“Adoptaremos todas las acciones políticas e institucionales necesarias para garantizar la continuidad de las obras del embalse de Mularroya hasta su completa finalización y su definitiva puesta en servicio, exigiéndolo al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y apoyando en todo lo necesario a la Junta Central de Usuarios del Jalón”, así de contundente ha sido el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, tras la reunión mantenida este lunes, 12 de abril de 2021, con los regantes afectados por las obras del embalse del Mularroya.
El Presidente de Aragón, Javier Lambán, y el consejero Olona se han reunido, en el Edificio Pignatelli, con el presidente y el secretario de la Junta Central de Usuarios Rio Jalón, Jesús Ángel Lamuela y Ángel Goñi. Ambos han dejado claro el apoyo a los regantes y han dado a conocer que el Presidente Lambán se encuentra en contacto permanente con la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, “a fin de convencerla de este propósito, incluyendo la presentación del correspondiente recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que apoyamos absolutamente”, ha dicho Olona.
Asimismo, el consejero ha anunciado que ya se ha acordado con el Presidente de las Cortes de Aragón –quien tienen la competencia-, Javier Sada, la solicitud a la Ministra Ribera de la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua. “Vamos a utilizar todos las herramientas y resortes para defender la posición que estamos trasladando”, ha matizado Olona. En este sentido, el consejero también ha comunicado que el pasado viernes ya solicitó a las Cortes de Aragón una comparecencia a petición propia para dejar clara su posición a este respecto.
La semana pasada, horas después de conocerse la noticia, el consejero Olona ya tachó públicamente de “malísima noticia” el revés judicial a las obras del Mularroya para la agricultura familiar, para el regadío y para la lucha contra la despoblación. “La agricultura familiar que tanto defendemos en el Gobierno de Aragón necesita del regadío, el regadío necesita de la regulación, y sin eso, no podremos hablar de contra la despoblación porque es una utopía. En una geografía como la aragonesa, con un clima árido, sin regulación hidrológica, no cabe hablar de agricultura”, aseguraba la semana pasada y hoy ha vuelto a insistir en esta idea ante los medios de comunicación.
El embalse de Mularroya es una obra de regulación hidráulica en el río Grío, incluida en el Pacto del Agua de Aragón de 1992 y declarada de interés General por el Plan Hidrológico Nacional, que resulta imprescindible para el desarrollo sostenible de Aragón y, en particular, para la protección y mejora de la agricultura familiar de la comarca de Valdejalón, así como para garantizar el abastecimiento de agua de calidad, frenar la despoblación y promover el desarrollo rural.
“La reciente sentencia de la Audiencia Nacional que anula la Resolución de la Dirección General del Agua de 12 de agosto de 2015 por la que se aprueba el proyecto de construcción de la Presa de Mularroya y obras complementarias, sin que se pronuncie sobre la continuidad de las obras y estimando parcialmente el recurso interpuesto, obedece a razones de carácter estrictamente formal que cabe considerar subsanables y deben subsanarse por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”, ha explicado el consejero. “Si bien de acuerdo con la sentencia no se habría justificado suficientemente el Interés Público Superior del embalse de Mularroya que justificaría la alteración de las masas de agua afectadas, dicho interés resulta obvio que existe. Sobre todo, cuando ya se han invertido 140 millones de euros en una obra que cuenta con la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 19 de mayo de 2015, complementada por la Resolución de 13 de julio de 2015 relativa a la prescripción sobre la ejecución y operatividad de las medidas compensatorias sobre la Red Natura 2000 establecidas en la DIA, que no han sido anuladas”, ha añadido.
Asimismo, el consejero ha explicado que la propia Directiva Marco del Agua, en su artículo 7, establece la posibilidad de que puedan modificarse o alterarse las masas de agua cuando existan razones de Interés Público Superior que lo justifiquen, cuando el beneficio del desarrollo sostenible compense los costes ambientales asociados a la modificación o alteración de las masas de agua, o cuando para evitarlo pudiera incurrirse en costes desproporcionados.
“No sólo no existen razones objetivas de carácter material que justifiquen la paralización de las obras y, mucho menos, la restitución del emplazamiento a su estado original tal y como pretenden los demandantes, sino que la paralización de las obras en curso o demolición de las ya ejecutadas implicaría incurrir en costes absolutamente desproporcionados que supondrían un grave quebranto al interés general”, ha dicho el consejero.
Olona ha insistido en que para asegurar los beneficios asociados a Mularroya y evitar los costes “desproporcionados, injustificados e irreparables” que supondría la suspensión de los trabajos en curso y/o la demolición de los ya ejecutados “es preciso adoptar todas las acciones políticas, jurídicas, judiciales e institucionales necesarias, incluyendo la interposición del correspondiente recurso de casación ante el Tribunal Supremo por parte de quienes están legitimados para hacerlo, que son el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como demandado, así como la empresa contratista de los trabajos y la Junta Central de Usuarios del Jalón como codemandados”.
