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miércoles, agosto 10, 2022
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Refuerzos de personal en cuatro juzgados para agilizar los procedimientos pendientes

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El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Justicia, ha renovado los refuerzos de personal en cuatro juzgados de lo social de la Comunidad Autónoma para paliar en lo posible el retraso en los procedimientos ocasionados por la pandemia en los meses de confinamiento.

Estos refuerzos de personal, que financia el Gobierno de Aragón, tienen como objetivo contribuir a que los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma puedan afrontar el importante incremento de asuntos que se están produciendo como consecuencia de la pandemia.

La prolongación en esta II Fase de refuerzos (desde enero hasta el próximo 30 de junio) afecta a los Juzgados 1,4 y 7 de lo Social de Zaragoza y al Juzgado de lo Social de Huesca. En todos los casos se incorporan un gestor, un tramitador y auxilio judicial en prolongación de jornada.

Igualmente, y para reducir la pendencia de asuntos, se incorpora de forma transversal un juez y un letrado o letrada judicial en prolongación de jornada para alcanzar los 100 procedimientos sobre despidos resueltos al mes de los Juzgados 2,3,5,6 y 7 de lo Social de Zaragoza.

La directora general de Justicia del Gobierno de Aragón, María Angeles Júlvez León, indicó que “pese a las medidas adoptadas por el Gobierno de Aragón durante el confinamiento, como el teletrabajo por parte de un número importante de funcionarios o dotar a jueces y magistrados de ordenadores portátiles para que pudieran resolver asuntos y dictar sentencias desde sus domicilios, es lógico hacer un esfuerzo y aportar los medios precisos para que los usuarios de la Administración de Justicia sufran el menor retraso posible en sus intereses”.

Para paliar esta situación el Consejo de Ministros aprobó un Plan de Actuación por el que se adoptaron medidas urgentes en las jurisdicciones social, contencioso-administrativo y Mercantil. En el Plan, trazado por el Ministerio de Justicia, participaron también el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia.

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