La frase fue pronunciada por Pedro Sánchez en septiembre de 2024 en el seno del Comité Federal del Partido Socialista: «Vamos a avanzar con determinación con o sin apoyo de la oposición, con o sin el concurso del poder legislativo». Y le aplaudieron. No debieron hacerlo. Esa frase, que un presidente del Gobierno jamás se hubiera debido permitir, supone un grave cuestionamiento de nuestro sistema parlamentario, en el que la legitimidad del poder ejecutivo (el Gobierno) proviene directamente del poder legislativo (el Parlamento). Desde esa fecha, o quizás antes, Sánchez ha reducido significativamente su presencia en el Congreso, con notables ausencias en sesiones de control, reduciendo sus comparecencias y, lo más grave, abusando como ningún presidente antes de los decretos-ley, en lo que se interpreta como una deriva clara hacia un régimen presidencialista. El colmo es la falta de presentación del proyecto de Presupuestos en los tres años que llevamos de legislatura. “Aprobar los Presupuestos es la primera y principal obligación de un Gobierno”, llegó a decir cuando estaba en la oposición. Pero nuestro sistema político no es ése, ni está dotado de los elementos de control que permitan limitar los abusos o la evidente tendencia a la autocracia que muchos observamos en Pedro Sánchez. Muy recientemente, en un medio de difusión nacional y no especialmente crítico con Sánchez, nada menos que el expresidente del Tribunal Constitucional, Pedro Cruz Villalón, analizaba la degradación del papel del Parlamento en la actual legislatura y proponía, como mecanismo de corrección ante la deriva “presidencialista” del sistema, recurrir al artículo 102 de la Constitución (responsabilidad criminal del Gobierno) como equivalente funcional del impeachment, que es el modo, decía, de exigir responsabilidades en regímenes presidencialistas. “Por lo tanto”, concluía, “aplíquese cuanto antes”. La propuesta es grave pues implica que en la actuación del presidente habría indicios de criminalidad. O que el autor del artículo los apreciaría. El primer apartado de ese artículo se refiere a la forma de exigir responsabilidades penales ordinarias por la comisión de delitos comunes o en el ejercicio de su cargo, corrupción, malversación, prevaricación, etc., por parte del presidente u otros miembros del Gobierno. Pero el segundo apartado se refiere a delitos de mayor gravedad, traición o contra la seguridad del Estado y requiere la iniciativa de al menos la cuarta parte de los miembros del Congreso y el respaldo de la mayoría de los diputados. Hay una particularidad y es que el Reglamento de la Cámara (art. 169) regula para este supuesto un procedimiento excepcional y protegido, que no es frecuente en el Congreso, con votación secreta, que permitiría por una vez a los diputados socialistas y a los que hasta ahora han sido sus socios votar en conciencia. ¿Qué podría pasar? Lo cierto es que la actual regulación de la moción de censura “constructiva” exige la censura del presidente, que ya se ha producido de manera expresa por parte de la mayoría del Congreso, pero también la propuesta de un candidato alternativo, que con la actual composición de la Cámara no prosperaría. Ello conduce a la legislatura a una situación de bloqueo en la que el Gobierno no gobierna, no presenta Presupuestos, no aprueba leyes, elude el control del Parlamento y oculta información sistemáticamente, además de los casos de corrupción que le rodean, que aumentan cada día y que todos conocemos. La alternativa ante ello sería la destitución del presidente en aplicación de esa forma de impeachment que es el artículo 102. Ello requeriría convencer al Parlamento y al Tribunal Supremo de que efectivamente Sánchez es el “One” al que se refieren los mensajes interceptados por la Policía y la Guardia Civil, o que sus pactos secretos con Bildu o con Junts suponen una forma de traición, o al menos prevaricación o desviación de poder, o que los intentos de cambio del sistema parlamentario por el presidencialista o del sistema autonómico por una confederación plurinacional al margen de los procedimientos previstos de reforma constitucional son igualmente un delito. Pero lo que no es admisible es que nuestra democracia haya derivado a una autocracia presidencialista, carente de mecanismos de control, y que, por ejemplo, pueda incumplirse durante tres años el mandato de presentar el proyecto de Presupuestos y no haya previstas consecuencias políticas o jurídicas ante una desobediencia reiterada, como es el caso. Estoy de acuerdo con el señor Cruz Villalón: aplíquese cuanto antes. Porque si algo se puede agradecer a Pedro Sánchez, quizás lo único, es haber dejado al descubierto todas las debilidades de nuestro régimen constitucional. Y una vez expuestas, urge corregirlas. Por eso, fortalecer nuestro sistema parlamentario, garantizar el control al Gobierno y, de alguna manera, convertir la nuestra en una “democracia militante” según el modelo alemán, que la blinde frente a los enemigos que pretenden socavarla desde dentro, debiera ser una de las tareas inaplazables del futuro gobierno.
Julio Calvo Iglesias Exconcejal del Ayuntamiento de Zaragoza
