Ayer el Justiciazgo entregó su informe anual a la presidenta de las Cortes de Aragón. Un mes antes que lo habitual, por el cambio de justicia el próximo mes de marzo.
En ese informe, correspondiente a la actividad de 2023, destacan los expedientes que han sido iniciados por la institución a lo largo del año. Suman 1.745 frente a los 1.721 del año anterior. Se han tramitado un total de 2.278 expedientes y se han dictado 173 resoluciones. Entre las quejas registradas, Sanidad ocupa el lugar más importante, con los retrasos en la realización de pruebas diagnósticas.
Junto a esta materia, en Servicios Sociales destacan las quejas abiertas en cuanto a los criterios económicos del IMV en consonancia con el Ingreso Aragonés de Inserción, la tramitación de los bonos eléctricos y térmicos o los retrasos en la valoración de los grados de discapacidad.
El lugarteniente del Justicia ha resaltado, posteriormente en rueda de prensa, que el lema de este informe es “Mirar a los ojos al ciudadano y pisar el territorio”, en defensa de “la necesidad de contar con una Administración que atienda al ciudadano directamente y en lo posible de forma presencial, sin que se produzca sensación de olvido o inaccesibilidad”, y que “se realice a lo largo de todo el territorio aragonés, sin discriminación alguna se vive en entorno urbano o rural”.
