De sobras es sabido que la propiedad del Real Zaragoza tiene controlada la situación económica, siempre dentro de las lógicas apreturas y con una política de contención que garantice el cumplimiento de las obligaciones que tiene comprometidas el club tanto en virtud del concurso de acreedores como del pago del convenio singular que se firmó con Hacienda.
Al margen de los gastos ordinarios, normales en cada entidad, el Real Zaragoza debe hacer frente, en los próximos meses, dos desembolsos importantes. De un lado, la cantidad que tiene comprometida con el Juzgado de lo Mercantil nº 2 por el concurso de acreedores, que este año será de 2,44 millones de euros y, por otro lado, deberá afrontar el pago de la cuota firmada con la Hacienda Tributaria según el convenio singular rubricado hace tres años. Y ese pico será de 1,2 millones de euros.
En total, estamos ante 3.640.000 euros. Se trata de unos pagos inaplazables. Indiscutibles. Si no se atienden, suponen causa de liquidación.
El club los tenía atados. Toda su economía gira al cumplimiento escrupuloso de los referidos plazos y no existía preocupación al respecto. Eso si, la situación ha cambiado con el aplazamiento de la liga como consecuencia de la crisis del COVID. Estaríamos, de entrada, con un
Se calcula que al Real Zaragoza le resta por cobrar 2,1 millones de euros que podrían no llegar y, si lo hacen, podrían no llegar a tiempo.
La aplicación de un ERTE al personal del club y la rebaja de salarios de la plantilla es una de las medidas diseñadas por el departamento económico de la SAD
