La Dirección General de Gestión Forestal ha declarado hoy, 22 de agosto, el Nivel de Alerta Rojo por peligro de incendios forestales en la región del Bajo Ebro Forestal. En otras áreas de Aragón, el nivel de alerta es naranja y amarillo, según el informe actualizado de peligro de incendios forestales (NAPIF).

El nivel de alerta rojo indica un alto riesgo de incendios, con posibles fuegos de gran intensidad y rápida propagación. La presencia de tormentas y vientos erráticos podría intensificar la amenaza, afectando la propagación del fuego en las áreas más vulnerables.

En zonas bajo alerta roja se aplican varias prohibiciones para minimizar riesgos:

1. Prohibición de encender fuego: Queda suspendida cualquier autorización para uso del fuego, incluidas quemas y actividades recreativas que involucren fuego.
2. Restricciones en zonas recreativas: Está prohibido encender fuego en áreas recreativas, zonas de descanso en carreteras y zonas de acampada. También se prohíbe el uso de material pirotécnico y arrojar objetos en combustión.
3. Suspensión de eventos públicos y deportivos: Se cancelan autorizaciones para eventos deportivos y actos públicos en entornos forestales, salvo que se hayan previsto condiciones especiales para su celebración.
4. Uso de maquinaria: En los montes y áreas situadas a 400 metros de estos, se prohíbe el uso de equipos y maquinaria que puedan provocar deflagración o chispas, salvo excepciones específicas como el uso de ahumadores en apicultura y labores de cosecha de cereal, siempre con medidas de precaución.

Las excepciones a esta normativa incluyen el uso controlado de ahumadores fuera del horario crítico (12:00 a 18:00 horas) y actividades agrícolas que deben realizarse con medidas preventivas adicionales. Las labores agrícolas y de reparación urgente para servicios básicos también están permitidas bajo estrictas condiciones de seguridad.

La Brigada Móvil, perteneciente a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Zaragoza, sigue desempeñando un papel fundamental en la Estación Intermodal de Delicias. Con dos equipos operativos, esta unidad especializada se centra en la prevención de delitos y la asistencia a los viajeros, garantizando la seguridad y el bienestar en este importante nudo de comunicaciones.

Entre sus principales funciones, la Policía en el Transporte se dedica a la vigilancia de actividades sospechosas, la detección de comportamientos delictivos y la protección de los usuarios. Además, los agentes están capacitados para ofrecer atención directa a los viajeros, ayudando con información sobre rutas o asistencia en caso de emergencias.

La Estación Intermodal de Delicias, una infraestructura clave para la capital aragonesa, recibe diariamente unas 10.000 personas. Esto convierte al espacio en un punto crítico para la seguridad, donde las intervenciones policiales, muchas de carácter humanitario, son frecuentes. En el primer semestre de 2024, la unidad ha gestionado la recuperación de cerca de 60 objetos perdidos, incluyendo carteras con un total de 800 euros, muchas de ellas pertenecientes a personas en situación vulnerable.

Entre los casos más significativos se encuentra la devolución de una cartera con 250 euros a un trabajador del campo marroquí, quien no pudo comer durante un día y medio tras extraviarla. La emoción y el agradecimiento del afectado subrayaron la importancia de la labor de estos agentes.

Además de la recuperación de objetos, la Policía en el Transporte ha realizado alrededor de 20 servicios humanitarios en los últimos meses. Entre ellos, la asistencia a personas ancianas desorientadas en los andenes o durante el trayecto, garantizando su rápida atención sanitaria y contacto con sus familiares.

La colaboración con otras unidades es constante, especialmente en la localización de personas desaparecidas que puedan utilizar los medios de transporte para abandonar la ciudad, ya sea por voluntad propia o por alteraciones cognitivas.

Aragón avanza en la transformación digital de la Formación Profesional (FP) a través de sus cinco Centros de Excelencia. Estos centros, que incluyen el CPIFP Pirámide, Montearagón, Bajo Aragón y Corona de Aragón, así como el Centro de Innovación para la FP de Aragón (CIFPA), se enfocan en integrar nuevas tecnologías disruptivas para crear entornos innovadores y avanzar en la digitalización. De cara al próximo curso, estos centros ya trabajan en el desarrollo de proyectos que aplican estas tecnologías.

Con el objetivo de potenciar estos avances, los centros optan a las ayudas de la Red Estatal de Excelencia en FP, que pueden alcanzar hasta 227.250 euros cada uno. Estas subvenciones apoyan proyectos que buscan mejorar la FP mediante planes innovadores y la actualización de perfiles profesionales. Entre las acciones a financiar se incluyen la formación de profesorado, proyectos de innovación e investigación aplicada con centros de otras regiones y la revisión curricular en colaboración con Centros de Referencia Nacional.

Aragón destaca en la Red Estatal de Excelencia en FP, que cuenta con 66 centros en toda España. Con cinco acreditaciones, la comunidad se posiciona solo por detrás del País Vasco y comparte el segundo puesto con Galicia, Navarra, Castilla-La Mancha y Cataluña. Desde 2022, forman parte de la red el CIFPA en el área de transporte y logística, el CPIFP Pirámide en energías renovables y el CPIFP Bajo Aragón en automoción. En 2023, se unieron el CPIFP Montearagón en economía social y cuidados y el CPIFP Corona de Aragón en el sector químico.

Estos centros aragoneses lideran la transformación digital y metodológica de la FP en España. Además de impartir formación vinculada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, se destacan por su enfoque en la innovación, la investigación aplicada y la colaboración con empresas y entidades sociales.

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y el Servicio Aragonés de Salud (SALUD) han firmado un convenio para permitir el acceso a la Historia Clínica Electrónica (HCE) en los procesos de valoración de discapacidad y dependencia. Este acuerdo, con una validez de cuatro años, busca garantizar una gestión más eficiente y precisa en la determinación de grados de discapacidad y limitaciones para las actividades diarias.

El convenio autoriza a los profesionales del IASS, responsables de evaluar estos procedimientos, a consultar información relevante en la HCE. Esta medida facilita la aplicación de baremos en la evaluación de discapacidad y dependencia, optimizando los recursos y agilizando la toma de decisiones. No obstante, el acceso a la información solo se realizará si el paciente no se ha opuesto expresamente, y los datos obtenidos se utilizarán exclusivamente para los fines indicados.

Ángel Val, gerente del IASS, destacó la importancia de este acuerdo en la mejora de la gestión de los procesos de valoración. «Desde el inicio de esta legislatura, hemos trabajado con Sanidad para que los profesionales sanitarios accedan a la HCE. Ahora, esta colaboración se extiende a todos los valoradores de expedientes», afirmó Val. El convenio se enmarca dentro de la Comisión de Coordinación de Servicios Sociales y Sanidad.

Ana Castillo, gerente del SALUD, subrayó la relevancia de la cooperación interinstitucional para proporcionar una atención más eficiente y centrada en las personas más vulnerables. «Este acuerdo permitirá agilizar y mejorar la calidad en la gestión de estos procedimientos, reforzando la atención que ofrecemos a los ciudadanos», apuntó Castillo.

El seguimiento y control del convenio estarán a cargo de una comisión integrada por dos representantes de cada entidad, que se reunirá semestralmente para resolver posibles incidencias. Además, podrán convocar reuniones adicionales a solicitud de cualquiera de los organismos, adoptándose las decisiones de manera conjunta.