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Vaquero duda de la constitucionalidad de la ley aragonesa de alarma

Rechazo del Partido Popular a la ley aragonesa de estado de alarma que, considera, se sitúa fuera de los límites de la Constitución al legislar sobre derechos fundamentales que no son de su competencia, como explicó la portavoz adjunta de los populares en el Parlamento autonómico, Mar Vaquero, en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón, “una herramienta jurídica que claramente supone su aplicación la imposición de un estado de alarma larvado, activable automáticamente por una norma que no es suficiente y por claras razones competenciales, formales y sustantivas”.

En una semana clave para la contención de los contagios por coronavirus el Partido Popular llevó hoy a la Cámara aragonesa el debate sobre ‘el día después’ tras la finalización de la prórroga del estado de alarma a las cero horas del próximo domingo, y la consecuente inseguridad e incertidumbre sobre cómo las comunidades autónomas gestionarán una situación de pandemia sin herramientas legales que les permita impedir la movilidad entre territorios, los confinamientos o la activación del toque de queda en momentos extraordinarios.

El Gobierno de España adecuó la ley el pasado martes para que sea el Tribunal Supremo el que tenga la última palabra sobre las restricciones de las comunidades autónomas, por otro lado la mayoría de los Gobiernos regionales vincula sus decisiones a sus respectivos tribunales superiores de justicia, pero el Gobierno de Aragón sigue aferrado a una ley propia de imposible encaje constitucional, afirman los populares, lo que llevó a Vaquero a reafirmar que “mi grupo parlamentario no va a participar, no va a avalar, no va a refrendar ni va a dejar de denunciar la aplicación de esta ley sobre todo en lo que se refiere al poder judicial”.

Y es que apoyar una ley sin la seguridad jurídica suficiente, según los populares, traslada a los aragoneses un mensaje negativo implícito, “qué ejemplo y qué mensaje está lanzando un gobierno a los aragoneses que cuando es incapaz de echarse un problema a las espaldas, de darle una respuesta, cuando es incapaz de resolverlo, en lugar de cumplir la ley la incumple. Eso es lo que ustedes le están diciendo a los ciudadanos, que cuando se vean incapaces de afrontar un problema pueden incumplir la ley”.

Una “aberración jurídica”, señaló Vaquero, que deriva del enfoque que ha primado en el Partido Socialista en la gestión de la pandemia “la han tomado como una lucha política contra el Partido Popular, como una pelea legal contra el poder judicial, y de alguna manera también tratando de enfrentarse al conjunto de la sociedad escondiéndose tras las restricciones cuando no han sabido garantizar ni su seguridad ni su libertad”. Pero la responsabilidad no sólo es del Gobierno de España “que ha dejado tiradas a las comunidades autónomas”, la comparte el Ejecutivo aragonés “el señor Lambán siempre defendiendo la Constitución, pero eso sí, para que la cumplan otros. Él, en cuanto ha podido con esta ley se salta la reserva de ley orgánica para la limitación de derechos fundamentales” a lo que añadió la nula defensa del interés general de los aragoneses ante el Gobierno de España, “ha hecho una dejación de funciones” indicó, frente a las decisiones de Pedro Sánchez contra las comunidades autónomas. 

Más allá de la crítica Mar Vaquero planteó en su intervención alternativas a la acción de los socialistas, “como venimos haciendo desde el inicio de la pandemia a los Gobiernos de Sánchez y de Lambán”, que concretó en la modificación de la ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública y de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que permitiría al Ejecutivo central tomar las medidas oportunas sin presionar a las comunidades autónomas. En el ámbito de las competencias autonómicas los populares han presentado propuestas de actuación para la mejora de la atención sanitaria y de los profesionales con mayor exposición a la pandemia, para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia en sectores económicos regionales estratégicos, para fomentar la recuperación de los miles de empleos perdidos desde hace un año, o para mejorar la inoculación de las vacunas, entre otras acciones

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