El Gobierno de Aragón seguirá impulsando la transformación digital de la administración para mejorar los servicios públicos y poner a la ciudadanía en el centro de todas las acciones. Esos son los objetivos del nuevo Plan Estratégico de Servicios Digitales de Aragón, que ha presentado hoy la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, y en cuyo desarrollo se invertirán 22,9 millones de euros hasta 2025.

El documento –fruto del trabajo de Servicios Digitales de Aragón (SDA)- presenta seis objetivos estratégicos y contempla más de 160 actuaciones para mejorar, mediante las tecnologías y el diseño, la experiencia de la ciudadanía cuando usa los servicios públicos del Ejecutivo autonómico.

Persigue además promover la cultura de la innovación y ayudar a transformar a la administración en una organización más digital y centrada en las personas, con nuevas formas de hacer las cosas y aportando soluciones sencillas y eficientes para poner las cosas fáciles a la ciudadana en su relación con la DGA.

“El plan responde al momento que vivimos tras la tormenta que ha supuesto la pandemia, y que ha hecho que todo gire en torno a lo digital; y pone a las personas en el centro de la estrategia y de los servicios públicos, con el objetivo de facilitar el acceso de la ciudadanía a la administración”, ha destacado la consejera.

Para Díaz, es necesario que “la transformación digital de la que tanto hablamos traspase las puertas de la administración y permita mejorar los servicios públicos, haciendo más sencilla y eficiente la relación de la ciudadanía con la misma”.

Además, según ha dicho, el plan ayudará a “simplificar la tramitación y a reducir burocracia”, al tiempo que “garantizará la seguridad de la información y la privacidad de los datos”.

Durante la presentación, que ha tenido lugar en el auditorio del Edificio Caixafórum, la consejera ha estado acompañada por el director general de Administración Electrónica y Sociedad de la Información, Ricardo Cantabrana, y por los responsables de Servicios Digitales de Aragón.

El plan, según han explicado, incorpora seis grandes objetivos:

• Ofrecer una experiencia de servicio público satisfactoria para que las personas sientan que es útil y orientado a sus necesidades. Para ello, se invertirán 4,9 millones.
•  Impulsar la transformación de los servicios públicos, promoviendo procesos de cambio internos para solucionar los problemas de las personas. Irán destinados 1.435.000 euros.
•  Proporcionar servicios públicos digitales, eficientes y sencillos, con herramientas digitales accesibles, entendibles y de fácil interacción. El presupuesto, en este apartado, es de 5,55 millones.
• Progresar en la digitalización de la administración y mejorar su eficiencia, para simplificar la burocracia (8,9 millones)
•  Garantizar la seguridad de la información, la privacidad y la protección de los datos (1, 65).
•  Ganar reputación como organización dedicada a la tecnología y el diseño y habilitadora del cambio (475.000)

Y prevé el desarrollo de cinco grandes proyectos:

• Carpeta ciudadana de Aragón: será un punto único de intercambio de datos, documentos y expedientes con cada persona que se relaciona con la administración. Centralizará los diferentes documentos y datos que posee el Gobierno de Aragón y contendrá las notificaciones y los trámites de las personas. También incluirá espacios específicos por cada una de las necesidades que la ciudadanía pueda tener, segmentará a las personas para que tengan acceso a aquellos asuntos que les interesan y devolverá a los usuarios la capacidad de decidir qué puede hacer la administración con sus datos. En resumen, clarificará a la ciudadanía su relación con el Gobierno de Aragón, personalizará los servicios y dará comodidad en la gestión del día a día.
•  Plataforma de gobernanza de datos: esta nueva herramienta permitirá a las distintas unidades administrativas compartir datos de forma segura y evitar a la ciudadanía tener que presentar documentación, que ya obre en poder de la administración, a la hora de hacer trámites. Además, permitirá a las personas controlar los datos que la Administración posee de ella y el uso que de ellos se realiza.
•  Rediseño y simplificación de servicios públicos: se pretende simplificar la tramitación administrativa y reducir las obligaciones con las que se carga las personas a la hora de realizar cualquier trámite. Se reducirá el tiempo que la ciudadanía necesita para relacionarse con la administración al estar mejor organizados los flujos de tramitación, disminuirán los documentos y datos a aportar al tener una visión unitaria del servicio, y mejorará la satisfacción general de la ciudadanía, ya que se diseñarán los servicios públicos con su colaboración. Entre otras medidas, se replantearán servicios de principio a fin, se incorporarán ‘momentos vitales’ que generan interacciones con la administración, se mejorarán tiempos en el tramitador online, se implantarán sellos que informen a la ciudadanía de la dificultad de los trámites y se medirá la experiencia y satisfacción de los usuarios.
•  Mejora de la gestión en la tramitación, con el gestor de expedientes: se ofrecerá un servicio más eficiente a la ciudadanía gracias al primer proyecto integral de administración electrónica inteligente y basado en el dato del país. Incorpora técnicas de Inteligencia Artificial y analítica del dato para simplificar y automatizar los procesos más mecánicos. Mejorará la eficiencia del trabajo de los empleados públicos gracias a la capacidad de realizar tareas masivas y a la creación de un punto único de gestión, se homogeneizarán los procesos gracias a la recomendación de tareas más eficientes y se ganará tiempo en la organización para que el personal público pueda dedicarse a la realización de otras tareas de valor.
•  Automatización de procesos: se comenzarán a implantar procesos automatizados dentro del contexto del Gestor de expedientes. Ayudará a la mejora de la eficiencia de los trabajadores públicos al establecerse acciones automáticas que puedan programarse. Y generará un marco de confianza con la ciudadanía al crearse de forma pública y transparente un repositorio con las actuaciones automáticas del Gobierno de Aragón.

Tras las intervenciones institucionales ha dado comienzo una jornada técnica, cuya primera parte se ha centrado en reflexionar en torno al diseño en la administración pública. Han participado el director creativo del Ayuntamiento de Barcelona, Nacho Padilla; la directora de diseño de servicios y experiencia del Publictech Lab del Instituto Empresa, Beatriz Belmonte, y el director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, Andrés Harto.

Posteriormente, los integrantes del equipo de Servicios Digitales de Aragón, con los jefes de servicio Jose Subero y Jesús Díez a la cabeza, han presentado algunos de los casos de éxito más recientes en los que han trabajado -como la implantación del sistema de cita previa (con más de 15.000 citas al mes), la simplificación en el pago de deudas o en la justificación de subvenciones, o el ahorro de tiempo en la tramitación online- y han explicado en profundidad las líneas de actuación contenidas en el plan.

Ciudadanos ha reprochado al Gobierno de Aragón la baja ejecución del presupuesto de este año; al tiempo que ha lamentado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “está generando incertidumbre con sus cifras macroeconómicas” y eso influye negativamente a la hora de confeccionar y ejecutar las cuentas autonómicas.

El portavoz de Hacienda de Cs, José Luis Saz, ha recordado que el desajuste en la ejecución del presupuesto ronda los 400 millones. “De nada sirve tener los presupuestos con más cuantía de los últimos años si luego la ejecución es también la peor”, ha matizado el parlamentario liberal respecto a las cuentas actuales, quien ha instado al Gobierno de Aragón a mejorar estos datos en el último mes del año agilizando alguna inversión o transferencia corriente.

En ese sentido, Saz ha mostrado especial preocupación por la ejecución de inversiones propias, puesto que el capitulo 6 apenas alcanza el 65%. “Este capitulo es un indicador que nos indica si un presupuesto es solvente o no. En este caso, la respuesta es clara”, ha añadido. El portavoz de Cs ha recordado que en el capitulo 4, correspondiente a las transferencias a familias y pymes, también existe una inejecución importante.

Asimismo, el diputado liberal ha incidido en que el Gobierno de España “está generando incertidumbre con sus cifras macroeconómicas” y eso influye negativamente a la hora de confeccionar y ejecutar las cuentas autonómicas. “Este año se han modificado las previsiones del PIB varias veces. El último informe de la AIREF indica que el retraso en el plan de reformas español que se ha enviado a Bruselas ha provocado una caída en la previsión del PIB de un punto y medio”, ha explicado.

Por ello, ha lamentado que la “lentitud e ineficacia” del Gobierno esté perjudicando la recuperación del PIB, por lo que ha instado al Ejecutivo de Javier Lambán a “alzar la voz en Madrid para que la gestión de los fondos europeos se acelere”. El objetivo, según Saz, debe ser “evitar que esta dinámica se traslade a 2022. “Los fondos europeos beneficiarán a los países que los ejecuten pronto y bien, por lo que toca mejorar si queremos salir de la crisis cuanto antes”, ha concluido.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) realizará en Aragón 20.487 inspecciones en el año 2022 -3.400 de ellas en Huesca, 1.675 en Teruel y 15.412 en Zaragoza-, distribuidas en 96 líneas de trabajo o campañas diferentes. Así lo ha aprobado esta semana la Comisión Operativa Autonómica, el órgano de cooperación entre la Comunidad Autónoma y el Estado en esta materia, integrado por representantes de ambas Administraciones, que se encarga de fijar e impulsar los objetivos y programas de la Inspección a desarrollar en nuestro territorio y que está presidido por el departamento de Economía, Planificación y Empleo.

Según lo acordado, este próximo año las inspecciones se orientarán a detectar y actuar sobre los problemas que afectan de forma directa a las personas trabajadoras en un contexto de recuperación, vigilando la aplicación real de las medidas de prevención de riesgos por las empresas, detectando los supuestos de impagos de salarios y las condiciones de trabajo precarias que reducen la protección social a la que tienen derecho.

Igualmente se incorporan las previsiones de la actividad que se desarrollará en la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el trabajo no declarado o economía irregular, mediante la aplicación de técnicas avanzadas de análisis de datos, la detección de entramados jurídicos cuyo objetivo es aplicar condiciones inferiores en el trabajo y la erradicación de cualquier forma de trabajo no reconocido o de precariedad.

Prevención de riesgos

En materia de prevención de riesgos laborales, se prevé desarrollar 4.467 inspecciones en todos los sectores y zonas de Aragón, incluyendo un plan de choque contra la siniestralidad mortal, que analizará las causas de los accidentes de trabajo en nuestra Comunidad y las empresas que tienen mayores tasas de siniestralidad. Además, se exigirá a todas las empresas que realicen una correcta investigación de los daños que sufren los trabajadores y se realizará un especial seguimiento de las deficiencias detectadas en las visitas para que la prevención de riesgos sea eficaz.

Para 2022 se mantienen también 200 controles para el cumplimiento de las medidas de salud pública frente al Covid-19 en los centros de trabajo. Se iniciarán las revisiones de las evaluaciones de riesgos para que incluyan los riesgos psicosociales y se mantiene la intensidad en las visitas del sector de la construcción, incrementándose la vigilancia como consecuencia de la incorporación en Aragón de cuatro nuevos Subinspectores de Seguridad y Salud, cuya actuación se centra exclusivamente en la vigilancia sobre el terreno de las condiciones materiales de seguridad.

Relaciones laborales

Otras 4.394 inspecciones a realizar en 2022 estarán enfocadas al control de las relaciones laborales. El 25% de esos controles se realizarán para examinar los contratos temporales, formativos y a tiempo parcial, con la finalidad de detectar el uso indebido de los mismos o para puestos de trabajo estables, directamente o a través de una empresa de trabajo temporal; y 659 inspecciones se centrarán en examinar las condiciones de jornada de trabajo, el registro de la misma día a día y las horas extraordinarias, fijándose también como prioridad la detección y pago de salarios inferiores a los legalmente exigibles.

Se mantiene también el apoyo de la Inspección a la dirección general de Trabajo, Autónomos y Economía Social en la tramitación de los ERTE ordinarios y Covid-19 y se iniciarán las inspecciones para comprobar la aplicación de la Ley sobre trabajo a distancia y la adaptación de los planes de igualdad a las normas sobre igualdad retributiva y la obligación de negociación en las empresas. Por otro lado, la colaboración entre la ITSS y el INAEM permitirá el control de las subvenciones que se conceden para garantizar la estabilidad en el empleo y el cumplimiento por las empresas de la obligación de contratar trabajadores con discapacidad, alcanzando a todas las que en Aragón no cumplen con este mandato legal, cualquiera que sea su tamaño.

Lucha contra el fraude

Para 2022 también se han aprobado un total de 10.830 expedientes relacionados con la lucha contra el fraude en Seguridad Social y el trabajo no declarado total o parcialmente. El 50% de los controles en este ámbito se orientan a la detección del trabajo no declarado, que se priorizarán en los sectores, actividades y horarios en los que se detectan mayores índices de trabajo irregular, por no estar dados de alta, no tener autorización para trabajar, o no reconocerse la jornada realmente ocupada. Se prevé que se puedan alcanzar los 2.000 trabajadores detectados y regularizada su situación laboral.

Además, se han acordado 348 inspecciones para la revisión de las exoneraciones de cuotas y la aplicación de los ERTE y 407 controles para evitar el fraude en las prestaciones de Seguridad Social; e igualmente se continuará con la detección de la cotización indebida de salarios, la correcta aplicación de los convenios colectivos, la existencia de empresas ficticias o empresas “buzón” y la lucha contra el fraude en las ayudas públicas de empleo y formación para el empleo.

Para la consecución de los objetivos indicados, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuenta con el Plan Estratégico nacional aprobado el día 16 de noviembre por el Consejo de Ministros, que pretende modernizar este organismo clave para la defensa de los derechos laborales. El objetivo es conseguir una inspección de trabajo reforzada e innovadora, adaptada a nuestro tiempo y que defienda los derechos de los trabajadores.