Entre las misiones que la legislación asigna nuestra Institución destaca la defensa de los derechos individuales y colectivos de los aragoneses, a lo que hay que añadir tanto las funciones que la Ley de la infancia y la adolescencia de Aragón le específica, así como la voluntad del Justicia Dolado en potenciar desde El Justicia la denominada Defensoría del Menor.
Por ello, desde noviembre de 2019, el personal de la Institución ha venido trabajando en la elaboración de este informe especial que tiene sus antecedentes en las diversas quejas y expedientes de oficio tramitados en los últimos años, y en las noticias que todos recibíamos sobre la afección del juego en los menores.
El principal objetivo de este informe era saber si en Aragón, el aumento exponencial de casa de apuestas en nuestros pueblos y barrios, así como su presencia on line, había incidido en nuestros menores y analizar si algunas de las técnicas de marketing de las empresas de este sector se desarrollaban enfocadas a estos.
El Informe aporta diez conclusiones y diez propuestas que anexamos al final, pero la lectura completa del mismo lo primero que denota es una diferencia total entre los datos que nos ofrecen las estadísticas; oficiales o fruto de estudios monográficos, con los arrojados por las inspecciones de las autoridades, e incluso, por los datos de nuestro pequeño muestreo emprendido por la Institución e interrumpido por la pandemia.
Según los datos del Estudio de la Universidad de Zaragoza «Juego de azar y apuestas en jóvenes y adolescentes en Aragón» dirigido por la profesora Yolanda López del Hoyo, en nuestra Comunidad, con 50.000 jóvenes entre 14 a 17 años, nos encontramos con casi un 20 % de jugadores presenciales (9.500) y un 10% on line (4.727).
Sin embargo, frente a esos datos, en todo nuestro territorio, sobre 142 locales de juego, las infracciones sobre menores fueron 5 en 2017, 5 en 2018 y 0 en 2019.
En términos económicos, en 2019, el sector del Juego en Aragón ingresó 42 millones de euros a las arcas públicas, produjo 1.100 puestos de trabajo y dedicó 3 millones de euros para su prevención a través del III Plan de adicciones.
Se impone, por tanto, una necesaria coherencia a la hora de abordar el juego y sus consecuencias.
Somos conscientes de que resulta complicado conjugar la libertad individual de los ciudadanos, la del mercado actuando dentro de la legalidad, con la imprescindible prevención de un problema de salud que afecta a miles de ciudadanos cada año.
Pero lamentablemente, si algo hemos aprendido en los últimos meses es que el derecho a la salud debe primar, porque sin él, difícilmente podremos ejercer aquellos otros que consideramos esenciales.
Por ello, y ante la pregunta de cómo proteger a menores y otros grupos vulnerables y mantener el sector económico que genera el juego, hemos encontrado respuestas como la de nuestro aragonés, el profesor Mariano Chóliz, quien ejerce como docente e investigador en la Universidad de Valencia y que defiende el cambio de paradigma desde el concepto de «Juego responsable» hacia lo que se ha venido en denominar «Juego ético».
En las conclusiones del presente Informe esperamos encuentren respuestas y propuestas que además puedan ser útiles en la reforma de la ley del Juego que Gobierno y Cortes de Aragón van a acometer en los próximos meses.
La importancia de la temática abordada y esta reforma inminente han hecho que a pesar de la situación actual no hayamos aplazado la ejecución de este Estudio, y al contrario hayamos buscado un enfoque más amplio.
