El Observatorio de Accesibilidad, integrado en la Vicepresidencia Primera del Gobierno, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha calificado a la Sede Judicial Electrónica de la Comunidad Autónoma de Aragón, con 9,97 puntos sobre 10, como mejor sede electrónica, en cuanto a accesibilidad, entre todas las sedes de ámbito judicial y, además, como la mejor entre todas las sedes de las Administraciones Públicas.
El Ministerio de Asuntos Económicos calificó a la Sede Judicial Electrónica con una puntuación de 9,97, 0,54 puntos por encima de la puntuación obtenida en 2020, gracias a unas mejoras introducidas.
Esta puntuación supone que en cuanto a situación de cumplimiento estimada el Ministerio la calificase como “plenamente conforme” con la primera posición tanto a nivel global entre 113 sitios web que cumplen funciones de sede electrónica como entre los 17 sitios web en el ámbito judicial con una primera posición también en cuanto al indicador de complejidad media.
La Sede Judicial Electrónica es una dirección disponible para ciudadanos y profesionales de la Justicia a través de las redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a cada una de las Administraciones competentes en materia de Justicia.
Esta herramienta es un punto de acceso electrónico a los procedimientos y servicios que presta cada uno de los órganos y oficinas judiciales y fiscales dentro de la Administración de Justicia en Aragón con el objeto de facilitar su acceso, así como crear un espacio en el que la Administración de Justicia, los ciudadanos y los profesionales se relacionen en el marco de la actividad judicial con las garantías procesales necesarias.
En cuanto a las personas físicas, la entrada en funcionamiento de la Sede Judicial Electrónica supuso la creación de un servicio electrónico de acceso restringido donde las personas que se relacionen con la Administración de Justicia en algún tipo de procedimiento pueden consultar, previa identificación y autenticación, la información sobre el estado de tramitación del procedimiento, que comprende la relación de los actos de trámite realizados, con indicación sobre su contenido, así como la fecha en la que fueron dictados.
