El Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza va a presentar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana una serie de alegaciones al Real Decreto-Ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan bonificaciones en los títulos del transporte público regular de los ayuntamientos y comunidades autónomas para el período comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022.
Concretamente, la consejera de Servicios Públicos, Natalia Chueca, ha anunciado que solicitarán al Gobierno central el incremento de la dotación presupuestaria para garantizar la cobertura total de las bonificaciones, puesto que los 100 millones de euros anunciados por la Administración central no son suficientes para dar cumplimiento efectivo a la medida.
En segundo lugar, se solicita al MITMA que el procedimiento de pago sea una primera entrega a cuenta en septiembre, y una liquidación posterior durante el primer trimestre del 2023 en base a los gastos reales. Es decir, en base al importe real y efectivo de las bonificaciones concedidas a los ciudadanos. “No queremos que sobre o falte dinero, lo que queremos es que el Gobierno asuma íntegramente el coste de esta bonificación para que no aumente el agujero económico que los ayuntamientos ya padecemos desde 2021 con motivo de la reducción de viajeros por la pandemia y los incrementos del coste de la electricidad y los combustibles”, explicó la consejera Chueca.
Tras una reunión con el ministerio mantenida esta semana, la consejera informó de que los criterios para el reparto de los 100 millones de euros del Gobierno central serán similares a los que se siguieron con el sistema de liquidación de ayudas en el año 2020. Es decir, un porcentaje sobre la facturación. En estos momentos, el MITMA no ha comunicado todavía el porcentaje que le corresponderá a Zaragoza. “Esperamos que, como mínimo, nos asignen un 10%”, explicó la consejera.
La tercera alegación a presentar es la extensión de la vigencia de la medida durante todo el año 2023 o hasta que desaparezcan las situaciones que están afectando tan gravemente a los servicios de transporte urbano. Actualmente, el Real Decreto-Ley 11/2022 prevé la aplicación de las bonificaciones entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022, un período que desde la Consejería de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza se considera insuficiente. “La situación económica de inflación y altos precios de los carburantes y la energía no está previsto que mejore, sino que las autoridades económicas independientes españolas y europeas como Banco de España, Funcas, OCDE o el Banco Europeo apuntan a una disminución progresiva de las tasas de crecimiento previstas por el Gobierno de España, de ahí que reclamemos extender la medida durante todo el 2023 para que tenga un efecto estructural o hasta que desaparezcan las causas de esta situación”, valoró la consejera.