El Gobierno de Aragón pondrá en marcha la licitación del servicio de la Oficina contra la Okupación Ilegal en febrero de este año. La iniciativa permitirá la participación de abogados o despachos con experiencia en la materia, estableciendo sedes en cada una de las tres provincias aragonesas. El vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, Alejandro Nolasco, anunció que la Oficina ofrecerá atención presencial integral, asesoramiento legal a las víctimas y asistencia durante todo el proceso, incluyendo apoyo ante las autoridades y asesoramiento psicológico.
Nolasco instó al Gobierno central a considerar modificaciones normativas para facilitar el desalojo exprés en 24 horas, combatir las mafias de okupación, exonerar del pago de impuestos a propietarios afectados y prohibir que una vivienda ocupada sea considerada morada mediante empadronamiento. Sus declaraciones se produjeron en el contexto de un caso grave de okupación ilegal en la calle Montañés de Zaragoza, donde abogó por medidas más estrictas contra aquellos que violan la ley.
