El Gobierno de Aragón y los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de la Administración General, CC.OO, UGT y CSIF, unirán sus fuerzas para poner en valor las medidas por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en relación con el acceso al empleo público en la Comunidad Autónoma de Aragón. De esta manera, reforzarán la difusión de los acuerdos y normas que protegen la identidad de las mujeres víctimas de violencia, o que están en protocolos de acoso sexual y por razones de sexo, y a las embarazadas, cuyo estado de gestación o parto les impidiera personarse en los procesos selectivos en los que hayan sido admitidas.
La decisión del departamento de Hacienda y Administración Pública y de los sindicatos pretende avanzar en las garantías de igualdad efectiva en el seno de la Administración, a la vez que erradicar cualquier rasgo de discriminación que suponga una merma de derechos de las mujeres que tratan de acceder a un empleo público.
Esta colaboración entre la Administración y los agentes sociales es más necesaria que nunca, ante los numerosos procesos selectivos que se han puesto en marcha por el Gobierno de Aragón, especialmente los que afectan a las numerosas categorías del personal laboral.
Un trabajo prioritario
Ambas partes consideran prioritario seguir trabajando para generar las condiciones que permitan alcanzar la igualdad, removiendo los obstáculos que vulneran la igualdad de trato y de oportunidades.
Una de las normas, ya acordada en el año 2018, que se pondrá en valor en esta campaña de colaboración hace referencia a la excepción del llamamiento único a las mujeres que, por su estado de gestación o por el hecho de la maternidad, no puedan realizar determinadas pruebas selectivas, o asumir los periodos de prácticas y el curso de ingreso en la función pública. ver norma
Este plan de difusión trata de generalizar entre las aspirantes que pudieran estar en una de estas situaciones, el conocimiento de determinadas leyes autonómicas que las protegen.
Informe médico
De hecho, esta excepción al llamamiento general se podrá solicitar por las embarazadas, siempre que existan razones médicas que lo acrediten, hasta la finalización de la semana 36 de gestación; a partir del primer día de la semana 37 o con anterioridad, si se hubiera producido el parto; y hasta la finalización de las seis semanas posteriores al mismo, o cuando se produzca hospitalización por motivos de embarazo, lactancia o interrupción del embarazo.
Estas medidas, recogidas en una orden del departamento de Hacienda y Administración Pública de 2019 disponen también la posibilidad de adaptar las pruebas de aptitud física y las que requieren esfuerzo físico, si coinciden con el periodo de gestación y parto de las aspirantes. En estos casos, y si han realizado el resto de las pruebas de la fase de oposición, su nombramiento como funcionarias en prácticas quedará supeditado a la superación de las pruebas pospuestas, una vez finalizado el embarazo y las seis semanas posteriores, en la fecha que determine el tribunal.
