El Gobierno de Aragón ha dado un paso firme en la vía judicial al solicitar formalmente su personación como parte perjudicada y, eventualmente, como acusación particular en la causa penal que investiga presuntas irregularidades en la tramitación de proyectos de energías renovables,. Esta decisión, anunciada por la Vicepresidenta Mar Vaquero tras el registro de la solicitud por parte de los servicios jurídicos, busca defender los intereses de la comunidad y de todos los aragoneses frente a unos hechos calificados como «muy preocupantes»,.
Ramificaciones nacionales y el foco en el INAGA
La gravedad del asunto reside, según el Ejecutivo autonómico, en la presunción de que esta trama tenga ramificaciones con otros casos de corrupción que afectan al Gobierno de España, específicamente los relacionados con los nombres de Ábalos, Koldo y Cerdán,. La investigación apunta a la gestión realizada por altos cargos del anterior Gobierno socialista en la pasada legislatura, particularmente a través del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA),.
La Vicepresidenta subrayó que el actual Gobierno, presidido por Jorge Azcón, no dejará de revisar «ni un solo papel» que pueda contribuir a esclarecer los hechos e identificar a los responsables, ya sean altos cargos o no. Para ello, se ha comprometido a colaborar estrechamente con la Justicia y la Policía, facilitando toda la información necesaria y evaluando la reapertura de la comisión de investigación sobre las renovables,.
Revisión de expedientes y relación con Forestalia
Ante las preguntas sobre proyectos específicos y la relación con la empresa Forestalia, Vaquero fue tajante al afirmar que el Gobierno de Aragón no ha mantenido contacto alguno con la compañía en relación con este asunto. Respecto a proyectos polémicos como el Clúster del Maestrazgo, recordó que son trámites en los que el actual Ejecutivo no participó y que se encuentran actualmente bajo supervisión judicial, por lo que mantendrán un «total respeto» a las resoluciones que se dicten.
El Gobierno también está procediendo a la revisión de todos los expedientes sospechosos que pudieran estar afectados. En este sentido, se ha destacado el cambio de rumbo en el INAGA desde agosto de 2023, que incluye una nueva dirección, el refuerzo de medios personales y un proceso de digitalización para garantizar la transparencia y la seguridad jurídica,.
Defensa de los funcionarios y transparencia
Vaquero quiso desvincular estas prácticas irregulares del trabajo de los profesionales del INAGA, denunciando que en la anterior legislatura se produjeron «purgas» de funcionarios que se negaban a participar en ciertas prácticas,. «El objetivo es que el INAGA no sea un instrumento para favorecer conductas corruptas, sino un organismo que facilite la actividad económica bajo el cumplimiento estricto de la legalidad», señaló la Vicepresidenta.
A pesar de la magnitud de la investigación, el Ejecutivo autonómico asegura que, por el momento, ninguna de las empresas con proyectos de inversión importantes en la comunidad ha trasladado una preocupación formal por el riesgo de sus operaciones debido a este proceso judicial,. No obstante, el Gobierno de Aragón reitera que su personación es una medida necesaria para garantizar que la comunidad sea resarcida ante cualquier perjuicio derivado de esta presunta trama de corrupción
