“Marcar con una x la casilla solidaria de la declaración de la renta se convierte automáticamente en apoyo a un proyecto social. Por ejemplo, en 2020, gracias a la recaudación de 9,3 millones de euros por esta vía, se pudieron financiar programas de comedores sociales, alojamientos temporales para familias en riesgo de exclusión, farmacia solidaria o apoyo integral a familias con refuerzo escolar, entre otras muchas iniciativas”. Así ha evidenciado la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón la repercusión que este gesto –que no supone gravamen alguno para el contribuyente- puede tener en los Servicios Sociales. María Victoria Broto ha ofrecido estas explicaciones en el transcurso de una rueda de prensa, junto a la Plataforma del Tercer Sector, encaminada a difundir este mensaje a la sociedad, coincidiendo con el desarrollo de la campaña de la renta.
En esta línea, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Francisco Galán, ha indicado que “es muy importante el compromiso del ciudadano con sus impuestos y los servicios que se presentan para las personas más vulnerables” y ha añadido que “el tercer sector de acción social es un motor imprescindible para que las personas vulnerables puedan integrarse con pleno derecho. Es un aliado excepcional entre la ciudadanía y la administración”. Tanto la consejera como el presidente de la Plataforma han recordado que marcar la casilla de fines sociales no incrementa el pago que tenga que hacer el contribuyente, sino que garantiza que el 0,7% de su aportación va destinada a estos proyectos. Del mismo modo, ha recordado Galán, marcar esta casilla “no es incompatible con incluir la de la Iglesia”.
La consejera ha recordado, además, que el Boletín Oficial de Aragón acaba de publicar las subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF, que este año 2021 ascienden a 8,5 millones de euros y a la que las entidades ya pueden presentar sus proyectos. Tal como se ha venido haciendo durante estos años, a esta convocatoria pueden presentarse tres modalidades: programas de atención a personas con necesidades de integración sociosanitaria; programas de atención a las personas con necesidades educativas o de inserción laboral; o proyectos de inversión destinados a financiar obras y equipamientos en establecimientos y centros de atención a personas mayores y personas con discapacidad. Dentro del primer bloque pueden incluirse proyectos de promoción de la inclusión social; para familias que viven en situaciones de conflicto; para personas sin hogar o promoción de la autonomía personal, entre otras situaciones. En el segundo se prevén iniciativas destinadas a promover los derechos de la infancia o la inserción de los jóvenes en situaciones de dificultad, entre otros; y, en el tercero, entrarían programas para la promoción y adecuación de establecimientos y centros de atención a personas mayores y personas con discapacidad.
En 2020 la asignación por esta vía a Aragón fue de 9,5 millones de euros, una vez acordada la cuantía definitiva resultante del correspondiente acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para 2020. Este monto, como se ha citado, permitió implementar programas de atención directa a los ciudadanos, como la atención a adolescentes e infancia en riesgo de exclusión, orientación familiar, fomento de la autonomía personal, ocio inclusivo o atención psicosocial, entre otros muchos.
