La Junta Arbitral de Consumo de Aragón ha anunciado que durante el primer semestre de 2026 ha logrado resolver el 85% de los conflictos presentados en un plazo máximo de cuatro meses. En total, se han recibido 490 solicitudes de arbitraje, lo que demuestra un aumento en la confianza de los consumidores aragoneses en este mecanismo extrajudicial de resolución de disputas.
Qué se ha anunciado
Carmen Herrarte, directora general de PYMES, Autónomos, Comercio Interior y Consumo del Gobierno de Aragón, destacó que se han resuelto 522 expedientes, de los cuales 305 se concluyeron mediante laudos arbitrales y 217 por mediación. Este sistema permite a las partes llegar a un acuerdo sin necesidad de que un colegio arbitral emita un laudo, lo que agiliza el proceso y reduce la carga judicial. Herrarte subrayó que cada expediente resuelto representa un ahorro de tiempo y dinero tanto para los consumidores como para la administración de Justicia.
El arbitraje es un proceso voluntario que requiere la aceptación de las empresas implicadas. Sin embargo, 163 reclamaciones fueron archivadas debido a la falta de aceptación por parte de las empresas, lo que deja abiertas otras vías de reclamación para los consumidores.
A quién afecta la medida
El mayor número de reclamaciones se ha concentrado en el sector de suministros de energía, que incluye electricidad y gas, con un total de 175 solicitudes. Las telecomunicaciones fueron el segundo sector más demandado, con 111 reclamaciones. Otras áreas de interés incluyen el transporte ferroviario y los servicios de reparación de vehículos. La adhesión de grandes compañías a este sistema de arbitraje proporciona a los consumidores una vía más accesible y rápida para resolver sus conflictos tras no recibir respuestas satisfactorias de sus servicios de atención al cliente.
Este sistema no solo beneficia a los consumidores, sino que también otorga a las empresas adheridas un distintivo de confianza, mejorando su imagen y fomentando la fidelización de sus clientes. Actualmente, la Junta Arbitral cuenta con un censo de 5.736 establecimientos y empresas que han optado por este sistema, lo que demuestra su creciente aceptación en la comunidad aragonesa.
La Junta Arbitral de Consumo de Aragón se presenta como una alternativa viable a los tribunales, ofreciendo un servicio gratuito que busca resolver conflictos de manera rápida y efectiva, lo que es especialmente relevante para los consumidores que enfrentan dificultades con empresas en sectores clave de la economía.
Esta información se ha elaborado a partir de una comunicación remitida a Diario Aragonés y ha sido editada y revisada por la redacción. Fuente: Gobierno de Aragón.