El Comité Ejecutivo de CEOE Aragón ha acordado solicitar al Defensor del Pueblo la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Impuesto de Patrimonio. La Confederación se suma así a la iniciativa impulsada por su homóloga catalana, Foment del Treball, junto a CEOE nacional, y a la que también se están uniendo otras organizaciones autonómicas como las de la Comunidad Valenciana (CEV) y Madrid (CEIM).
El recurso planteado por las organizaciones empresariales se fundamenta en un informe jurídico en el que se considera que este impuesto tiene carácter confiscatorio, en contra de lo establecido por la Constitución, puesto que grava el ahorro procedente de rentas por las que ya se ha tributado anteriormente a través de otras figuras impositivas.
Incide, además, en que España es el único país de la Unión Europea en el que existe este impuesto, que ya fue cuestionado por el Defensor del Pueblo en sus orígenes.
La petición se presentará en próximas fechas al Defensor del Pueblo, previsiblemente en un encuentro con los representantes empresariales.
