La gestión de Lucio Cucalón (PSOE) al frente del Ayuntamiento de Aguarón durante el ejercicio 2024 se ha convertido en un ejemplo de descontrol y precariedad económica. Según el informe de intervención emitido el 23 de diciembre por Alejandro Rodrigo Orós, “la situación económico-financiera del Ayuntamiento es crítica”. Basta con revisar los datos proporcionados por el interventor para advertir la magnitud del problema.

En primer lugar, la tesorería municipal, a fecha 22 de diciembre, apenas asciende a 28.509,77 euros, pero las obligaciones de pago superan los 140.000 euros. Solo en facturas pendientes (más de 105.000 euros) y nóminas de diciembre (unos 11.000), la cifra ya desborda con creces la capacidad financiera real del consistorio, sin contar el finiquito del anterior secretario (3.000 euros), deudas por IRPF y Seguridad Social de diciembre (9.000) y una liquidación girada por la Diputación Provincial de Zaragoza de 4.163,40 euros.

El panorama se agrava porque, tal y como señala el interventor, “no existe consignación presupuestaria para hacer frente a dichas obligaciones”, lo que implica que no se puede abonar de inmediato buena parte de las facturas pendientes. Al no haberse tramitado a tiempo una modificación presupuestaria que transfiriera crédito entre distintas áreas de gasto, varios capítulos presentan un saldo negativo insalvable. En palabras del propio informe, “la VJ Área de gasto 3 – Capítulo 2 presenta un negativo de 64.707,43€, y la VJ Área de gasto 9 – Capítulo 2 presenta un negativo de -70.340,52€, lo cual no permite el cierre del ejercicio contable”.

La consecuencia directa es que numerosas facturas tendrán que clasificarse en la cuenta 413 (Acreedores por operaciones devengadas pendientes de aplicar a presupuesto) o a la cuenta 555 (Pagos pendientes de aplicación) si alguna ya hubiera sido abonada, lo que condiciona de forma severa el ejercicio presupuestario de 2025. En palabras de la intervención, “esto afectará gravemente al Presupuesto 2025, detrayendo crédito del presupuesto corriente”.

GASTOS DESMEDIDOS E IRRESPONSABILIDAD PRESUPUESTARIA

Uno de los ejes centrales de la crisis municipal es la acusada desproporción en el gasto corriente. El informe acusa de manera nítida la ausencia de un control mínimo sobre la contabilidad. Entre los hechos más alarmantes están las facturas de luz, con un monto superior a 96.000 euros en lo que va de año. El documento oficial enfatiza que el término fijo de potencia contratada es casi tres veces mayor que el consumo de energía real, y califica la situación de “insostenible para este Ayuntamiento”.

Otro capítulo negro es el del coste en telefonía: más de 9.000 euros anuales, lo que supone alrededor de 760 euros mensuales para un municipio pequeño. A ello se suma el gasto en consultoría con la empresa Web Asesores, que “supera los 28.000€”, según el interventor, debido a la externalización masiva de las tareas del anterior secretario, así como los 18.000 euros en asesoramiento jurídico externo, motivados por denuncias internas relacionadas con la extinta Sociedad de Desarrollo de Aguarón S.L.

Pero uno de los mayores escándalos se encuentra en el importe destinado a festejos populares, que se dispara a los 137.000 euros. El interventor es tajante: “La gestión presupuestaria del ejercicio 2024 ha sido irresponsable e irracional. […] El elevado gasto corriente en festejos populares, facturas de luz inusualmente elevadas, en consultoría (Web Asesores) y en asesoramiento jurídico externo han dejado al Ayuntamiento prácticamente sin Tesorería”.

Todos estos gastos desenfrenados, aprobados durante la legislatura de Lucio Cucalón, han desembocado en que la cuenta de domiciliaciones del Ayuntamiento esté en un estado crítico, pues se siguen cargando recibos de áreas sin saldo disponible. Incluso el propio interventor insta en su texto a “acabar con las domiciliaciones en cuenta” para evitar seguir acumulando deudas sin cobertura presupuestaria.

DIETAS SIN JUSTIFICAR Y SOSPECHAS DE FRAUDE

Otro de los focos de polémica en la gestión de Lucio Cucalón es la práctica de dietas e indemnizaciones por manutención y transporte que se consideran, según el informe de intervención, un “salario encubierto” y “constitutivo de fraude de ley”. El documento expone que la alcaldía recibe todos los meses una serie de pagos de entre 527 y 738 euros en concepto de dietas por asistencia y media dieta de 80 euros, acordada en un pleno extraordinario de agosto de 2023.

El problema radica, según la intervención, en que no se ha presentado ni factura ni declaración responsable que justifique que esos gastos se han producido realmente. El artículo 75.4 de la Ley de Bases de Régimen Local y el 13.5 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales exigen la existencia de un gasto efectivo y “previa justificación documental”. Pese a requerimientos reiterados, “a fecha de hoy no se ha obtenido ningún justificante” que ampare dichas indemnizaciones.

La controversia también afecta a otros miembros de la corporación, como el concejal Jesús Fontanas Bernal, quien habría recibido idénticas remuneraciones el 25/11/2024 sin justificar documentalmente sus viajes o manutención. “Por tanto, se incoa expediente de reintegro de pagos indebidos”, explica el interventor. Además, muchos de esos desplazamientos eran a la ciudad de Zaragoza, donde reside el propio alcalde, por lo que podría haberse reducido el coste si ambos se hubieran coordinado.

El informe lamenta que, ante la solicitud de justificantes del 20 de diciembre, “ambos alzaron la voz con la consiguiente falta de respeto hacia mi persona”, alegando la existencia de un acuerdo plenario y de una partida presupuestaria. Ese tono, sumado a la ausencia de documentación, refuerza la sospecha de un cobro indebido por parte de la alcaldía y, posiblemente, de algunos concejales de su círculo más cercano.

PERSONAL MUNICIPAL Y EXCESO DE EXTERNALIZACIONES

Según el informe, la política de personal en el Ayuntamiento bajo el mandato de Lucio Cucalón se ha caracterizado por la precariedad y la excesiva externalización. El anterior secretario delegaba buena parte de sus funciones en empresas como Web Asesores, con un gasto de 28.000 euros, en lugar de capacitar al personal o reorganizar las funciones internas. El propio interventor recomienda “pasar la contabilidad a Oesia-Interpública” para que pueda llevarse directamente y no subcontratar funciones tan delicadas.

De igual modo, se subraya el uso indebido de la auxiliar administrativa a media jornada, quien realiza viajes en su coche particular a instalaciones municipales sin la justificación previa requerida. Se ha detectado que dichos viajes, en teoría para atender albergues y otros equipamientos, competen a los operarios de servicios múltiples. Esto genera un vacío en la oficina y, a su vez, un gasto por desplazamientos que no se ajusta a las normas de la función pública.

Mientras tanto, la nula formación del personal técnico y la poca fiscalización interna fomentan una sensación de desgobierno. El interventor repite varias veces en su escrito que la documentación contable llega tarde, incompleta y sin la tramitación adecuada. Por si fuera poco, no remitir la información a la Cámara de Cuentas de Aragón puede privar al municipio de subvenciones clave, acrecentando el problema financiero.

ENDEUDAMIENTO Y PROYECCIONES FUTURAS

El Ayuntamiento de Aguarón no solo afronta deudas inmediatas, sino que arrastra un endeudamiento estructural que no deja de crecer. La revisión de la cuenta general de 2023 revela la existencia de un aval pendiente con Caja Rural de Aragón de aproximadamente 300.000 euros que no figura de forma adecuada en el balance de la sociedad municipal ya extinta (Sociedad de desarrollo de Aguarón, S.L.). El interventor advierte que es necesario contactar con Contabeta, la asesoría que llevaba la contabilidad de esa sociedad, para subsanar la omisión.

La alcaldía, sin embargo, parece aferrarse a la idea de vender un inmueble valorado en unos 80.000 euros, subastado desde el 23 de diciembre, para inyectar liquidez. Pero el informe de intervención es contundente: “Los ingresos obtenidos por la enajenación no podrán destinarse a financiar el gasto corriente desbocado, sino que se destinarán a inversiones y amortización de deuda”.
En definitiva, la estrategia de Lucio Cucalón se asemeja a una huida hacia adelante, intentando equilibrar las cifras con operaciones puntuales de venta de patrimonio que, por ley, ni siquiera se pueden invertir en cubrir el déficit cotidiano.

EL PAPEL DE LUCIO CUCALÓN EN LA CRISIS DE AGUARÓN

La mala gestión de Lucio Cucalón se resume en la frase lapidaria del informe: “La gestión presupuestaria del ejercicio 2024 ha sido irresponsable e irracional”. Bajo su mandato, se ha dado prioridad a gastos festivos e indemnizaciones injustificadas, mientras el Ayuntamiento se ahogaba en deudas y subcontrataciones costosas. El problema estructural, según el interventor, pasa por la nula previsión y la inobservancia de las obligaciones legales básicas.

La opacidad en las dietas y compensaciones por viajes, el hecho de que se haya llegado a deber facturas de terceros trimestres con riesgo de intereses de demora o la creciente partida en asesoría para cubrir funciones que debería asumir personal del Ayuntamiento, configuran un cuadro de desgobierno alarmante. Todo ello salpica directamente al alcalde, que “recibe una retribución/salario encubierto constitutivo de fraude de ley” sin presentar documentación que avale los gastos.

Las conclusiones del informe son claras: se necesita un plan de racionalización de gastos, acabar con las domiciliaciones incontroladas, devolver los recibos que no tengan partida presupuestaria y “garantizar la continuidad de la Entidad local” con medidas correctoras urgentes. Ninguno de estos pasos parece haber sido adoptado por Cucalón, quien, por el contrario, fomenta una política de gasto excesiva y un dudoso control contable.

¿QUÉ FUTURO PARA AGUARÓN?

En estos momentos, el Ayuntamiento se encuentra en un punto límite. Si no se aplican las recomendaciones del interventor, la deuda seguirá creciendo. Cualquier subvención que pudiera llegar, podrían quedar en riesgo si la corporación no remite la información a la Cámara de Cuentas de Aragón y no enmienda sus prácticas contables.

La venta de un inmueble y la esperanza de captar nuevos recursos se antojan insuficientes para una administración asfixiada por las deudas de festejos, luz, asesoría y honorarios jurídicos. Es probable que, de continuar en esta senda, el municipio se vea abocado a un ajuste drástico de su presupuesto de 2025 y sucesivos ejercicios, dejando prácticamente sin margen las inversiones en infraestructuras o mejoras necesarias para el desarrollo local.

Por ahora, y a la luz de la evidencia, resulta obvio que el mandato de Lucio Cucalón está lejos de la austeridad y de la buena gobernanza que se esperaría de un alcalde responsable. El interventor lo resume de manera elocuente al referirse al ejercicio 2024 como un cúmulo de improvisaciones y concesiones que han “dejado al Ayuntamiento prácticamente sin RTGG, sin Tesorería y disparando la cuenta 413”.

La inestabilidad política derivada de las “denuncias entre miembros de la Corporación” y la paralización presupuestaria auguran meses difíciles para una localidad que, de no variar el rumbo, podría entrar en un callejón financiero sin salida.

ENTRE LA CRÍTICA Y LA ACCIÓN

El informe concluye con la invitación a la corporación de Aguarón a firmar una “Declaración Responsable” para comprometerse a una gestión racional del gasto público. Esto, sin embargo, suena a parche burocrático si no viene acompañado de cambios reales y de una asunción de responsabilidades por parte de la alcaldía. La ausencia de un control riguroso, la resistencia a la fiscalización de dietas y la permanencia de elevadas partidas en áreas superfluas como festejos ponen en evidencia la incapacidad de Lucio Cucalón para gestionar el municipio de forma sostenible.