La aportación de la economía social en Aragón estuvo sostenida en 2018 por la labor de unas once mil quinientas empresas y organizaciones que dieron empleo a unas veintitrés mil personas, un siete por ciento más respecto a 2015, y generaron una facturación de más de 2.500 millones de euros, lo que supuso cerca del seis y medio por ciento del producto interior bruto de la Comunidad. Así lo han explicado esta tarde la directora de la Cátedra, Carmen Marcuello, y el investigador, Ignacio Bretos, durante su comparecencia en la Comisión de Economía Planificación y Empleo a petición de la consejera del ramo, Marta Gastón.
El trabajo de análisis de carácter anual pretende trasladar una imagen fiel sobre la situación y la evolución del sector de la economía social que, como ha explicado Bretos, engloba a aquellas empresas y organizaciones que combinan la generación de un valor económico con una clara finalidad social y un funcionamiento interno democrático, en las que las personas y los fines sociales tienen primacía sobre el capital, como señala la Ley estatal 5/2011 de Economía Social. Este espectro incluye, entre otras, a sociedades cooperativistas, centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción laboral, asociaciones y fundaciones implicadas.
Además de las grandes cifras expuestas, el investigador de la Cátedra ha incidido también en los elementos cualitativos de la economía social que contribuyen al desarrollo social, un desarrollo que resulta “sostenible” en términos socioeconómicos. Así, como ya advirtieron en anteriores informes, Bretos ha asegurado que las entidades de economía social “sostuvieron mejor el empleo durante la crisis económica” y posteriormente “han mantenido su calidad y cantidad en mejor medida que el resto”. Además, ha señalado su mejor predisposición para desarrollar iniciativas de economía circular y su funcionamiento como “escuelas de democracia”, que, según Bretos, generan “valores democráticos que luego los trabajadores trasladan a sus vidas privadas”.
