La persecución del trabajo que realizan las ONG de Desarrollo está aumentando en todo el mundo. La cooperante Juana Rivas continúa detenida en Israel; la justicia militar la acusa de pertenencia a una «organización ilegal». El pasado mes de junio, la cooperante María Hernández fue asesinada junto a dos colegas etíopes en Tigray.
En el año en el que el sistema de cooperación vive su reforma y a las puertas de los presupuestos generales para 2022, es urgente salir de vagón de cola de la cooperación en Europa. El Gobierno debe garantizar el camino hacia el 0,5% para final de legislatura y demostrar, de este modo, que sus compromisos se cumplen. Recordamos que #EsHoradeCooperar.
Las consecuencias de la pandemia, el cambio climático y los conflictos bélicos están causando graves daños en la vida de millones de personas. Países que ya enfrentaban graves problemas económicos, medioambientales, sanitarios o educativos están viendo empeorar sus entornos. Es especialmente preocupante la situación de las mujeres; los feminicidios, las violencias de género y la restricción de sus derechos se están aumentando en todo el mundo. También preocupa la situación de defensores y defensoras de derechos humanos y de los territorios; según datos de Front Line Defenders, el año pasado 331 persona fueron asesinada en todo el mundo. 82 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares huyendo del conflictos y miseria, una cifra que, tras la llegada de los Talibanes a Kabul, crecerá notablemente. La pandemia y las restricciones de movilidad han sido aprovechadas en muchos casos para limitar el derecho de movilización y la libertad de expresión. En este contexto, la cooperación es una política fundamental para apoyar a la sociedad civil, promover la garantía de los derechos humanos y sostener condiciones básicas de vida.
Persecución a ONG y cooperantes
Según datos de nuestro último informe, 734 personas trabajan como cooperantes en 114 países. En muchos lugares del planeta, la persecución a las ONG y a su trabajo en defensa de los derechos humanos se está convirtiendo en norma. Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Israel, Guinea Ecuatorial, Tanzania o Filipinas son algunos de los países que han aprobado leyes que limitan e incluso persiguen el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. La cooperante Juana Ruiz continúa encarcelada en Israel acusada por un tribunal militar de pertenecer a una «organización ilegal».
En un contexto mundial en el que el apoyo humanitario es crucial para la vida de millones de personas, se generalizan los ataques a actores humanitarios. En 2020, según el último informe de Aidworker Security Organization, 475 personas fueron víctimas de ataques; de ellas, 108 fueron asesinadas. Los países en los que hubo un mayor número de ataques fueron Sudán del Sur, Siria y República Democrática del Congo. Uno de esos ataques recientes, en Etiopía, acabó con la vida de la cooperante de MSF María Hernández y dos de sus compañeros etíopes, Yohannes Halefom Reda y Tedros Gebremariam Gebremichael.
Recorremos Honduras, Congo y Mali de la mano de personas cooperantes que trabajan con la sociedad civil y las poblaciones más vulnerables. Su trabajo fortalece los sistemas públicos, contribuye a la garantía de los derechos humanos, la igualdad de género y la protección del planeta.
