El Watford ha reclamado el regreso de su delantero Luis Suárez el próximo 5 de agosto, el mismo día que vence la prórroga de su contrato. Esta decisión supone un durísimo mazazo a las aspiraciones de ascenso del Real Zaragoza que pierde a su artillero de referencia, autor de 19 goles hasta el momento.
A pesar de los intentos por convencer a los británicos, los esfuerzos han resultado baldíos.
En la misma situación que Suárez se encuentran André Pereira, cedido por el Oporto, y Yawad El Yamiq, prestado por el Genoa.
Los jugadores cedidos por los equipos españoles, en principio, no deberían tener problemas para finalizar la campaña.
El Watford ha reclamado el regreso de su delantero Luis Suárez el próximo 5 de agosto, el mismo día que vence la prórroga de su contrato. Esta decisión supone un durísimo mazazo a las aspiraciones de ascenso del Real Zaragoza que pierde a su artillero de referencia, autor de 19 goles hasta el momento.
A pesar de los intentos por convencer a los británicos, los esfuerzos han resultado baldíos.
Lapetra, presidente del club, ha emitido el presente comunicado:
«Desde la reanudación de la competición a mediados de junio y hasta su finalización hace dos semanas, el Real Zaragoza ha mantenido un profundo respeto a las reglas que se han adoptado para la vuelta al fútbol.
Pero las noticias que hemos recibido hace unas horas en relación con la negativa del Watford a la prórroga del contrato de cesión de Luis Suárez más allá del 5 de agosto, a pesar de que el jugador quiere continuar con nosotros y disputar los play off con el Real Zaragoza -y tras la reunión del Consejo de Administración mantenida hoy viernes por la mañana-, queremos manifestar que esto supone un atentado contra la integridad de la competición.
Al día de hoy no conocemos ni la fecha de la disputa del ‘play off’ ni el rival al que debemos enfrentarnos; pero el Real Zaragoza se ve ya hoy perjudicado. Consideramos incomprensible que a estas alturas no se hayan adoptado las medidas oportunas para garantizar la finalización de la competición.
Queremos jugar, queremos ganarnos el ascenso en el ‘play off’, pero queremos hacerlo en igualdad de condiciones y con todas las garantías.
Exigimos la implicación de los organismos deportivos para que se adopten todas las medidas que sean necesarias para garantizar la integridad en la disputa de los ‘play off’. Todo lo que sea no garantizar que el Real Zaragoza pueda jugar con toda su plantilla disponible supondrá una adulteración de la misma y el Real Zaragoza, obviamente, adoptará las medidas que considere oportunas».
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama urgentemente la contratación de personal sanitario en la cárcel de Zuera, al límite por las carencias de personal, las bajas sin cubrir, las vacaciones y la sobrecarga de trabajo por la crisis del COVID. La prisión, con 1.300 internos, tiene una plantilla de 33 profesionales sanitarios pero solo hay 18 trabajando. Ahora en la prisión de Zuera solo hay 3 médicos de 8 que debería haber; 8 enfermeras de 12; y 4 técnicas en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) de 10. A esto hay que sumarle una farmacéutica, un supervisor de enfermería y un subdirector médico. “Con varios de los profesionales de baja y plazas vacantes sin cubrir, el personal sanitario de Zuera se enfrenta a la crisis sanitaria del COVID con plantillas envejecidas y mermadas, sustentándose principalmente en el equipo de enfermeras de la prisión para sacar adelante el trabajo sanitario”, afirma Silvia Moriche, responsable de Prisiones de CSIF Aragón. CSIF ha denunciado este verano varias veces los riesgos de rebrotes en las cárceles y las deficiencias en los protocolos. En Zuera, del 1 al 11 de julio, 83 reclusos estuvieron aislados tras un positivo de un interno. Ahora se mantiene un módulo en cuarentena preventiva, con unas 50-60 personas que requieren controles específicos, toma de temperatura y reparto de medicación celda a celda. Además, el personal sanitario de la cárcel se encarga de hacer PCR a todos los internos que salen a intervenciones al hospital y a otras entidades (como Proyecto Hombre), así como a todos los que presentan síntomas. Ante la escasez de TCAE y médicos, son las enfermeras las que preparan, dispensan y renuevan la medicación de los 1.300 internos. En guardias de 24 horas se enfrentan solas a urgencias vitales, autolesiones, descompensaciones psiquiátricas, sobredosis y demás situaciones críticas estando el médico de guardia localizada a 50 kilómetros del centro. En ausencia de la farmacéutica también asumen el control de la farmacia.
El centro Covid de Gea de Albarracín que cerró sus puertas a mediados de junio, después de actuar como dispositivo intermedio durante la pandemia, vuelve a albergar a residentes a partir de esta tarde. Esta instalación es una de la que se dejó preparada como “retén” una vez terminado el pico más duro de la pandemia, para ser utilizada en el momento en el que se pudiera necesitar. Este momento ha llegado ahora y esta misma tarde se va a trasladar a él a 13 residentes de la residencia de Burbáguena, donde hay declarado un brote de coronavirus.En esta ocasión, no obstante, las personas que van a ocupar estas instalaciones no son pacientes de coronavirus, sino residentes del citado centro que han dado negativo en las pruebas. La decisión se ha estimado la más adecuada para sectorizar el centro de Burbáguena y llevar a cabo en él los aislamientos necesarios para atajar la situación, una vez se han diagnosticado 61 positivos, se han realizado 13 ingresos hospitalarios y dos personas han fallecido.
El dispositivo de Gea de Albarracín se suma al de Casetas, que fue el último en cerrar sus puertas el 29 de junio y que volvía a abrirlas el 15 de julio. En este momento, este dispositivo intermedio acoge a 29 personas. Por su parte, el de Yéqueda (Huesca) se encuentra disponible y operativo, si bien no se ha estimado aún necesaria su utilización y no se ha derivado a él a ningún paciente.
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y la Comarca de Cinco Villas firmarán un convenio de colaboración en materia de gestión forestal.
Desde 2012, anualmente, la Comarca de Cinco Villas ha venido solicitando la colaboración del Gobierno de Aragón para la realización de inversiones con fondos propios de la propia comarca para desarrollar trabajos selvícolas y de otro tipo de mejoras forestales en sus montes de utilidad pública. Este año, el presupuesto contemplado es de 100.000 euros y será ejecutado por la Empresa pública de Transformación Agraria (TRAGSA) –al igual que en años anteriores-.
La aportación del Gobierno de Aragón pasa por el apoyo técnico para las actuaciones, incluyendo la localización y la definición de las características técnicas, junto con la autorización correspondiente como Administración gestora del monte.
Fundamentalmente, los trabajos que se van a realizar este año consistirán en la realización de tratamientos selvícolas, así como la conservación y mejora de las infraestructuras de acceso de prevención y extinción contra los incendios forestales e infraestructuras ganaderas que dan servicio en estos montes.
El convenio tiene dos objetivos fundamentales. Por una parte, facilitar la realización de las actuaciones de mejora forestal con los criterios técnicos adecuados y el cumplimiento de la normativa forestal de aplicación. Y, por otro, facilitar a la comarca la disponibilidad de medios personales y materiales necesarios para realizar las actuaciones de los que carece.
El convenio no supondrá ninguna aportación económica con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma.
El Ayuntamiento de Zaragoza reduce desde la tarde de este jueves el aforo de seis de sus 21 piscinas municipales para garantizar el correcto funcionamiento, las medidas de seguridad y prevención frente a la Covid-19, y el óptimo servicio a los usuarios. De esta manera, los centros deportivos municipales de Actur, Delicias, San Juan y La Cartuja pasan del 30 al 20% de su capacidad, y La Granja y Alberto Maestro al 25%. En concreto, el CDM Actur pasa de 748 usuarios a 523, Delicias de 735 a 490, San Juan de 466 a 311, La Cartuja de 370 a 246, La Granja de 800 a 667 y Alberto Maestro de 431 a 359. La medida se toma tras detectarse por parte del personal de estas instalaciones que en algunas instalaciones, en concreto en estas seis mencionadas, se formaban filas para entrar a los vasos, a veces con un tiempo de espera relativamente alto, soportando altas temperaturas y sin portar mascarilla, lo que provocaba quejas e incidencias. «El aforo del 30% se aplica tanto al recinto como al vaso de la piscina, y eso provoca que a veces hay instalaciones con mucho césped y zonas comunes pero vasos de piscinas proporcionalmente más pequeñas», ha explicado la concejala de Deportes, Cristina García. «En cada vaso cabe un número determinado de personas y hasta que no sale una no puede entrar otra. A veces los usuarios se quedan disfrutando dentro del agua largos periodos de tiempo, por lo que la gente sigue esperando fuera generándose las correspondientes filas», detallado García. «La mascarilla es obligatoria, pero no cuando uno se dirige a meterse al agua, por lo que al final teníamos filas de gente sin mascarilla, esperando bajo altas temperaturas y durante mucho tiempo, y consideramos que las piscinas deben ser un espacio para la tranquilidad y el disfrute, donde acuden muchas familias, con el mejor servicio posible», ha remarcado la concejala. Desde la Concejalía de Deportes se ha consultado a Sanidad del Gobierno de Aragón, con la que existe constante colaboración, si era posible diferenciar el aforo general del recinto del vaso, pero se ha considerado que debe aplicarse el mismo aforo máximo del 30% para toda la instalación. Por todo ello, con la intención de ofrecer un servicio adecuado a los usuarios, desde el servicio municipal de deportes se ha realizado un cálculo teniendo en cuenta la afluencia y demanda de determinadas instalaciones y los metros cuadrados de sus vasos. «Es más sensato y realista ajustar el aforo y que los usuarios puedan disfrutar del servicio en condiciones óptimas y adecuadas, y siempre bajo parámetros de seguridad», ha explicado Cristina García. Asimismo, se va a aconsejar a los usuarios que no planteen sesiones de baño superiores a los 30 minutos si existe fila de espera y se va a comunicar en tal caso mediante megafonía. «Estamos dispuestos a seguir innovado en las soluciones para ofrecer el mejor servicio dentro de las condiciones en las que nos encontramos», ha reafirmado García, quien ha recordado que «existen 21 instalaciones municipales con piscina en toda la ciudad y que se puede consultar el aforo concreto de cada piscina en cada momento por la web municipal y por la app creada ex profeso en esta campaña tan atípica», por lo que ha animado a «consultar toda la información y elegir instalaciones que estén menos saturadas para repartir los usuarios y poder disfrutar todos de las piscinas». No obstante, desde el Ayuntamiento de Zaragoza se hace un llamamiento a la responsabilidad y solidaridad de los ciudadanos para no ocupar los vasos de forma constante si se aprecian filas de espera. «En estos tiempos tan duros es cuando los zaragozanos tenemos que hacer gala de nuestra solidaridad, al igual que lo hemos estado haciendo estos meses, porque solo unidos y apoyándonos los unos a los otros podemos salir adelante y hacerle la vida más agradable y sencilla a nuestros vecinos, amigos y familia», ha remarcado Cristina García.
El Gobierno de Zaragoza ha aprobado esta mañana someter a consulta pública previa el ‘Proyecto de Ordenanza Reguladora del consumo indebido de bebidas alcohólicas, fomento de la convivencia y prevención de actuaciones antisociales’ que, una vez aprobada por el Pleno, prohibirá la celebración de ‘botellones’ en la capital aragonesa y la venta de alcohol en los espacios públicos. Se inicia así la tramitación administrativa de una propuesta que clarifica la normativa actual respecto al consumo de alcohol en calles, parques, plazas o riberas de la ciudad y establece un régimen sancionador ante posibles infracciones. También incide especialmente en la información, orientación y formación que debe recibir la población joven para prevenir el consumo abusivo de alcohol y los problemas derivados de ello. La nueva ordenanza pretende avanzar en los objetivos de la Estrategia Nacional sobre Adicciones (2017-2024), que alerta sobre los riesgos que entraña la normalización del consumo de alcohol entre la población joven, así como su aumento en este colectivo. De hecho, los datos estadísticos reflejan que la edad media de inicio en el consumo de alcohol se encuentra en 13 años o que más del 30% de los menores de 16 años consideran que no es una droga. En este sentido, el fenómeno del ‘botellón’ y del consumo grupal de alcohol en la vía pública se ha convertido en una de las principales preocupaciones de salud pública, situación agravada en la actualidad por la crisis sanitaria del coronavirus.
El proyecto normativo se fundamenta en la Ley 3/2001, de 4 de abril, de prevención asistencia y reinserción social en materia de drogodependencias de Aragón que dispone que ‘las corporaciones locales establecerán en sus correspondientes ordenanzas municipales los criterios que regulen la localización, distancia y características que deberán reunir los establecimientos de venta y suministro de bebidas alcohólicas, así como su venta y consumo en la vía pública’. El texto aprobado establece comoobjetivos la aplicación de una política eficaz contra el consumo de alcohol entre la población más joven, la sensibilización ciudadana sobre sus riesgos sanitarios y sociales y el impulso de medidas preventivas desde los recursos municipales. Así, se prohibirán ‘las reuniones o concentraciones de tres o más personas en los espacios públicos, parques, plazas, vías públicas, riberas de los ríos o cualesquiera otros ámbitos de uso público, con ingesta de bebidas alcohólicas y se prohibirá la venta o suministro de alcohol en los espacios públicos desde automóviles, carritos o tenderetes’, impidiendo la venta ambulante ‘fuera de los mercados o ferias específicamente autorizadas para ello’.
En este sentido, la venta sí estará autorizada en veladores, terrazas o kioskos en los términos establecidos por la normativa municipal. Lo mismo sucederá durante las fiestas populares, cuando deberá expedirse la correspondiente licencia o autorización específica.
CLASIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES
Las infracciones podrán ser leves, graves o muy graves, estableciéndose un régimen sancionador de 150 a 600 euros para las leves, 601 a 1.500 euros para las graves y 1.501 a 3.000 euros las muy graves. Se considerará infracción muy grave el proveer de bebidas alcohólicas a menores de edad. El consumo de alcohol en la vía pública se considerará una infracción leve, pudiéndose sustituir la sanción pecuniaria establecida por otras medidas como cursos de formación o la prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Será infracción grave cuando el consumo se realice en zonas de juego infantil y en horarios diurnos y vespertinos hasta las 21 horas, o cuando en estos lugares y horarios, no se proceda a la recogida de los residuos generados habiendo sido requeridos para ello por los agentes de la autoridad El proyecto deberá ser aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza y los grupos políticos podrán presentar votos particulares a lo largo de la tramitación. La voluntad del Gobierno de Zaragoza es reducir al máximo los plazos para que pueda entrar en vigor lo antes posible.
El Centro Municipal de Protección Animal, dependiente de la Consejería de Participación y Relación con los Ciudadanos, sigue defendiendo la adopción de animales de compañía y el cuidado responsable. Así, desde el área se acaban de sumar a la iniciativa #cuidayadopta impulsada por la Asociación Española de Veterinarios Municipales con la que se quiere fomentar la tenencia responsable de los animales, reducir los abandonos y potenciar la adopción a través del proyecto TRACA (Tenencia Responsable Abandono Cero Adopción). «Para esta Consejería, y en concreto para el CMPA, una de nuestras prioridades es fomentar la adopción. No podemos olvidar que los Ayuntamientos somos los responsables de llevar a cabo el control de los animales de compañía en nuestros municipios, así que no debemos perder esa oportunidad de incorporarnos a este proyecto», ha asegurado el consejero de Participación y Relación con los ciudadanos, Javier Rodrigo, en una visita al centro municipal.
La iniciativa, puesta en marcha en julio de 2019, con el respaldo de Zoetis, compañía líder en salud animal a nivel global, busca el compromiso activo de aquellos que dan el paso a tener una mascota y que eligen la fórmula de la adopción frente a la compra. Por ello, a través de la página web www.cuidayadopta.es los interesados pueden ver el catálogo de animales, elegir uno y con ese gesto solidario, además, el nuevo propietario recibirá un obsequio para su cuidado, así como cheques regalo de productos y servicios, e invitaciones para diferentes eventos.
El Centro Municipal de Protección Animal se ha querido adherir a esta propuesta con el ánimo de seguir concienciando a la población sobre los beneficios de la adopción para darle una oportunidad al animal, «es uno de nuestros objetivos», ha remarcado el consejero. «Por eso, además, queremos colaborar con esta iniciativa de tal manera que podamos contribuir en la creación de una comunidad de adoptantes a nivel nacional», ha añadido.
El proyecto #cuidayadopta busca la cooperación y colaboración entre entidades e instituciones públicas, centros de protección animal oficiales, colegios, clínicas y centros veterinarios, protectoras de animales, residencias de animales de compañía y profesionales del ámbito de las mascotas en general. Por ello, el Ayuntamiento de Zaragoza a través de la consejería de Participación y Relación con los Ciudadanos ha decidido implicarse para seguir ampliando su oferta de servicios.
Además, también promueve la mejora de las condiciones de bienestar animal, la mejora de la convivencia social de las mascotas y el fomento de hábitos higiénicos y saludables de los animales. En este caso, el CMPA cuenta con la colaboración de empresas como Arion y Zoetis que también están dentro del proyecto #cuidayadopta. Por ejemplo, Zoetis ha donado las vacunas y antiparásitos para los animales que ha llegan al centro. En el caso de Arion, su aportación ha llegado en forma de pienso para la alimentación de los cachorros.
ADOPCIONES PERROS MAELLA
En esa línea, el consejero Javier Rodrigo ha anunciado que ya están en marcha la adopciones del centenar de animales incautados por el SEPRONA en un criadero clandestino de la localidad zaragozana de Maella, y que se encuentran en el Centro Municipal de Protección Animal desde el primer día.
Así, el consejero ha querido poner en valor el «gran trabajo» que en esta semanas han estado realizando los veterinarios y todos los trabajadores del centro municipal. «Están llevando a cabo una labor ingente, día y noche, sin descanso, para que todo los animales estén perfectamente cuidados en nuestras instalaciones», ha aseverado Rodrigo. De hecho, el consejero ha contado que se están utilizando unas técnicas innovadoras en los cuidados de los animales que «no se habían realizado antes y que redundan en el bienestar de las mascotas, que al final es el objetivo de nuestra gestión».
Luis María Beamonte, presidente del Partido Popular de Aragón, censuró hoy las palabras del jefe del Ejecutivo autonómico que primero centró en los trabajadores de las residencias aragonesas de personas mayores, y después trasladó a los directores, la responsabilidad del aumento de los contagios por la COVID-19 en estas instalaciones.
No es la primera ocasión en la que el presidente autonómico se exime de las responsabilidades propias o de su Gobierno y las traslada hacia terceros, y eso pese a que recientemente y hasta en tres ocasiones los tribunales han tenido que recordar al Ejecutivo sus obligaciones en la gestión de la pandemia. Tampoco es novedosa la incontinencia verbal del jefe de Gobierno, como sucedió el pasado uno de abril cuando aconsejó a los jueces hacer mascarillas cuando estos censuraron la falta de este elemento de protección para los sanitarios.
El líder de los populares aragoneses aseguró que “los trabajadores no han bajado la guardia desde marzo y tampoco lo han hecho los gestores que estoy convencido que son los primeros en que no haya ‘descuidos’, y el Gobierno debería haber hecho lo mismo y realizar test permanentemente a profesionales y residentes”.
Además, como viene reiterando desde hace semanas, Beamonte volvió a exigir “responsabilidad, autocrítica y realismo” al presidente del Gobierno de Aragón en los análisis que realiza sobre la gestión de la pandemia por parte de la coalición que preside el PSOE, y le urgió a poner en práctica algunas de las propuestas formuladas por el Partido Popular como ampliar la realización de test en la residencias de personas mayores a los trabajadores, residentes y a sus entornos cercanos, una actuación que por otro lado también viene siendo demandada desde el sector.
Tras la concentración del impacto de la primera oleada de la pandemia y especialmente en Aragón sobre estos centros asistenciales, tanto en términos de contagiados como de fallecidos, Beamonte recordó que los populares aconsejaron al Gobierno autonómico ampliar las pruebas de control precisamente para corregir los errores cometidos, además de dotar a las residencias de material de protección suficiente para evitar el desabastecimiento sufrido durante los meses de marzo y abril, entre otras medidas.
Finalmente, el presidente del Partido Popular de Aragón recordó a Javier Lambán que ha incumplido sus compromisos de aprobar un plan de rescate para las residencias, así como de adoptar una estrategia para mejorar su respuesta frente a la pandemia.
ARADE, la Asociación Aragonesa para la Dependencia, la entidad de referencia del sector profesional del cuidado de las personas mayores en Aragón, defiende el trabajo de los profesionales del sector ante las declaraciones emitidas este jueves por el presidente de Aragón, Javier Lambán, en las que ha afirmado que “ahora quienes introducen el virus en las residencias son los trabajadores». ARADE considera que se trata de unas declaraciones injustas en un momento como el actual. Los trabajadores y trabajadoras de las residencias se han enfrentado a la pandemia del coronavirus durante todos estos meses en unas condiciones dramáticas y reiteradamente denunciadas desde el sector. En primer lugar, sin equipos de protección, porque no disponían de EPIS y los pocos que llegaban a la Comunidad Autónoma de Aragón eran derivados a los hospitales, y sin la realización de tests que les dijeran quién estaba contagiado y quién no. Se recuerda además, que las asociaciones profesionales exigieron al Ministerio de Sanidad que los trabajadores del sector fueran declarados oficialmente profesionales del NIVEL 1, como lo son los profesionales sanitarios, para acceder a estas pruebas diagnósticas en mejores condiciones. Posteriormente y con la evolución de la pandemia, el sector ha sufrido numerosos cambios normativos continuos que ha hecho trabajar sin descanso y con gran dificultad a responsables y trabajadores de los centros. Los trabajadores y trabajadoras de las residencias han sido auténticos héroes y heroínas que se han mantenido en sus puestos de trabajo, trabajando en primera línea para asegurar la calidad de vida de los usuarios de las residencias, las personas mayores, a las que han tratado con la profesionalidad y el cariño que no podían recibir de sus familiares en unos momentos tan difíciles. “Hay quienes han tenido que soportar que en sus comunidades de vecinos se les menospreciara por trabajar en una residencia, y hay equipos que se encerraron con sus residentes para protegerlos. Nadie puede imaginar la impotencia y el sufrimiento que llevan padeciendo durante meses responsables y trabajadores de estos centros por ofrecer un servicio continuado en unas circunstancias tan dramáticas”, subraya la gerente de ARADE, Paquita Morata. Las residencias y centros de atención a personas mayores se están enfrentando a una realidad totalmente ajena a lo que es su servicio, obligados al distanciamiento, convirtiendo la convivencia diaria en algo que se aleja totalmente de lo que son los servicios sociales. Pero ahí siguen, ofreciendo un servicio necesario y vital para Aragón.
“Las residencias de Aragón no se merecen que se hable de culpables. Están poniendo todos los medios que están a su alcance para proteger la vida de sus usuarios, uno de los colectivos más vulnerables. El virus sigue ahí fuera y es cierto, cualquier descuido de la sociedad puede ser fatal, pero culpar a los profesionales que están a los pies de los caballos nos parece éticamente reprobable. Nuestros políticos deberían practicar la escucha activa y lejos de recriminar, ayudarnos. El agotamiento de nuestros profesionales tiene un límite y nos preguntamos quien está dispuesto a cuidar de nuestros mayores si no lo hacemos nosotros”, subraya Morata. “Llevamos meses escuchando cómo se criminaliza al sector, pero de ninguna de las maneras aceptaremos que se ponga en entredicho la actuación de nuestros profesionales”, concluye la gerente.
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