“Durante esta pandemia los servicios sociales, que son derechos universales y que son derechos subjetivos, han estado cerrados. No se ha dado ni una nueva alta en Dependencia, ni en Discapacidad ni en Atención Temprana. Son derechos y deben estar al servicio de los ciudadanos y sobre todo de los más desfavorecidos”, manifestó esta mañana Marian Orós, portavoz de Ciudadanía en el Parlamento regional que reclamó al Ejecutivo aragonés que “además de la desescalada en residencias y en general, el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales debería buscar su propio plan para volver a reactivar todos esos servicios que en su momento se cerraron”.
Orós concretó su propuesta de reiniciar progresivamente los procedimientos de altas para sectores de la población especialmente vulnerables como las personas dependientes, con discapacidad o los niños que precisan de atención temprana. Unos grupos que el Ejecutivo autonómico coincide con los populares en considerar como prioritarios y que debido a la concentración de esfuerzos para afrontar la COVID-19 “deben recuperar la atención de la Administración regional”. La clave, apuntó la parlamentaria, no está tanto en la situación actual de inicio de crisis social y económica, sino “en lo que viene a partir de ahora para los más vulnerables”.
En línea con otras iniciativas positivas trasladadas por Marian Orós al Gobierno autonómico desde que se decretará el estado de alarma la portavoz popular sugirió hoy la posibilidad de actualizar el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) a las nuevas circunstancias derivadas del coronavirus mediante la ampliación de su cobertura, al considerar que “mucha gente no podrá aguantar el retraso que acumula el debate de las diferentes propuestas para la creación de una renta mínima“, una propuesta que llevará al pleno de las Cortes de Aragón para su debate “porque no podemos esperar a que en Madrid Podemos y el PSOE se pongan de acuerdo”.
Recordó al Gobierno de Aragón la obligación que tiene de analizar un plan de choque para las residencias aprobado en el Parlamento autonómico a iniciativa de los populares en el mes de abril, anunció el debate para el próximo pleno de un plan de contingencia frente al coronavirus para las residencias de personas mayores que plantea la utilización del principio de prevención, la formación de los profesionales y el interlocutor único para mejorar la coordinación del Departamento de Sanidad con los centros residenciales y, finalmente, pidió “el respaldo a un paquete de medidas para ayudar a los que van a quedar más dañados, a los de esta crisis sanitaria que va a derivar en una profunda y dolorosa crisis social y económica son más vulnerables”.