El Movimiento ciudadano Teruel Existe ha presentado una denuncia por posible delito ambiental en relación con los proyectos de parques eólicos Las Cuencas y Las Cerradas de la sierra de San Just, en la comarca de Cuencas Mineras.

Piden que se investigue la responsabilidad que pueda corresponder al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), al Servicio Provincial de Industria de Teruel, y a las empresas promotoras de estos parques eólicos.

La denuncia recoge la emisión de determinadas resoluciones, la posible tramitación indebida de proyectos y un supuesto falseamiento de la información contenida en los Estudios de Impacto ambiental, que serían susceptibles de producir daños ambientales graves, así como en sus infraestructuras de evacuación.

Consideran que estas acciones podrían ser causa de “delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”, como se recoge en los artículos 325 y 326 del Código Penal, ya que los delitos ambientales solo con que exista el riesgo se pueden denunciar.

Tras presentar la denuncia, representantes del Movimiento ciudadano, con representación de varias comarcas turolenses, Jiloca, Gúdar – Javalambre, Maestrazgo, Matarraña y Comunidad de Teruel, han realizado declaraciones para informar con detalle a los medios de comunicación, insistiendo en que “ante la avalancha de proyectos de renovables sin un plan de ordenación es muy importante que la administración haga las cosas bien”.

Denuncian posibles irregularidades admitidas por la Administración

En cuanto a los proyectos señalados en la denuncia, afirman que ya disponen de Declaración de Impacto Ambiental favorable, lo que posibilita su autorización administrativa y posteriormente su construcción. Afirman que se han cometido numerosas irregularidades durante todo el procedimiento administrativo que, sin embargo, han sido admitidas por la Administración. La denuncia las enumera y explica a lo largo de cuarenta páginas, más once anexos de documentación.

Así, señalan que la evaluación de impacto ambiental se hizo fraccionando un gran proyecto en tres proyectos, y que, con posterioridad a la información pública, la empresa unitaria de los dos parques eólicos los traspasó a otras dos empresas “con la posible finalidad de burlar la ley”. Consideran que una vez finalizado el trámite de exposición a información pública se añadieron informes al expediente que no pasaron dicho trámite, y también se habrían realizado modificaciones posteriores a la exposición pública que no se han sometido a la misma.

Por otra parte, señalan que los procedimientos de Información Pública de los parques eólicos y de las infraestructuras de evacuación tuvieron una duración inferior a la reglamentaria de treinta días hábiles.

Del mismo modo, denuncian que en algunos casos el Estudio de Impacto no contenía estudio de alternativas, y que tampoco se presentó estudio arqueológico ni paleontológico, ni estudios de avifauna, o cuando estos últimos se han presentado eran de una duración menor de lo estipulado, un ciclo anual. Aseguran que también se habrían utilizado los estudios de fauna de otro parque eólico haciéndolos servir para otros proyectos.

Denuncian que “el peligro para las especies amenazadas es muy alto, las instalaciones se ubican en una zona de reproducción de la alondra ricotí, que es un importante corredor de especies de avifauna amenazadas, y que estarán muy próximas a la ZEPA de los Desfiladeros del río Martín”.

Además, Teruel Existe concluye que ha existido arbitrariedad, “puesto que en otros parques eólicos cercanos, con idéntica problemática ambiental que en estos dos, la Declaración de Impacto Ambiental fue desfavorable”.

La amenaza al territorio por la falta de un Plan de ordenación

Teruel Existe ha denunciado en reiteradas ocasiones la falta de planificación y ordenación estatal y autonómica en la implantación de las energías renovables, y “cuando lo hagan será tarde, porque recuerdan que se han presentado “una barbaridad de parques eólicos y fotovoltaicos que se superponen a lo largo y ancho de la provincia, llegando a haber expedientes abiertos de distintas instalaciones y empresas sobre los mismos términos municipales, fomentando un interés desmedido de los promotores, animados por procesos especulativos del mercado de renovables”.

Aseguran que esta situación está permitiendo la autorización para desarrollar proyectos “de forma casi indiscriminada”, y que son colectivos y ayuntamientos, los que se han visto obligados a tomar la iniciativa de elaborar y presentar alegaciones, ante la inacción y silencio de las administraciones, tanto en el ámbito provincial como en el regional.

Hasta la fecha, Teruel Existe ha presentado más de cien alegaciones contra proyectos de energía renovable en Teruel. Explican que la causa de esta primera denuncia no responde a una irregularidad de mayor gravedad a las señaladas previamente, sino que se trata del primer caso en el que se dispone de Resoluciones de la Administración que posibilitan la construcción de parques eólicos susceptibles de provocar graves daños medioambientales en la zona.

Trasladan que es “lamentable tener que resolver por vía penal asuntos que deberían haberse resuelto con diálogo y participación ciudadana, pero ante la cerrazón de la Administración, el movimiento ciudadano Teruel Existe está dispuesto a seguir en la misma línea conforme se vayan emitiendo Resoluciones administrativas si existen irregularidades”.