Pilar Cortés acusa a PSOE y Podemos de utilizar la Educación para “iniciar un proceso de ruptura social”
La portavoz popular de Educación critica al gobierno Sánchez por no escuchar ni a la comunidad educativa ni contar con la demanda social
El Partido Popular respaldará las reivindicaciones de las familias y de los docentes de la enseñanza concertada en la manifestación convocada para el próximo domingo, confirmó esta mañana la portavoz de Educación de los populares aragoneses en el Parlamento autonómico, Pilar Cortés, que criticó “el proceso de ruptura” iniciado por PSOE y Podemos en la modificación de la actual ley llevada al Congreso sin consultar a la comunidad educativa, “es un proyecto que nace con una absoluta falta de diálogo y consenso solicitado por el conjunto de la sociedad, y que ni siquiera ha sido informado por el Consejo de Estado”.
Para los populares aragoneses el proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE) nace con un serio déficit democrático al que se le sumará otro de carácter legal debido a que, explicó la diputada, el texto parte de supuestos inconstitucionales al obviar “los dos pilares del modelo constitucional educativo, proclamados en el artículo 27.1 de la Constitución española, son el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Ambos gozan de la máxima protección jurídica que nuestro ordenamiento constitucional otorga”.
La portavoz popular de Educación recordó que cerca de un 30% de familias aragonesas optan por la enseñanza concertada en Aragón que, de aprobarse finalmente la ley, verán suprimido su derecho a la elección del colegio para sus hijos, “la desaparición de la ‘demanda social’ determina que serán las administraciones educativas quienes realizarán la programación de la enseñanza sin tener en cuenta uno de los factores implicados. En este caso, los padres”, hasta llegar al punto de “hablar de ‘signar centro educativo’ en vez de ‘elegir centro educativo’ tal y como propone Podemos”.
Las consecuencias de la conocida como ley Celaá serán, a juicio de los populares, diecisiete sistemas educativos diferentes, la pérdida del castellano como lengua vehicular, la renuncia a las enseñanzas comunes y a las pruebas diagnósticas de evaluación de ámbito nacional, el desistimiento de un sistema estatal de selección y formación del profesorado y, lo que más preocupa al Partido Popular “deniegan la posibilidad actual de presentar las solicitudes de admisión en los centros educativos, de elección de las familias. Se realizará en comisiones de escolarización” lo que supone, afirman, suprimir la enseñanza concertada para sustituirla por “un incremento progresivo de puestos escolares en la red pública”.
