El proceso judicial contra la alcaldesa de Mosqueruela, Alba Lucea, del PSOE, avanza con la inclusión de nuevos imputados y la ampliación de los cargos en su contra, que ahora incluyen un presunto delito de tráfico de influencias. Esta situación se enmarca en la investigación sobre la contratación de la consultora Munigest, actualmente conocida como STAL, para gestionar los tributos derivados del Clúster Maestrazgo Forestalia en el municipio.
Detalles del caso
Las nuevas diligencias se llevaron a cabo el pasado 7 de julio, donde se realizaron declaraciones de varios testigos clave, incluidos directivos de Forestalia y el administrador de la consultora, Ignacio Sáez Pontones. En el centro de la controversia se encuentra un contrato que la alcaldesa firmó con la consultora, el cual fue declarado nulo por apartarse de la Ley de Contratos del Sector Público. Este acuerdo contemplaba una comisión de hasta 750.000 euros, de los cuales la consultora aún reclama 114.000 euros.
La investigación se inició tras una denuncia presentada por Joaquín Gargallo, concejal de Teruel Existe en Mosqueruela, quien ha defendido que «poco a poco estamos destapando las tramas locales de Forestalia». En sus declaraciones, se ha evidenciado que la relación entre la alcaldesa y Forestalia era cercana, con múltiples reuniones en el Parador de Teruel y en las oficinas de la empresa en Zaragoza.
Impacto en la comunidad y próximos pasos
El caso ha generado inquietud entre los vecinos de Mosqueruela, especialmente en lo que respecta a la gestión de los recursos públicos y la transparencia en la toma de decisiones. A pesar de los intentos de la alcaldesa por modificar las ordenanzas fiscales para beneficiar a Forestalia, el concejal Gargallo logró mantener las condiciones tributarias que aplican a todos los ciudadanos, evitando así que la empresa obtuviera ventajas indebidas.
La letrada de la acusación particular, Dorinda Aventin, ha solicitado que la investigación continúe, argumentando que el Ayuntamiento no ha cumplido con el requerimiento de documentación solicitado por el Juzgado. Mientras tanto, las defensas de los acusados abogan por el cierre del caso, lo que añade una capa de complejidad a este asunto que sigue en desarrollo.
La situación en Mosqueruela refleja un contexto más amplio de escrutinio sobre las relaciones entre administraciones públicas y empresas en Aragón, especialmente en un momento en que la transparencia y la rendición de cuentas son más importantes que nunca para los ciudadanos. La evolución de este caso será clave para entender las dinámicas de poder en la comunidad y su impacto en la gestión local.
Esta información se ha elaborado a partir de una comunicación remitida a Diario Aragonés y ha sido editada y revisada por la redacción.
