Lo explicó la portavoz adjunta y de Institucional del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, al dirigirse a PSOE, Podemos, CHA y PAR “pueden elegir entre opacidad y transparencia, entre la discrecionalidad o la imparcialidad, entre la arbitrariedad o la objetividad, entre la concentración de poderes o la participación”, y los partidos políticos que sustentan al Gobierno eligieron: excluir a una parte de los representantes de los aragoneses.
El origen es la propuesta elevada hoy por los populares al pleno de la Cámara de constitución de una comisión parlamentaria de estudio que permita la participación de las formaciones políticas pero también de otras entidades en la gestión global de los fondos extraordinarios de la Unión Europea para contrarrestar los efectos de la pandemia. Ante la insistencia del Ejecutivo por blindar la administración de cientos de millones de euros ante cualquier intento de participación externa, la diputada recordó algo tan obvio como que “los fondos no son del Gobierno, los fondos no son un monopolio del Gobierno como hasta ahora hemos visto, sino que son de Aragón y de los aragoneses y deben servir precisamente para los objetivos que ha mandado la Unión Europea y para lo que se ha puesto en marcha este mecanismo de recuperación y resiliencia y estos fondos REACT, para llevar a cabo este proceso de recuperación”.
El camino elegido esta mañana por el Gobierno autonómico al rechazar la constitución de la comisión especial de estudio rompe de manera unilateral con la trayectoria de dialogo y unidad política que se inició en junio de 2020 con la aprobación de la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica, “se hizo desde el consenso, se hizo desde la unidad, se hizo desde la participación y se alcanzó con ello un acuerdo. El trabajo que hasta ahora se ha hecho con estos fondos se ha hecho sólo de forma unilateral desde el Gobierno”.
El estado de “absoluta presencialidad del Gobierno de Aragón con la exclusión de los partidos políticos” para gestionar tanto las ayudas millonarias asignadas por Bruselas a los instrumentos financieros REACT y MRR supone, recriminó Mar Vaquero, “la exclusión de los representantes de los aragoneses que también están en este parlamento”.
Hasta la fecha el Gobierno de Aragón tiene asignados 267 millones a través de los fondos REACT-EU para los años 2021 y 2022, además de otra cantidad aún por concretar de los más de 70.000 millones procedente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) con un horizonte temporal que se alarga hasta 2023. Con estas dos fuentes externas de financiación el Ejecutivo autonómico trabaja, según se deriva de los escasos datos aportados, en ‘13 líneas de actuación para hacer frente a las secuelas de la pandemia y fomentar la transformación digital y ecológica de Aragón’ y en otras 280 propuestas concentradas en seis áreas estratégicas. Un reparto del que nada sabe el Parlamento.
