Los interinos aragoneses en fraude de ley han presentado una Proposición no de Ley en las Cortes de Aragón para reclamar su conversión en personal “fijo a extinguir”, como solución para cumplir con la Directiva Europea 1999/70 que obliga a sancionar el abuso de temporalidad en el sector público. En apoyo de esta vía, los afectados se han concentrado esta mañana ante el Departamento de Hacienda y Función Pública del Gobierno de Aragón, en la plaza de los Sitios, para exigir que el Ejecutivo autonómico asuma su responsabilidad y dé una solución justa a las víctimas de abuso, unos 17.000 interinos que han superado el límite legal de tres años en su plaza, según el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA). Son el 28,5% de los casi 60.000 trabajadores que integran la plantilla de la DGA. Otro 20 % también son temporales pero no habrían sobrepasado todavía el límite de tres años y no estarían por lo tanto en fraude de ley.
STEPA ha presentado a la Mesa de las Cortes de Aragón, al amparo del Reglamento de la Cámara que permite llevar a cabo iniciativas ciudadanas, una Proposición no de Ley que ahora los grupos deben tramitar para su debate y votación. En el texto se insta al Gobierno de Aragón a “arbitrar los mecanismos legislativos y las medidas organizativas oportunas para dar una solución excepcional al abuso de temporalidad en la Administración del Gobierno de Aragón”.
Así se pide excluir las plazas afectadas por el abuso de temporalidad de las ofertas públicas de empleo en tanto no se establezca una sanción; publicar un inventario de las plazas y personas en esta situación; y reconocer el derecho a las víctimas a permanecer en su plaza como “fijos a extinguir”, con el mismo régimen de estabilidad que rige para funcionarios o laborales fijos. Estos puntos quedarían recogidos en una nueva Disposición Transitoria al Decreto Legislativo 1/1991, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
TRANSPONER LA NORMATIVA EUROPA
Los sindicatos de interinos señalan que el primer objetivo es aprobar esta modificación legal a nivel estatal, ya que el problema también afecta a los empleados de todas las administraciones públicas, como las locales o la universitaria, pero han subrayado la especial responsabilidad de las autonomías, por el importante volumen de temporalidad que concentran y porque ahora el Gobierno de España negocia con ellas una propuesta de reforma para cumplir con la exigencia de la UE de que no se supere el 8% de temporalidad en el sector público.
En el caso de Aragón, este índice es ahora del 48,4% de la plantilla y más de 17.000 trabajadores han superado ya el máximo de tres años en su puesto, sin que el Ejecutivo cuatripartito de Javier Lambán haya puesto medidas de solución y mientras siguen adelante convocatorias de oposición y concurso por las que se están ocupando esas plazas y despidiendo a interinos con décadas de experiencia, sin ni tan siquiera indemnización.
Además de esta iniciativa parlamentaria, STEPA y otras organizaciones han llevado a cabo esta mañana una concentración ante el Departamento de Hacienda y Función Pública de la DGA, para reclamar al consejero Carlos Pérez Anadón que defienda a sus propios empleados, como ya ha hecho su homólogo en Canarias, que este mismo mes ha firmado un acuerdo con estos mismos compromisos de identificar a las personas en situación de abuso y establecer mecanismos para su permanencia en la Administración de esa Comunidad.
Los manifestantes destacan la paradoja de que los poderes públicos castiguen el abuso de temporalidad en la empresa privada mientras la practican ellos mismos en la pública y han coreado lemas como “No somos de usar y tirar” para reivindicar la fijeza como solución y rechazar la propuesta del Gobierno central deuna reforma del EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público), ya conocida como “Icetazo”, que no cumple con el mandato comunitario de prevenir y sancionar este fraude y todavía precarizaría más el sector público.
Desde STEPA, se insiste en que la fijeza es una solución contemplada en el ordenamiento jurídico español –sin ir más lejos en la Ley de Presupuestos de 2021, para los trabajadores de empresas públicas- y que permite ahorrar costes en indemnizaciones y seguir aprovechando la experiencia de trabajadores que llevan décadas demostrando su mérito y capacidad, a la vez que se cumple con la Directiva 1999/70/CE, que debería haberse transpuesto hace ya veinte años, y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha exigido solucionar esta cuestión, estableciendo sanciones a las administraciones infractoras.
En este sentido, STEPA considera un “avance destacado” que este mismo lunes el Tribunal Supremo haya decidido corregir su propia doctrina anterior y aplica la normativa y jurisprudencia de la UE. Así, reconoce la condición de “indefinido no fijo” de un interino tras haber superado los tres años en su puesto. Sin embargo, el sindicato aragonés señala que esta figura no es apropiada porque no es acorde al derecho de la unión en cuanto se permite amortizar la plaza o cesar al empleado público temporal y no permite disfrutar de las mismas condiciones que el fijo, a diferencia de la transformación en el sector privado y recalca la importancia de que la reforma administrativa que se plantea, transponga con claridad la Directiva, y que establezca una sanción disuasoria contra el abuso llevado a cabo por las administraciones hasta el momento y resarza a los afectados otorgando estabilidad en el empleo y evite el abuso en el futuro .