una trabajadora social que asumen el resto de los informes psicosociales solicitados por los órganos judiciales de este ámbito territorial.
En las provincias de Huesca y Teruel trabaja un equipo psicosocial adscrito también al IMLA, que tiene encomendados los informes periciales que puedan solicitar los órganos judiciales de la provincia en cualquier materia, salvo menores.
En el caso de Teruel el equipo se compone de dos psicólogos y una trabajadora social y en el de Huesca de tres psicólogas y una trabajadora social.
La directora general de Justicia, María Angeles Júlvez, explicó que “desde que se declaró el estado de alarma para le gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 se han ido adoptando un conjunto de medidas dirigidas a garantizar la prestación de servicios públicos esenciales. Particularmente en el ámbito de la Justicia, se ha aprobado el Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19, que busca implementar las medidas necesarias para alcanzar una progresiva reactivación del normal funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, tanto desde el punto de vista de la adopción de los cambios normativos necesarios en las instituciones procesales como desde la perspectiva organizativa”.