El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno este miércoles al anteproyecto de Ley de Economía Social, elaborado en colaboración con el propio sector, que comienza ahora su periodo su tramitación con el fin de establecer una coordinación y dotar al sector de un plan de impulso que recoja las medidas y políticas públicas en esta materia para lograr la máxima eficiencia. Para ello, el anteproyecto de ley se basa en tres aspectos claves. El primero de ellos es el reconocimiento, impulso y fomento de las entidades sociales de Aragón en todos los ámbitos de la sociedad aragonesa, con especial atención al educativo, al medio rural y al empleo, poniendo en valor este sector económico. En segundo lugar, permite coordinar e instrumentar las políticas y medidas de apoyo, incluidas las económicas y las dirigidas a reducir progresivamente las cargas administrativas y burocráticas que dificultan la creación de empresas y entidades del sector y que se recogerán en un Plan Aragonés de Impulso de la Economía Social. Y, en tercer lugar, la norma apuesta por integrar el sector, hasta ahora disperso, impulsando la creación del Consejo de la Economía Social de Aragón, que permitirá aportar soluciones y estimular la dinamización del autoempleo y el emprendimiento. Subvenciones para infraestructuras con cargo al FITE Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado la tramitación anticipada de las subvenciones para infraestructuras municipales con cargo al FITE, unas inversiones por valor de 7 millones de euros. Además, se han simplificado los requisitos formales a los ayuntamientos para facilitar la ejecución de los proyectos, lo que permitirá que en cuanto el acuerdo se publique el acuerdo, en los próximos días, los ayuntamientos puedan presentar los correspondientes proyectos dentro de esta línea del FITE 2019. Debido a su carácter plurianual, los proyectos de esta convocatoria puedan ser ejecutados hasta el 31 de diciembre de 2022. El FITE para infraestructuras municipales cuenta con la particularidad de ser un tipo de subvenciones destinadas a favorecer la riqueza y el impulso de actividades, tanto económicas como sociales, en los municipios. Son ayudas dirigidas a multitud de acciones, desde actuaciones en materia de turismo o servicios, pasando por los servicios municipales como la mejora de instalaciones deportivas, centros sociales, bares, viviendas para nuevos pobladores o polígonos industriales. La nueva convocatoria está abierta a cualquier tipo de inversión para obras o equipamientos en materias que sean competencia de los municipios beneficiarios. Dos millones de la DPH y la DPT para colaborar en la Estrategia de Recuperación El Consejo de Gobierno ha aprobado también esta mañana la firma de sendos convenios entre el Gobierno de Aragón y las Diputaciones Provinciales de Huesca y Teruel para la participación de las entidades provinciales con un millón de euros cada una en la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica. Estos convenios se suman al aprobado en el último Consejo de Gobierno, en este caso con la Diputación Provincial de Zaragoza, que aportará a la estrategia 5 millones de euros. Los convenios aprobados hoy se enmarcan en el protocolo de colaboración que suscribió el Ejecutivo autonómico el pasado 9 de julio con las tres Diputaciones Provinciales para conceder ayudas por los efectos del coronavirus de manera territorializada. Las actuaciones que se financiarán corresponden a ayudas al comercio, turismo, autónomos y emprendedores, fomento del empleo y apoyo a pymes y autónomos del ámbito cultural. Atención a la salud mental infanto-juvenil y los trastornos de conducta alimentaria El Consejo de Gobierno, asimismo, ha autorizado al Departamento de Sanidad la celebración del contrato y el expediente de contratación relativo al “Acuerdo Marco para la atención en recursos específicos para salud mental infanto juvenil y para trastornos de la conducta alimentaria”. A través de él se procederá a la selección de empresarios y el establecimiento de las condiciones que regirán los contratos derivados para la atención en recursos específicos, con un plazo de vigencia de cuatro años y una cuantía indeterminada –dado su carácter de Acuerdo Marco-, aunque se estima una inversión de 9.505.408 euros.
Mediante el Acuerdo Marco se establecen las condiciones que se aplicarán, durante su plazo de vigencia, para la selección de una o varias empresas o entidades titulares de centros con disponibilidad de plazas para personas con problemas de salud mental, con el fin de que el Departamento de Sanidad disponga de una bolsa de plazas para utilizar en caso de que el Sistema Público de Salud de Aragón resulte insuficiente para atender las necesidades de las población aragonesa en materia de atención en salud mental infantil y trastornos de conducta alimentaria.
