El Ayuntamiento de Zaragoza sigue sin conocer cuál es el convenio que el Gobierno de Aragón quiere firmar con los consistorios de las tres capitales para rescatar a la hostelería. El Ejecutivo Autónomo lo presentó a principios de mes, pero “de momento en este Ayuntamiento no hemos tenido ninguna información, no tenemos ningún borrador”, ha concretado la consejera de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Herrarte, en rueda de prensa. Por ello, desde gobierno municipal se ofrecen a mantener un “diálogo constructivo y directo” para negociar el modelo de gestión del convenio, la concreción de las ayudas y la aportación que debe realizar cada ayuntamiento.

También ha adelantado la consejera que es “necesario cerrar el porcentaje que nos corresponde del paquete nacional de ayudas a la hostelería, que debería ronda los 11 millones de euros”. Por ello desde el gobierno municipal reclaman que “la reunión debe ser urgente, porque el sector hostelero lo necesita”.

“Esperamos flexibilidad por parte del Gobierno de Aragón, no hay nada cerrado”, ha concretado Herrarte. De hecho, la consejera ha explicado que en la Comunidad Valenciana se ha llegado a un modelo de gestión con una aportación del 15% de los municipios, y en Galicia el fondo lo ha asumido la Xunta porque las diputaciones y los ayuntamiento no se han sumado. “Por lo tanto, vemos que se van concretando distintos modelos y nosotros estamos dispuestos a hablar del convenio que le incumbe a Zaragoza, y también con Huesca y Teruel”, ha explicado Herrarte.

En esa línea, Herrarte ha destacado que existe por parte del Ayuntamiento “máxima disponibilidad a la colaboración y negociación cuanto antes”. Todo ello, consideran desde el gobierno municipal, teniendo en cuenta que “el Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido un remanente negativo 10,3 millones de euros, nada que ver con la Comunidad Valenciana, que se ha pactado el 15%, y el Ayuntamiento de Valencia ha tenido un saldo positivo con 53 millones de euros”, ha argumentado la consejera. “Estamos abiertos a todo, pero no todas las comunidades son iguales, no todos las ciudades son iguales, y al final la capacidad de inversión de las ciudades es lo que define el progreso económico y social de las ciudades”, ha cerrado.

La crisis sanitario-económica derivada de la pandemia ocasionada por el COVID-19 está poniendo a prueba a nivel global la resiliencia de la economía. Para conocer deprimera mano el sentir de los empresarios aragoneses en este contexto crítico, la Fundación Basilio Paraíso ha promovido una encuesta en la que se pregunta a los empresarios sobre el impacto más inmediato de la crisis en sus empresas.
Algo más de la mitad de las empresas aragonesas (52,1 %) prevé que su facturación en el primer trimestre de 2021 sea superior a la registrada en el mismo periodo de 2020.

Esta cifra supone una caída de casi 10 puntos en el porcentaje de empresas que estimaba en febrero un retroceso en su facturación entre ambos periodos (ahora es un 47,9 %). Para tres de cada diez (30,3 %) el impacto positivo puede cifrarse en hasta un 10 %; y un 6 % de ellas incluso prevé una mejora superior al 25 %. Casi ocho de cada diez de empresas (77,8 %) espera que su facturación en el
segundo trimestre de este año sea superior a la obtenida en el primero.
Adicionalmente, mientras la mayoría de los encuestados (55,5 %) cifra ese aumento, como máximo, en un 10 %; hasta un 6,1 % de las empresas encuestadas espera mejorar su facturación en más de un 25 %.Solo el 7 % de las empresas encuestadas valora la posibilidad de acogerse a un ERTE si la crisis se prolonga en el tiempo. Para el 14,3 % del total este mecanismo está vigente o se ha solicitado (dos puntos más que en febrero); y, al igual que mostraba el Barómetro anterior, más de la mitad (55,5 %) no lo contempla.
Más del 80 % (84 %) de las empresas encuestadas cree que volveremos a la normalidad el año que viene, cifras similares a las del último Barómetro. No obstante, un 16 % estima que podrá ser a lo largo del segundo semestre de este año.

Los representantes del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) y otras organizaciones autonómicas y sectoriales también explicarán sus demandas en el Senado mañana miércoles a partir de las 12 horas a los portavoces de la Comisión de Función Pública

Los interinos aragoneses en fraude de ley llevan esta semana a Madrid su reivindicación de que se estabilicen sus puestos de trabajo en cumplimiento del Derecho europeo. Con este objetivo participarán en reuniones institucionales y se movilizarán junto a otras más de 10 organizaciones sindicales y la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal (CEPPT). Este miércoles sus representantes explicarán al mediodía sus demandas en una reunión en el Senado y por la tarde llevarán a cabo una concentración ante el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. El jueves por la mañana tendrá lugar una nueva concentración a las puertas del Senado. Con estos nuevos actos, las organizaciones de interinos ponen de manifiesto que van a luchar por todas las vías posibles para defender sus derechos, frente a la inacción de las administraciones.

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) y otras entidades autonómicas y sectoriales, comenzarán estas dos jornadas reivindicativas reuniéndose mañana día 21 a las 12.00 horas con los portavoces de la Comisión de Función Pública del Senado. En vísperas de que comparezca en la institución el ministro responsable, Miquel Iceta, los interinos les expondrán los últimos argumentos que respaldan sus peticiones. Todos los grupos de la Cámara Alta ya aprobaron en octubre una moción planteada por el PAR, con el asesoramiento del sindicato aragonés, que instaba a dar «respuestas legales de estabilización de los empleados públicos». La reunión de mañana ha sido promovida por el senador del PAR, Clemente Sánchez-Garnica. Además de representantes de STEPA, acudirán también de los sindicatos aragoneses Somos, STEA y SF, pertenecientes a ISTA y CATA.

Para exigir al Gobierno español que cumpla con la Sentencia europea del pasado 19 de marzo de 2020 y haga fijas a las víctimas de la larga interinidad en el sector público (unas 800.000 en toda España y 20.000 en Aragón), los afectados realizarán una concentración el miércoles a las 16 horas ante la sede del Ministerio. El jueves se repetirá la protesta a las 9 h ante el Senado, coincidiendo con la citada comparecencia del ministro. Allí le corearán consignas como «Iceta, escucha, estamos en lucha».

Con todas estas acciones, los interinos en fraude de ley vuelven a denunciar que las Administraciones Públicas siguen sin reparar el abuso que llevan décadas cometiendo al cubrir con trabajadores temporales plazas fijas, sobrepasando el límite legal de tres años. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea exigió solucionar esta cuestión hace ya más de un año, estableciendo sanciones a las administraciones infractoras.

El Gobierno central, y autonómicos como el aragonés, solo contemplan en cambio la convocatoria de oposiciones para cubrir de forma definitiva las plazas ocupadas por el personal abusado. Pero de esta forma, los temporales que no superen el proceso se verán cesados sin derecho a ninguna compensación, lo que no supone ninguna sanción para los culpables del abuso. Por eso, Europa dio a elegir entre dos soluciones: indemnizaciones disuasorias o la fijeza del personal, un sistema que la CEPPT y sindicatos como STEPA defienden porque supone coste cero para las arcas públicas y mantener a miles de empleados de probada experiencia.

Los convocantes recuerdan también que la falta de voluntad política para terminar con este problema está poniendo en peligro la recepción de los fondos europeos para la recuperación económica del covid. Así, en defensa de unos derechos que benefician a toda la sociedad continuarán las acciones por todas las vías. Solicitaron una reunión con Miquel Iceta, que este rechazó, y se ha pedido otra al secretario de Estado de la Función Pública; pero también se estudian nuevas concentraciones, querellas judiciales contra los responsables de las contrataciones y convocatorias de huelga.