Un nutrido grupo de interinos ha acudido hoy al Senado para exponer ante los diferentes grupos parlamentarios la situación de los trabajadores de las administraciones públicas que se encuentran en fraude de ley y abordar posibles soluciones.
La iniciativa, impulsada por el senador del Partido Aragonés (PAR) Clemente Sánchez-Garnica y que ha contado con representantes de todos los grupos, ha permitido a los distintos colectivos afectados, agrupados en la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal, exponer en sede parlamentaria la situación a la que se van a ver abocados en el caso de que no se encuentre una solución al problema de estos trabajadores.
Básicamente, lo que reivindican es el cumplimiento de la Directiva europea sobre trabajo temporal y de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se haga fijos a los trabajadores en fraude de ley de larga interinidad, unos 800.000 en toda España, así como la paralización de los procesos selectivos en los que se saca a concurso las plazas ocupadas por ellos.
Durante su intervención Sánchez-Garnica, tras explicar que “es la primera vez que se produce una reunión de estas características en el Senado” ha destacado que “no se trata de un problema de acceso, sino de cómo aplicar la Directiva europea interpretada por la sentencia del TJUE, que define el abuso y el efecto, y ese efecto es la sanción a las administraciones implicadas. Sin embargo, como en España no hay regulación al respecto, la única solución es la fijeza, y es una solución legal”. Además, el senador aragonés se ha mostrado de acuerdo en que “hay que frenar los procesos de estabilización”.
Una opinión compartida por el “abogado de los interinos”, Javier Arauz, que ha asegurado que la sentencia del TJUE “aboca a la fijeza” porque “los procesos de estabilización no derivan en sanción para el empleador ni compensan al trabajador abusado”, es más, suponen “sancionar a las víctimas”.
Arauz también ha recordado que estos trabajadores desempeñan sus funciones mayoritariamente “en los servicios esenciales, en urgencias, en servicios sociales o en la docencia” y ha denunciado que “exigimos a la empresa privada lo que no exigimos a la Administración”, en referencia al hecho de que la citada Directiva europea sí ha sido traspuesta al sector privado, pero no al público.
Además, ha explicado que “el Parlamento Europeo se inclina por la estabilización en estos casos” y ha recordado a sus señorías que “su responsabilidad es legislar en el sentido que marca el Parlamento Europeo”.
Desde el colectivo de interinos ha tomado la palabra varios de los afectados, incluidos algunos que se encuentran en huelga de hambre, para denunciar la situación de desprotección en la que se encuentran y exigir que se legisle “ya” sobre el asunto.
La Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal también ha convocado para mañana, jueves, una concentración en el Senado con motivo de la comparecencia del ministro de Función Pública, Manuel Iceta, en la Cámara Alta.
