La Secretaria General de Chunta Aragonesista, Isabel Lasobras, ha trasladado su preocupación tras conocer la situación de un grupo de jóvenes investigadores de la Universidad de Zaragoza, quienes han denunciado la precarización de los contratos postdoctorales Margarita Salas, creados por el Ministerio de Universidades con los fondos covid y de los que este mes cobrarán su primera nómina.

“La subvención inicial de 3.500 euros brutos mensuales para estancias en el extranjero y 2.800 dentro del Estado se ve reducida un 32,6% al detraer la Universidad de estas cantidades la aportación a la Seguridad Social, además de su propia aportación del 4,7% y el IRPF, que rondará el 17%”, explica. Así, los sueldos netos se quedarán en doce pagas mensuales de 2.050 euros y 1.650 euros, respectivamente.

La Universidad de Zaragoza recibió un total de 10.730.436 euros en tres partidas anuales para 2021, 2022 y 2023, con las que ha concedido un total de 44 becas para mejorar la formación y la movilidad de personas que hayan leído la tesis en los dos últimos años.

“El problema es que el Ministerio de Universidades no ha tenido en cuenta en su planteamiento las cuotas de la Seguridad Social, lo que en el caso de la Universidad de Zaragoza supondría un gasto extra de 2 millones al año, algo totalmente inasumible”, lamenta la Secretaria General de CHA.

Isabel Lasobras ha trasladado su apoyo a las personas afectadas, así como a la Universidad de Zaragoza y al Departamento de Ciencia y Universidad de la DGA, que en estos momentos está explorando todas las vías legales para solucionar esta situación.

En este sentido, Chunta Aragonesista ha presentado una iniciativa en el Senado a través de Carles Mulet, senador de Compromís, para reclamar al Ministerio de Universidades que tome las medidas necesarias para, en coordinación con el Gobierno de Aragón, asuma los costes laborales de los contratos postdoctorales Margarita Salas, evitando así que repercutan en los propios investigadores o en la Universidad de Zaragoza.

El grupo parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Aragón ha planteado al Ejecutivo autonómico la posibilidad de aplicar una bonificación semejante a la contemplada en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 a empresas radicadas en otras zonas de Aragón con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. El diputado de Cs, Ramiro Domínguez, ha registrado una pregunta en el parlamento, formulada a la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales para su respuesta oral ante el pleno de la cámara, para conocer si el Gobierno aragonés tiene intención de impulsar este tipo de ayudas para empresas radicadas en zonas escasamente pobladas de la comunidad.

Domínguez ha indicado que las ayudas estatales de finalidad regional son un importante instrumento utilizado por los Estados miembros para impulsar el desarrollo regional. Tal y como se recoge en las directrices sobre estas ayudas, publicadas el 29 de abril de 2021, el objetivo principal de los fondos es el desarrollo económico de las zonas desfavorecidas de la Unión Europea. Al promover y facilitar el desarrollo sostenible de las zonas asistidas, las ayudas contribuyen a la política de cohesión territorial de la UE, que pretende reforzar la cohesión económica y social mediante la reducción de las disparidades entre las zonas en cuanto a su nivel de desarrollo, ha apuntado el parlamentario liberal.

Según la directriz, los Estados miembros podrán designar como zonas «c» las zonas «c» predeterminadas con poca población, es decir, regiones NUTS 2 con menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado o NUTS 3 con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. En el anexo I de la directriz se recoge la cobertura de ayuda regional por Estado miembro para el periodo 2022-2027, contemplando como zona «c» predeterminada (zona poco poblada) la provincia de Teruel, con un porcentaje de población nacional del 0,29 por ciento.

La Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, prevé en una disposición adicional la concesión de ayudas a las provincias escasamente pobladas, concretamente establece que “dentro del marco establecido a nivel europeo para las ayudas estatales de finalidad regional, el Gobierno establecerá las vías para el máximo aprovechamiento de las posibilidades de ayuda existentes para las zonas con una densidad de población muy baja, en concreto aquellas con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, así como velará por el desarrollo de planes de acción concretos que permitan contrarrestar en dichas zonas las dificultades demográficas”.

Esta disposición adicional de los PGE hace referencia al punto 7 de la directriz sobre las ayudas estatales de finalidad regional de la UE, en lo relativo a la intensidad de ayuda para grandes empresas en zonas «c» de hasta el 20 por ciento en áreas con baja densidad de población, medida con la que se pretende equiparar estos territorios a las zonas escasamente pobladas del norte de Europa.

Domínguez ha recordado que la patronal altoaragonesa considera que la inclusión de ayudas al funcionamiento de hasta un 20 por ciento para las empresas de las provincias de Teruel, Cuenca y Soria en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de PGE es «un avance muy importante» que debe extenderse a comarcas de otras provincias que, como cinco en el Alto Aragón, también tienen una población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Por ello, el diputado de Cs desea que la consejera de Presidencia explique si se podrían impulsar este tipo de bonificaciones desde el Ejecutivo autonómico para otras zonas de Aragón.

Las bodegas de Aragón pueden inscribirse ya en las actividades de promoción que se celebrarán en los próximos meses, coordinadas y cofinanciadas por Aragón Exterior y el departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, para dar a conocer los caldos de la región a nivel internacional. Con diferentes formatos, tanto virtuales como presenciales, ambas entidades quieren fomentar la presencia de los vinos aragoneses en los mercados de América, Europa y Asia.

Algunos de los eventos, como Spain’s Great Match en Nueva York y Taste Spain en Zurich (Suiza), se han convocado en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones. Estos eventos son exclusivamente para vinos españoles, poniendo de relieve su buena imagen y calidad, al igual que las reuniones TastyWines Meetings que se celebrarán en Seúl de manera virtual y son dedicadas a los vinos españoles.

A finales de abril, si la situación lo permite, se celebrará un showroom de vinos aragoneses en Moscú, orientado al público ruso y con la asistencia de importadores y periodistas especializados de ese país.

A estas actividades se suman la participación aragonesa en otra serie de reuniones online en Seúl (esta vez para vinos ecológicos) así como encuentros presenciales en Miami o Singapur. También habrá una misión comercial a Lisboa, abierta para vinos y productos de alimentación.

La feria alemana ProWein, que se acaba de posponer hasta el mes de mayo y cuya convocatoria se cerró hace meses, también incluirá a un nutrido grupo de empresas aragonesas. El certamen, que se considera el más importante a nivel mundial, llevaba dos años sin celebrarse debido a la pandemia.

“Este año queremos retomar la presencia en eventos, acciones y ferias, lo cual es clave para apoyar la promoción internacional del vino en un entorno tan competitivo como el actual”, comenta Ramón Tejedor, director gerente de Aragón Exterior. “Ofrecemos actividades en las que todas las bodegas exportadoras hallarán un hueco, sean bodegas muy experimentadas o las que están creciendo en exportación. En Estados Unidos, nuestro principal mercado, queremos aumentar cuota de mercado tras el impacto de los aranceles que se impusieron temporalmente al vino español.”

Según Carmen Urbano, directora general de Promoción e Innovación Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, “la internacionalización ha sido siempre la gran protagonista en el sector del vino aragonés, y la base sobre la que se ha sustentado el sector durante la pandemia. Seguimos apostando por acciones que ayuden a las bodegas de Aragón a llevar nuestros vinos más lejos, y a posicionar nuestra región entre compradores de todo el mundo.”

Los vinos aragoneses se exportan a más de 50 países diferentes. Los principales destinos son Estados Unidos, con un valor de 13,94 millones de euros en los primeros once meses de 2021, seguido por Alemania con 13,91 millones de euros, y Reino Unido con 13,53 millones de euros. Tras el descenso en ventas que experimentó en 2020, el sector está recuperando su nivel prepandémico y puede tener incluso mejores resultados en 2021 que en 2019, a falta de conocer los datos del mes de diciembre.

El servicio de intervención familiar del Gobierno de Aragón para paliar el impacto de la covid 19 en las familias aragonesas atendió a 52 familias a lo largo de 2021, superando las previsiones iniciales. Este es uno de los datos incluidos en el balance anual que ha hecho de este servicio de la Dirección General de Igualdad y Familias.

 La directora general Teresa Sevillano explica que este servicio se creó con tres objetivos fundamentales: asesorar a las familias en la gestión adecuada de las relaciones intrafamiliares generadoras de conflicto (dificultades de convivencia y/o violencia en el ámbito familiar), atender situaciones de duelo por pérdidas significativas y ayudar a las familias a resolver las dificultades encontradas para incorporarse a la nueva normalidad. 

La encargada del servicio (tras la correspondiente contratación pública) ha sido la Asociación Aragonesa de Terapia Familiar, con tres terapeutas especializados en familias y otros tres profesionales titulados con el Máster en Intervención familiar y sistémica de la Universidad de Zaragoza. Estos últimos lo hicieron de forma voluntaria apoyando a los terapeutas en las necesidades planteadas por la gestión del servicio. En total, se llevaron a cabo 416 sesiones con las 52 familias, siendo el 74,5% de estas biparentales y el 19,6% monoparentales encabezadas por una mujer. Según el balance de este servicio, las edades de las personas adultas se concentraban entre los 40 y los 54 años y la de los hijos entre los 12 y los 14 años (adolescentes).

Además, el 80% de las familias llegaron derivadas de otros servicios como el educativo (25%), el sanitario (23%) y los servicios sociales (20%). El resto de las personas que acudió a la asesoría conoció el servicio a través de su entorno o de entidades sociales. La mayoría de las familias pidieron ayuda para gestionar de forma adecuada las relaciones intrafamiliares generadoras de conflicto. En segundo lugar, se sitúan las familias afectadas por una difícil adaptación a la nueva normalidad y, en unos pocos casos, se atendieron situaciones de duelo, trastornos de la conducta alimentaria, violencia filio-parental y problemas de pareja. 

Según explica Teresa Sevillano, el 82,6% de las familias que han sido atendidas considera que el servicio le ha ayudado a mejorar el problema consultado.En las conclusiones del informe anual de este servicio se señala que la covid ha visibilizado problemas que ya tenían las familias y que han emergido con la pandemia de forma más disfuncional.

Asimismo, la “nueva normalidad” ha generado cambios en las familias, observándose un mayor ascenso de la denominada “jerarquía invertida”: los hijos son los que tienen el poder en las familias y los progenitores no siempre disponen de herramientas suficientes para establecer límites claros. También se constata que la etapa de la adolescencia se evidencia como la que genera mayor conflicto en las familias.