La Instrucción de Medidas de Ahorro Energético dictada por el Área de Urbanismo y Equipamientos el pasado 9 de marzo ha conseguido sus objetivos. Por un lado, durante el mes de abril el Ayuntamiento de Zaragoza ha conseguido ahorar 1.010.000 euros en la factura energética, y por otro, el volumen de emisiones de CO2 a la atmósfera se ha reducido en 1.700 toneladas.

La instrucción del Área se puso en marcha tras el aumento de los precios en el Mercado de la Energía Eléctrica y del perjuicio económico que estaba representando para las arcas municipales. “Hemos conseguido el objetivo marcado que era aliviar la factura energética con medidas sencillas como la bajada de la calefacción o incluso apagarla por completo en momento puntuales, y también reducir las emisiones a la atmósfera”, ha valorado el consejero de Urbanimso y Equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano.

Las medidas de ahorro, que se implementaron en 284 edificios municipales, han consistido concretamente en reducir en 1ºC la temperatura en los espacios cerrados calefactados, de 23 a 22 gradps, apagar la calefacción a finales de marzo si el tiempo lo permite, cerrar puertas y ventanas fuera de horario laboral y desconectar de la corriente los equipos eléctricos que no sean utilizados. En esa línea, la instrucción sigue vigente y de cara al verano los aparatos de aire acondicionado subirán un grado la temperatura, de 25 a 26, y se seguirán implementando las el resto de medidas de alumbrado y equipos informáticos.

Así, el consumo de energía (electricidad, gas natural y gasoil), durante el mes de abril fue de 7.890.600 kWh; en este año 2022, con las condiciones ambientales y de funcionamiento de este año, se ha estimado que la parada de las calefacciones ha supuesto un gasto de 2.229.600 kWh, esto es un 5.661.000 kWh menos.

“Desde las administraciones tenemos que poner todos los medios posibles para bajar el volumen de consumo, porque las arcas municipales sufren al igual que el bolsillo y la economía de cualquier familia que tiene que hacer frente desde el año pasado una factura de la luz en ascenso constante y sin medidas nacionales que hayan conseguido revertir la tendencia”, ha explicado el consejero.

Para llevar a cabo estas medidas encaminadas al ahorro energético y económico, los
gestores de los diferentes edificios son los encargados de velar por el cumplimiento de la instrucción y podrán adoptar otras medidas encaminada a la finalidad perseguida de conseguir menor consumo energético, sin que menoscabe el desarrollo de la actividad del inmueble.

El Gobierno de Zaragoza ha adjudicado el nuevo servicio de atención telefónica centralizada para mejorar el acceso a los servicios sociales municipales. El contrato, reservado a centros especiales de empleo, ha sido adjudicado a la Fundación DFA por un presupuesto de 929.002,96 euros (IVA incluido) para los próximos tres años, con dos más de posible prórroga. El precio por hora es de 15,10 euros (IVA incluido), con un número estimado de 17.068 horas anuales.

Está previsto que el nuevo servicio comience a funcionar en el mes de julio, tomando así el relevo de la línea 900 gestionada por la empresa Atenzia, que el Ayuntamiento de Zaragoza puso en marcha al inicio de la pandemia y que se configuró como una herramienta fundamental para dar respuesta, de forma centralizada, al elevado número de solicitudes de ayudas sociales relacionadas con la crisis del Covid-19.

Esta línea gratuita se ha consolidado como un eficaz instrumento de gestión para los
servicios sociales municipales. En el periodo con mayor volumen de solicitudes, en abril de 2020, llegaron a recibirse más de 4.000 llamadas diarias. Actualmente, se atienden unas 10.000 llamadas al mes.

Este servicio telefónico centralizado va a ampliar significativamente los contenidos del
anterior, siempre con la premisa de optimizar el trabajo social, que seguirá ejerciendo
en exclusiva el personal municipal. Igualmente, la plantilla municipal continuará desarrollando como hasta ahora las competencias de información, valoración, diagnóstico y orientación social.

Las funciones del centro especial de empleo serán la recepción y derivación de
llamadas, la gestión de cita previa y otras labores de tipo administrativo como la respuesta a consultas generales acerca de prestaciones sociales, así como la solicitud de documentación para subsanar los trámites.

El servicio no solo centralizará el acceso a los centros municipales de servicios
sociales de toda la ciudad y sus barrios rurales, sino también a otros recursos del Área de Acción Social y Familia como la Casa de las Culturas, la Oficina Técnica del Mayor y la Unidad de Atención a la Ciudadanía y Buenas Prácticas.

El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha criticado las múltiples irregularidades  detectadas por la intervención general en el funcionamiento de la sociedad pública Zaragoza Cultural, cuya máxima responsable es la vicealcaldesa Sara Fernández, y ha pedido “poner orden” de forma “inmediata y urgente” en el seno de esta sociedad pública.

El informe del interventor general municipal ha detectado varios contratos sin licitación, contratos caducados, facturas no conformes, una falta de aplicación correcta de la normativa de contabilidad, arbitrariedad a la hora de aplicar bonificaciones en el alquiler de los espacios municipales.

Además, esta auditoría municipal también ha detectado una mala contabilización de los ingresos, como ha ocurrido, por ejemplo con el IVA, y errores en los cierres contables.

“Estamos a mitad de año y  los consejeros aún no tienen el presupuesto detallado por programas culturales que se van a llevar a cabo, no sabemos el presupuesto que este gobierno ha decidido destinar a las fiestas goyescas, por ejemplo, algo que  también redunda en una gran incertidumbre del sector cultural, incluyendo  hasta los proyectos consolidados como EIFOLK, que han conocido el recorte de presupuesto con muy poco tiempo”, ha señalado la concejala de Zaragoza en Común, Luisa Broto.

Estas situaciones se unen a la no reclamación de facturas a deudores, la falta de un registro de facturas e inventarios, existencia de cajas con efectivo no declaradas y no controladas y una absoluta falta de control en las actividades que realizan terceros en los espacios públicos municipales.

La concejala de Zaragoza en Común, Luisa Broto ha mostrado “su preocupación” por una situación “desastrosa” cuya máxima representante, Sara Fernández, tiene que “solucionar de forma urgente”. La edil ha hecho referencia al desconocimiento del coste de los últimos eventos culturales, como el de las Goyescas y ha recordado que las cuentas de la sociedad fueron aprobadas con la abstención en bloque de toda la oposición.

La formación ha pedido un consejo extraordinario de la sociedad para que la vicealcaldesa explique “todas las irregularidades y cómo van a poner solución”. Además, la edil de Zaragoza en Común ha defendido que es “inaudito” que exista un superávit de 1.366.000 de euros en un momento en el que, tras la pandemia, el sector cultural ha vivido una de sus peores crisis y necesita recuperarse.

“Es grave la falta de previsión y más grave aún son las limitaciones de este gobierno para invertir en cultura, un sector que los necesita y que es clave para recuperar el pulso de la ciudad tanto económico como anímico”, ha defendido Broto.

Para la concejala, “Zaragoza Cultural sigue funcionando a golpe de improvisación, cumpliendo con sus obligaciones tarde y mal y con una auditoría que arroja verdaderas barbaridades sobre la gestión de una sociedad pública”.