El Gobierno de Zaragoza aprueba los pliegos para la explotación de hasta 1.200 patinetes eléctricos compartidos

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El Gobierno de Zaragoza ha dado hoy luz verde a los pliegos que regirán el otorgamiento y la explotación de patinetes eléctricos compartidos en el dominio público municipal. Se licitarán licencias para 1.200 VMP (vehículos de movilidad compartida), aunque las empresas que presenten sus ofertas deberán optar a un máximo de 600 y un mínimo de 400. Estas nuevas autorizaciones sustituirán a las actuales y tendrán una vigencia máxima de tres años, con la posibilidad de un año adicional por mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y las adjudicatarias.

Para la consejera de Servicios Públicos y Movilidad, “estos pliegos son un paso más en la consolidación de un servicio de movilidad sostenible compartida que se ha consolidado como medio de transporte personal”. Además, favorecerán “el objetivo de que Zaragoza se convierta en una ciudad con un balance neutro de emisiones en el año 2030”. Natalia Chueca ha recordado que “el diseño de la movilidad en las ciudades del futuro pasa por la progresiva reducción del uso del coche privado en beneficio del uso del transporte público, de los vehículos de movilidad personal y, por supuesto, de caminar”.

Refuerzo en la red de carriles bici, ciclocarriles y aparcamientos
Chueca ha destacado “el esfuerzo importante que hemos hecho en este último año por reforzar la red de carriles bici existente con la implantación de ciclocarriles que,
precisamente, facilitan ya los desplazamientos seguros en bicicleta y patinete a lo
largo y ancho de la ciudad. Además, se está trabajando en la implantación de nuevos
tramos de carril bici/patinete que mejorarán aún más las posibilidades de uso de
estos vehículos”

Una importante característica que diferenciará las nuevas autorizaciones de las actuales será la obligación de anclar los patinetes en un elemento fijo autorizado una vez concluya el trayecto. Para ello, precisamente, el Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Servicio de Movilidad Urbana, está desarrollando desde hace un año un ambicioso plan para la implantación de aparcamientos en calzada especialmente destinados a bicicletas y patinetes, de manera que dejen de ser un obstáculo en las aceras.

Anclaje obligatorio
Para cumplir esta premisa, los patinetes deberán incluir, entre sus elementos, un
candado físico que posibilite su correcto anclaje. Lógicamente, también deberán
cumplir con las características técnicas y de seguridad que exija la normativa vigente. La velocidad máxima no podrá superar los 25 kilómetros por hora y deberán disponer de dos frenos independientes, así como de luz frontal y trasera, display informativo sobre la velocidad y el nivel de batería, cesta o colgador para poder trasladar bolsas de pequeño tamaño (máximo 10 kilos), protección antivandálica sobre sus elementos de seguridad esenciales y un sistema de geolocalización.

Precisamente este sistema de geolocalización será parte esencial del servicio, que deberá ser gestionado a través de una aplicación para teléfonos móviles que, en la línea de las ya conocidas, permita localizar vehículos cercanos, reservarlos, desbloquearlos y utilizarlos. La información que ofrezca esa app, obviando los datos
personales, deberá ser accesible para el Servicio de Movilidad del Ayuntamiento, de
manera que se pueda controlar e inspeccionar la calidad en la prestación del
servicio.

El pliego técnico establece, como área mínima operativa para este servicio, las juntas
municipales y vecinales de Actur-Rey Fernando-Parque Goya, Casablanca, Casco
Histórico, Centro, Delicias, El Rabal, La Almozara, Las Fuentes, Miralbueno, Oliver-Valdefierro, San José, Santa Isabel, Distrito Sur, Torreo-La Paz, Universidad y Juslibol.

Las empresas adjudicatarias deberán comprometerse a ubicar un número razonable de vehículos en cada una de las juntas municipales y vecinales, con el fin de originar o descubrir nuevos focos de demanda, tanto dentro como fuera del área mínima
operativa. De este modo, se proporcionará la oportunidad de acceder al servicio a toda la ciudadanía. De hecho, los licitadores deberán realizar un estudio de demanda desde el lanzamiento del servicio.

Canon anual y seguro obligatorio
Por cada patinete en explotación, las empresas deberán pagar un canon anual de 24
euros, que se liquidará anualmente. Una vez concretada la adjudicación, las empresas tendrán un plazo máximo de seis meses para la colocación y el inicio de la explotación de la flota asignada.

Entre otras obligaciones, destaca también el establecimiento de un servicio telefónico
gratuito de atención al cliente en el que cada empresa pueda solventar las
incidencias, más allá de las que se puedan resolver a través de la app. Además, las
empresas deberán contratar una póliza de seguro que cubra los posibles daños que
pudieran derivarse de la explotación del servicio, tanto para los usuarios de éste como para otros usuarios de la vía pública y terceros en general, así como en bienes públicos y privados. El seguro tendrá una cobertura mínima de 300.000 euros.

Los pliegos también establecen otros requisitos que afectan a los vehículos de apoyo a la prestación del servicio, que deberán disponer de la etiqueta “Eco”, de la DGT, así
como al origen sostenible de la energía utilizada para la recarga de los patinetes, de
los vehículos de servicio adscritos, etcétera.

Precios asequibles y mejoras en seguridad
Entre los criterios de valoración, se dará especial importancia al precio final del
servicio para los usuarios, tanto por minuto de uso como los sistemas ofrecidos
de abonos y suscripciones. Es un objetivo importante del Gobierno que el servicio
resulte lo más asequible posible.

Asimismo, se valorará el importe económico destinado a la instalación de
aparcamientos para VMP y a realizar campañas de buenas prácticas, seguridad
vial y promoción de la movilidad sostenible, con un mínimo de 15.000 euros. También
puntuarán las características técnicas que aporten seguridad adicional a los
patinetes; la sostenibilidad en lo que respecta al ciclo de vida de los patinetes (su posterior reciclado); el uso de vehículos eléctricos para las operaciones; y el compromiso de integrar la totalidad de la plantilla con contrato indefinido.