El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón (CEEIARAGON) cumple 30 años desde su puesta en marcha en 1992 impulsando el emprendimiento y la innovación en la Comunidad Autónoma. La consejera Marta Gastón ha presidido el acto celebrado este viernes en el edificio Pignatelli de Zaragoza para conmemorar el trigésimo aniversario de este organismo público, dependiente del Departamento de Economía, Planificación y Empleo, dedicado a la promoción y acompañamiento de proyectos empresariales de carácter innovador, así como a la realización de actividades para fomentar la cultura emprendedora y fortalecer el ecosistema de la innovación aragonés.

A lo largo de estas tres décadas, tal y como ha destacado Marta Gastón, CEEIARAGON ha ayudado a crecer y consolidarse a 339 empresas de sectores como la agroindustria, las TIC, la energía o biotecnología, algunas de reconocido renombre -como Certest Biotec, Hiberus, Libelium, Bitbrain o Embou- y todas ellas con un importante componente innovador, como demuestran las 154 patentes que atesoran en su conjunto. A estas compañías nacidas en el seno del CEEI se suman más de 4.000 proyectos que han sido atendidos y apoyados de una u otra manera por el equipo de profesionales del centro durante este tiempo, “gracias también a su carácter vertebrador, a través de sus tres sedes en Huesca, Zaragoza y Teruel”.

Todo este cúmulo de empresas innovadoras y de trabajadores ha permitido “seguir dando motivación al CEEI para crecer, teniendo a la innovación, al emprendimiento y, en esta última etapa, al conocimiento como pilares fundamentales para seguir formando parte del corazón impulsador en nuestra Comunidad Autónoma”.

La tasa de supervivencia de las empresas tras su paso por el CEEI es de casi el 80% a los primeros diez años de vida y las startups que hacen uso de sus servicios puntúan con un 8,9 sobre 10 su grado de satisfacción. Datos como estos, ha subrayado la consejera, demuestran el saber hacer de esta sociedad pública aragonesa, que se ha convertido en un referente nacional y europeo en innovación y emprendimiento. Prueba de ello es que desde 1992 mantiene el distintivo europeo de calidad B.I.C. (Business Innovation Centre), que renovó en 2021 tras un proceso de auditoría. La European Business Network (EBN) ha evaluado el foco y la calidad del servicio ofrecido a los emprendedores, y ha incluido al CEEI en el comité de expertos que valora esta certificación a nivel internacional. Además, en las últimas semanas, el ranking FUNCAS de viveros 2022/2023 ha reconocido a CEEEIARAGON como el primer vivero de Aragón, y mejor vivero de incubación básica de España.

El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) convoca las ayudas para el Programa ARINSER, dirigido a favorecer la integración socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión a través de las empresas de inserción. El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publica este viernes la convocatoria de estas subvenciones, dotadas con un presupuesto inicial ampliable de 625.000 euros.

Este programa, en el marco del fomento y respaldo de la economía social, permite apoyar la labor de las 17 empresas aragonesas de inserción calificadas e inscritas en el registro del INAEM, que proporcionan empleo a más de 300 trabajadores, la mayoría de ellos procedentes de situaciones de riesgo de exclusión.

Las empresas de inserción forman parte de la economía social y son sociedades mercantiles o cooperativas promovidas por entidades sin ánimo de lucro con la finalidad de facilitar el acceso al mercado laboral de personas en situación de exclusión, proporcionándoles un puesto de trabajo, formación y acompañamiento durante un periodo máximo de tres años.

Para lograr la integración y formación socio-laboral de personas en situación de exclusión social como tránsito hacia el empleo ordinario, les proporcionan a sus trabajadores, como parte de sus itinerarios de inserción, procesos personalizados y asistidos de trabajo remunerado, formación en el puesto de trabajo y habituación laboral y social. Asimismo, estas empresas deben tener servicios de intervención o acompañamiento para la inserción socio-laboral que faciliten su posterior incorporación al mercado de trabajo ordinario.

 El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha recabado el apoyo a su iniciativa en la que insta al Gobierno a llevar a cabo las actuaciones necesarias para que Aragón asuma las competencias en materia de atención sanitaria penitenciaria, en aplicación de la disposición adicional sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

Además, los liberales reclaman al Gobierno que esta transferencia esté acompañada de la financiación necesaria y suficiente para su correcta ejecución. La portavoz de Sanidad de Cs, Susana Gaspar, ha recordado que la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, ordenaba la integración de los servicios sanitarios de los centros penitenciarios en los correspondientes sistemas sanitarios de las comunidades autónomas;

“A pesar de tener el Gobierno el mandato desde el año 2003, esta transferencia no ha sido realizada todavía. Muestra de ello es que en los años 2005 y 2008 se vuelven a presentar sendas proposiciones no de ley en las Cortes Generales que volvían a instar a llevar a cabo esta transferencia, las cuales fueron aprobadas”, ha recordado Gaspar.

En ese sentido, la diputada liberal ha explicado que, a la falta de personal que arrastran las instituciones penitenciarias, donde la mitad de las plantillas tanto de médicos como de personal de enfermería están sin cubrir, se añade la pandemia del COVID-19, que agrava y mucho la situación de falta de personal. “A ello se añade la falta de equipos de protección, tanto para el personal sanitario como para el resto de funcionarios que entran y salen de las cárceles, y las dificultades para aplicar las medidas de confinamiento social que se están aplicando al resto de la población”, ha añadido.

Asimismo, Gaspar considera importante esta iniciativa para solventar los problemas de atención dentro de las propias instituciones que generan la separación de la atención sanitaria en los centros penitenciarios de los servicios de salud de cada comunidad autónoma, que imposibilita el que ambos servicios puedan compartir y acceder a la información sanitaria del paciente, dificultando el seguimiento de los diferentes procesos patológicos.