Esta mañana ha tenido lugar en la sede del Justicia una reunión de en la que han participado el Presidente de la Asociación Asistencia a la Infancia, Agustín Abadía, así como María José Garcia y Ana María Zapatero, vicepresidenta y coordinadora de Zaragoza respectivamente junto al Lugarteniente del Justicia, Javier Hernández y el Asesor de Menores del Justicia, Andrés Esteban.
En la misma, desde esta Asociación nos han trasladado los principales problemas que están encontrando en los procesos de acogida de menores de origen ucraniano en las últimas semanas.
En primer lugar, han trasladado al Justiciazgo su preocupación por la situación de nueve menores que, habiendo sido acogidos de forma constante por familias aragonesas con anterioridad, no obtienen permiso de las autoridades ucranianas para su salida del país por tratarse de menores tutelados bien por familiares o por el Estado.
Para ello, la Institución se ha dirigido a Liudmyla Denisova, Comisionada para los Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania a fin de que pueda tomar las medidas oportunas y estos menores puedan reunirse con sus familias aragonesas de acogida.
Por otro lado, desde El Justicia se les ha facilitado la información que disponemos a través de la red de defensorías sobre los protocolos que el Gobierno de Ucrania ha desarrollado para la continuidad en el proceso educativo de los niños evacuados.
Y por último, y con el fin de supervisar la garantía de los derechos de todos los menores que están siendo acogidos, se ha procedido a abrir un expediente de oficio en el que se va a solicitar información a todas las administraciones de la situación y previsión de actuaciones en esta materia.
Especialmente en estos días, una de las dificultades se está presentando en aquellos casos en que los menores se encuentran alojados en hoteles a la espera de una residencia estable, y que a causa de ello no se produce su incorporación a su actividad educativa.
Desde el Justiciazgo se ha trasladado también la importancia de continuar con la labor de coordinación interadministrativa que ya se viene desarrollando, a fin de optimizar actuaciones y recursos, evitando un inadecuado voluntarismo sin control.
