La propuesta del portavoz popular de Vertebración del Territorio, Joaquín Juste, surge tras los casos delictivos en María de Huerva, Cuarte, Cadrete y Nuez de Ebro
Las Cortes de Aragón aprobaron esta tarde una propuesta legislativa para defender a los propietarios de viviendas de la ocupación ilegal de sus inmuebles. La iniciativa presentada por el Partido Popular que contó con el respaldo de PSOE, Ciudadanos, Vox, CHA y PAR pero con el rechazo de Podemos, es una llamada al Gobierno de España para que reforme la actual ley nacional hacia una reducción importante de los plazos tanto para la actuación policial como la judicial en la resolución de este tipo de delitos.
Joaquín Juste portavoz de Vertebración del Territorio de los populares aragoneses señaló en la defensa de la proposición no de ley que “la ocupación ilegal de viviendas se ha incrementado sustancialmente en algunos municipios aragoneses durante los últimos meses, y tenemos ejemplos en poblaciones cercanas a Zaragoza como Cadrete y María de Huera donde esa ocupación ha provocado las lógicas protestas de los propietarios, pero también el rechazo de los vecinos que se han visto obligados a movilizarse para expresar su descontento”.
El apoyo del Partido Popular a los vecinos en su lucha contra la ocupación ilegal de viviendas tiene sus antecedentes legales en una proposición de ley orgánica registrada en julio de 2020 en el Congreso de los Diputados contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y de las cosas en las comunidades de vecinos. Esta iniciativa pretende sustituir a la actual ley que fue aprobada en 2018 conocida como de ‘desahucio exprés’, que si bien agilizó los trámites administrativos y judiciales se ha demostrado insuficiente en la defensa de los derechos de los propietarios, “porque tenemos que respetar la propiedad privada. ¿Qué pasa con la gente que después de trabajar toda la vida ha decidido invertir en una vivienda para tener un complemento?, o alguien que nos vea desde fuera de España y que quiera invertir en la compra de una vivienda ¿lo va a hacer si piensa que se la pueden ocupar?”.
La reforma propuesta por los populares al Gobierno de España tiene como puntos de partida acortar los plazos y evitar la dilación excesiva que actualmente sufren los legítimos titulares de las viviendas para recuperarlas y, en esencia, supondría que la acreditación de la titularidad del inmueble debería demostrarse en las doce primeras horas de iniciado el trámite de denuncia, y si no existe tal acreditación en un plazo de 24 o 48 horas se procedería a la ejecución del desahucio.
FRAGMENTACIÓN ANTE EL DETERIORO DE LOS SERVICIOS SOCIALES
La fragmentación social derivada de la crisis sanitaria, económica y de empleo generada por el coronavirus es, apuntan en el Partido Popular, parte del origen de la ocupación ilegal de viviendas por particulares sin recursos pero también esta originada por la falta de respuesta de los gobiernos, “creo que a las personas vulnerables tenemos que buscarles una salida. Tiene que haber ayudas al alquiler, pero ayudas al alquiler que se paguen ya, que no se tarde ocho meses, diez meses. Tenemos que procurarles un recurso social suficiente, un mínimo vital, que los servicios sociales estén a la altura de las circunstancias”.
Joaquín Juste también aludió a la existencia de grupos organizados como principales actores de la ocupación ilegal, para lo que el Partido Popular en las Cortes Generales ha venido reclamando una actuación decidida del Ministerio del Interior.
