El 48,4% de los trabajadores de la administración autonómica de Aragón tienen contrato temporal, según el último Boletín Estadístico de Personal elaborado por la propia Diputación General de Aragón (DGA), lo que supone un aumento del 2,44% en un año, y un 1,3% más con respecto a la anterior estadística, de junio de 2020.
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) denuncia que este incremento no puede justificarse simplemente por la crisis sanitaria porque se ha dado no solo en el personal de Sanidad, sino también en Administración General, Educación y Justicia. Así, los datos oficiales vuelven a mostrar el mantenimiento de unos servicios públicos sustentados en la temporalidad abusiva como sistema y el incumplimiento de la norma que establece que las administraciones públicas no superen el 8% de empleados temporales.
Con los últimos datos del Gobierno de Aragón sobre su plantilla, publicados este mes aunque actualizados a fecha de diciembre de 2020, el número total de empleados es de 59.560, un total de 2.513 más que en junio de ese año. De todas estas nuevas contrataciones solo 174 fueron de personal fijo (funcionarios o laborales), mientras que las otras 2.339, más del 93%, fueron de funcionarios interinos o laborales temporales.
En cifras totales, son 30.716 empleados fijos y 28.844 temporales. De esta manera, el índice de temporalidad en la administración aragonesa ha pasado del 47,1% al 48,4% en solo seis meses y la Comunidad sigue presentando una de mayores tasas en el sector público de España, cuando reducir drásticamente este porcentaje es una de las exigencias de la Unión Europea para acceder a los nuevos fondos de recuperación.
Hace ya más de veinte años que la Directiva 1999/70 de la Comunidad Europea promulgó el derecho a la estabilidad en el empleo y prohibió la contratación temporal para cubrir plazas permanentes. Sin embargo, los poderes públicos usan cada vez más una fórmula que sin embargo sancionan en la empresa privada. En el caso de Aragón, los boletines muestran que la temporalidad ha aumentado el 12,88% desde junio de 2013.
Este índice era del 35,55% en junio de 2013; superó la barrera del 40% en diciembre de 2015 (41,20%); y está por encima del 45% desde junio de 2017. Solo en dos ocasiones, la temporalidad ha bajado levemente, para volver a ascender en el siguiente semestre. El problema se ha producido con gobiernos de todos los colores políticos, tanto en tiempos de crisis como de bonanza.
En los datos más recientes por sectores, en Sanidad el número de empleados temporales supera incluso a los fijos: sobre un total de 27.909 son temporales 14.912 (53,43%). En el sector de la docencia, el dato es del 43,30%; entre las entidades de derecho público, se llega al 40,30%; y en la Administración General, se eleva al 47,43% del total. Incluso en el sector con mejores resultados, Justicia, la temporalidad supera el 24,24%, muy por encima del límite legal del ocho por ciento.
STEPA CONTRA EL ABUSO DE TEMPORALIDAD
El sindicato STEPA denuncia que el origen de esta situación está en el incumplimiento de las Administraciones de su obligación de convocar, en los plazos legales, procesos selectivos para cubrir con trabajadores fijos o de carrera las plazas necesarias. Así, miles de trabajadores llevan años e incluso décadas atendiendo servicios básicos con contratos temporales y pueden ser cesados en cualquier momento sin derecho a indemnización después de décadas de servicio en la administración..
El Estatuto Básico del Empleado Público y la normativa europea señalan que la contratación temporal tiene como fin cubrir situaciones puntuales como necesidades de refuerzos o bajas laborales y supone un abuso de temporalidad atender necesidades permanentes con empleados que no sean fijos. Por ello, STEPA estima que en la administración autonómica más de 17.000 temporales (dos de cada tres) se encuentran en fraude de ley, al haber superado el límite de tres años de contratación temporal. El sindicato reclama la fijeza inmediata de estos trabajadores mediante un acuerdo de estabilización, en cumplimiento de la normativa y jurisprudencia europea.
La temporalidad abusiva es sinónimo de precariedad y STEPA pide voluntad política decidida para solucionar este problema social, y, sobre todo, responsabilidad. “No puede entenderse que sindicatos como UGT y CSIF y partidos como el PSOE apoyen en el Ayuntamiento de Zaragoza la suspensión temporal de las convocatorias de oposiciones para defender los derechos de quienes trabajan en abuso de temporalidad, y a la vez, mantengan la postura contraria en la DGA”.
Con el resto de formaciones integradas en la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal, el sindicato recuerda que Europa ya ha avisado de que no va a tolerar más estos índices de temporalidad y que no puede entenderse que el Gobierno de España planee perseguir los contratos laborales fraudulentos en el sector privado y olvide al personal que sostiene los tan valorados servicios públicos que son garantes de igualdad en aspectos tan necesarios como la educación, sanidad, servicios sociales, etc. para que nadie quede atrás. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón ha convocado distintas y continuadas acciones reivindicativas este año en defensa de las víctimas del abuso de temporalidad, y si no se atienden sus demandas, no descarta tampoco la convocatoria de una huelga.
