La declaración de zonas de mercado tensionado y la dimensión del parque público marcaron una de las principales diferencias del debate sobre la Ley de Vivienda de Aragón. El PP confirmó en las Cortes su rechazo a utilizar esa figura, mientras PSOE, CHA e IU reclamaron más herramientas de intervención para facilitar el acceso a una vivienda.
La representante popular defendió que la realidad aragonesa requiere soluciones propias y que el camino elegido por el Gobierno consiste en incrementar la oferta. Su intervención vinculó esa estrategia con la construcción de vivienda protegida y de alquiler asequible, la movilización de suelo, la rehabilitación y la colaboración público-privada.
El PSOE cuestionó que construir más sea suficiente para garantizar el acceso. Reclamó conocer quién podrá optar a esas viviendas, a qué precio y durante cuánto tiempo permanecerán protegidas. También criticó que el proyecto no desarrolle con suficiente intensidad medidas sobre alquileres, vivienda vacía y uso turístico.
IU situó la especulación en el centro de su diagnóstico. La formación defendió ampliar el parque público mediante distintas vías, incluida la compra de inmuebles y la recuperación de programas de mediación entre pequeños propietarios e inquilinos. Su propuesta pasa por una protección permanente y una gestión pública del parque residencial.
CHA incidió en la necesidad de concretar objetivos y recursos. Además de reclamar alquiler asequible y apoyo a la emancipación, advirtió de que la promoción de vivienda en Zaragoza no debe implicar la renuncia a los equipamientos que necesitan sus barrios. Para los pequeños municipios pidió financiación y asistencia técnica que permitan recuperar casas cerradas o deterioradas.
Aragón-Teruel Existe introdujo una advertencia territorial: concentrar las promociones en las ciudades puede, a juicio de la formación, favorecer el desplazamiento de población desde el medio rural. Reclamó acompasar las actuaciones y reforzar la rehabilitación, en lugar de aplicar una misma respuesta a realidades diferentes.
Vox defendió, por su parte, menos burocracia, más suelo disponible e incentivos fiscales. Añadió como prioridades la protección del propietario, la exclusión de quienes ocupan ilegalmente de las ayudas de vivienda social y el denominado principio de prioridad nacional. Son posiciones planteadas para la tramitación del proyecto, no medidas que esta votación haya convertido por sí sola en derecho vigente.
El PP aseguró además que volverá a presentar una enmienda para blindar el parque público. La discusión sobre ese compromiso y sobre las restantes propuestas continuará durante la tramitación parlamentaria.
Fuente: sesión plenaria de las Cortes de Aragón del 10 de septiembre de 2026. Grabación de la Mediateca de las Cortes de Aragón.